EL MINISTRO DE SEGURIDAD DE SANTA FE DENUNCIA QUE EL RECLAMO POLICIAL EN ROSARIO BUSCA “PONER EN JAQUE” UNA POLÍTICA EXITOSA
10 febrero, 2026Pablo Cococcioni calificó de “intentos de desestabilización” a los sectores de la Policía que protagonizaron protestas y acuartelamientos en Rosario, confirmó sanciones administrativas y defendió las estrategias de seguridad de la provincia.
El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, se pronunció este martes desde Rosario sobre las protestas y acuartelamientos registrados entre efectivos de la Policía provincial, y afirmó que algunos sectores buscan “poner en jaque una política exitosa” de seguridad que, según el Gobierno, logró una importante reducción de la violencia en la provincia.
En una conferencia de prensa realizada en la sede de Gobernación, el funcionario reconoció que el reclamo salarial y por condiciones laborales de parte del personal policial es legítimo, pero advirtió que sobre ese reclamo “se montaron otros intereses que de legítimo tienen muy poco”, e identificó “grupos marginales” dentro de la fuerza que, dijo, no se resignan a perder privilegios y estarían ligados a sectores desplazados por “graves delitos”.
Cococcioni confirmó que no menos de 20 funcionarios policiales han sido pasados a disponibilidad con retiro de arma reglamentaria y chaleco antibalas tras abandonar sus funciones durante las protestas y acuartelarse frente a la Jefatura de Rosario. “No estamos dispuestos a poner sobre la mesa de negociación la seguridad pública. Todo lo otro es charlable”, sostuvo el ministro.
El Gobierno provincial también dispuso actuaciones administrativas y la intervención del Ministerio Público de la Acusación (MPA) para determinar si algunos efectivos incurrieron en delitos penales al obstaculizar la salida de patrulleros o abandonar sus tareas, indicó el ministro. Aclaró que participar de una manifestación no necesariamente constituye una transgresión, pero sí lo hace, a juicio de las autoridades, “bloquear salidas de móviles o dejar vehículos oficiales sin cumplir funciones”.
Cococcioni destacó, además, que la provincia mantiene el diálogo institucional y trabaja coordinadamente con fuerzas federales para sostener la seguridad pública, subrayando que debe existir “una diferencia clara entre quien cumple y quien no cumple” con sus deberes.
El conflicto se da en un contexto donde el Gobierno santafesino sostiene que su política de seguridad ha dado resultados positivos: el gobernador Maximiliano Pullaro ha señalado en reiteradas oportunidades que la coordinación entre Nación y Provincia permitió “lo que nadie en Argentina ni en América Latina creía posible: un derrumbe del delito en Rosario y en Santa Fe”, y que los homicidios descendieron con respecto a años anteriores.
No obstante, la protesta policial, que se inició con reclamos por mejoras salariales y condiciones laborales, se complicó con acuartelamientos y abandono de tareas que generaron tensión interna en la fuerza. Imágenes de patrulleros bloqueando calles y de agentes enfrentándose entre sí profundizaron la crisis en la cadena de mando.
La situación continúa siendo dinámica y el Gobierno provincial anunció que continuará monitoreando de cerca tanto los reclamos legítimos como cualquier maniobra que ponga en riesgo el normal funcionamiento de la fuerza de seguridad.
