EL GOBIERNO RATIFICÓ QUE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS PUEDEN COBRAR ARANCELES A ESTUDIANTES EXTRANJEROS

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, confirmó que las universidades nacionales están habilitadas legalmente para cobrar aranceles a estudiantes extranjeros que no tengan residencia permanente en el país. La medida surge del DNU 366/2025 y deja en manos de cada institución la decisión de aplicar o no un cobro.

El Gobierno nacional ratificó que las universidades públicas tienen la facultad de establecer aranceles para estudiantes extranjeros que no cuenten con residencia permanente en la Argentina, una posibilidad que está contemplada en el Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025 y que volvió a generar debate en torno al carácter gratuito de la educación superior.

La confirmación fue realizada este miércoles por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien explicó que los rectores de las universidades nacionales están legalmente habilitados para aplicar la medida desde el 28 de mayo de 2025.

El funcionario difundió la aclaración a través de sus redes sociales ante las consultas que surgieron en las últimas horas. Según explicó, la decisión de cobrar o no aranceles no corresponde al Gobierno nacional, sino que queda en manos de cada universidad, de acuerdo con su autonomía y las normas vigentes.

La modificación fue introducida a través del DNU 366/2025, que modificó aspectos de la Ley de Educación Superior 24.521 y de la Ley de Migraciones. A partir de ese cambio, la gratuidad de las carreras de grado en las instituciones estatales quedó garantizada para los ciudadanos argentinos nativos o por opción y para los extranjeros que cuenten con residencia permanente en el territorio nacional.

En el caso de los estudiantes extranjeros con residencia temporaria o que no tengan residencia permanente, las universidades quedaron facultadas para establecer un arancel. Esto no significa que todas las casas de estudios deban cobrarles ni que el arancelamiento sea automático, sino que cada institución puede decidir si aplica la posibilidad prevista por la normativa.

QUÉ CAMBIÓ CON EL DNU DEL GOBIERNO

Antes de la modificación, la Ley de Educación Superior establecía que los estudios de grado en las instituciones estatales eran gratuitos y prohibía la imposición de aranceles o tarifas, sin establecer una distinción basada en la situación migratoria del estudiante extranjero.

El cambio impulsado por la administración de Javier Milei introdujo una diferenciación vinculada con la residencia. De esta manera, el sistema actual distingue entre los extranjeros que cuentan con residencia permanente, quienes mantienen el acceso gratuito a las carreras de grado, y aquellos que no tienen esa condición, para quienes las universidades pueden establecer un esquema de cobro.

La normativa también contempla que las instituciones puedan establecer criterios propios respecto de los valores y las condiciones de los eventuales aranceles, siempre dentro del marco legal vigente.

El Gobierno sostiene que la modificación busca proteger los recursos destinados al sistema educativo y garantizar la sostenibilidad de las universidades públicas, mientras que sectores de la comunidad universitaria cuestionan la medida y advierten sobre un cambio en el principio histórico de gratuidad de la educación superior argentina.

LA DISCUSIÓN POR LA GRATUIDAD UNIVERSITARIA

El debate sobre el acceso de extranjeros a las universidades públicas no es nuevo y comenzó a ocupar un lugar central en la agenda del Gobierno de Milei desde sus primeros meses de gestión.

La posibilidad de cobrar a estudiantes extranjeros había formado parte de las propuestas de reforma impulsadas por el Ejecutivo y fue incluida inicialmente en los debates legislativos vinculados con la Ley Bases. La discusión se retomó luego con mayor fuerza a partir de los cambios introducidos por el DNU 366/2025.

La administración libertaria sostiene que la gratuidad debe priorizar a quienes tienen un vínculo permanente con el país y que las universidades deben contar con herramientas para generar recursos adicionales. Sus críticos, en cambio, consideran que la medida modifica uno de los principios centrales del sistema universitario argentino y podría afectar la tradición de recibir estudiantes de otros países.

En este sentido, el debate se relaciona con una discusión más amplia sobre el financiamiento de la educación superior pública y el papel que debe tener el Estado en el sostenimiento de las universidades.

EL CONTEXTO DEL CONFLICTO ENTRE EL GOBIERNO Y LAS UNIVERSIDADES

La ratificación de la posibilidad de cobrar aranceles ocurre, además, en medio de una relación tensa entre el Gobierno nacional y las universidades públicas.

Desde el inicio de la gestión de Milei, las casas de estudios reclamaron por el presupuesto destinado al funcionamiento, los salarios docentes y no docentes y las becas estudiantiles. El conflicto derivó en movilizaciones multitudinarias en distintas ciudades del país y en una disputa política y judicial por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

En junio de 2026, la Corte Suprema rechazó un planteo del Gobierno contra una medida cautelar que obliga al Ejecutivo a cumplir con aspectos de la ley de financiamiento universitario, en particular respecto de la actualización de salarios y becas. El fallo volvió a poner en el centro de la discusión el financiamiento del sistema universitario público.

En ese escenario, la posibilidad de que las universidades cobren a determinados estudiantes extranjeros aparece como una de las herramientas que el Gobierno considera dentro de su estrategia para modificar el funcionamiento y el financiamiento de la educación superior.

Sin embargo, el eventual cobro de aranceles no resolvería por sí solo el problema presupuestario de las universidades, ya que la decisión de aplicarlo queda en manos de cada institución y alcanza exclusivamente a un sector específico de los estudiantes.

LA MEDIDA NO ALCANZA A TODOS LOS EXTRANJEROS

Uno de los puntos centrales de la discusión está en la diferencia entre los distintos tipos de residencia.

Los extranjeros que cuentan con residencia permanente mantienen el acceso gratuito a las carreras de grado en las universidades estatales. La posibilidad de cobrar alcanza a quienes no tienen esa condición y, por lo tanto, la medida no implica que todos los estudiantes extranjeros deban pagar por estudiar en una universidad pública.

Además, la normativa no establece que las universidades estén obligadas a implementar aranceles. Cada institución puede determinar su propia política y decidir si cobra o mantiene la gratuidad para los estudiantes alcanzados por la modificación.

Esto significa que el impacto concreto de la medida puede variar de una universidad a otra. Algunas instituciones podrían optar por mantener la gratuidad, mientras que otras podrían establecer aranceles para estudiantes extranjeros sin residencia permanente.

UN DEBATE QUE VUELVE A PONER EN DISCUSIÓN EL MODELO UNIVERSITARIO

La confirmación realizada por Álvarez reavivó una discusión que atraviesa a la educación superior argentina: qué significa la gratuidad universitaria y quiénes deben acceder a ella.

La Argentina construyó durante décadas un sistema universitario público que se convirtió en referencia regional por su acceso gratuito a las carreras de grado y por recibir estudiantes provenientes de distintos países. Para quienes defienden el modelo tradicional, esa apertura forma parte de una política educativa que permitió fortalecer la integración regional y la circulación de conocimiento.

Desde el Gobierno nacional, en cambio, se plantea que el Estado debe priorizar el uso de los recursos públicos y que las universidades deben tener la posibilidad de establecer mecanismos de financiamiento para quienes no cumplan con determinadas condiciones de residencia.

Por ahora, el escenario queda definido por una regla clara: las universidades públicas pueden cobrar aranceles a estudiantes extranjeros que no tengan residencia permanente, pero no están obligadas a hacerlo.

La discusión, lejos de estar cerrada, promete continuar. El Gobierno sostiene que el cambio ya está vigente y que los rectores tienen las herramientas legales para aplicarlo, mientras que la comunidad universitaria mantiene sus cuestionamientos sobre el impacto que la medida puede tener sobre el principio histórico de gratuidad y sobre el carácter abierto del sistema universitario argentino.