EL GOBIERNO PREPARA EL TERRENO PARA LA PRIVATIZACIÓN DE AYSA
13 noviembre, 2025Mediante el decreto 805/2025, el Ejecutivo promulgó el nuevo “Marco Regulatorio” que sienta las bases legales para la enajenación de las acciones del Estado en Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), la empresa que abastece de agua y cloacas a la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense.
El Gobierno nacional oficializó este jueves la puesta en marcha del plan para la privatización de AySA mediante la promulgación del decreto 805/2025, que aprobó el texto ordenado del nuevo “Marco Regulatorio” para el servicio público de agua y saneamiento.
Según el texto publicado en el Boletín Oficial, la reforma tiene como objetivo “dar certeza jurídica del contexto normativo que rige la prestación del servicio público a cargo de esa sociedad” y “avanzar en la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura”.
El decreto recuerda que la ley de bases declaró a AySA “sujeta a privatización” y que el proceso deberá desarrollarse “de conformidad con los principios de transparencia, competencia, máxima concurrencia, gobierno abierto, eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos, publicidad y difusión”.
Además, el nuevo marco regula que, una vez formalizada la concesión, podrá establecerse “un régimen de transición … por un período no mayor de cinco años … con el propósito de mantener en todo momento el equilibrio de la ecuación económico-financiera del Contrato de Concesión”.
En agosto pasado, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas fue instruida para llevar adelante la valuación accionarial de AySA, contratar un banco estatal y concretar la venta en un plazo estimado de ocho meses.
El decreto 494/2025 ya había señalado que “la intervención estatal … no ha dado los resultados esperados y ha sido incapaz de brindar una solución eficiente y eficaz en la gestión de los servicios públicos” y justificaba así la privatización.
Por su parte, se aclaró que el 10 % restante del capital de AySA continuaría en manos de los trabajadores a través del programa de propiedad participada vigente en la empresa.
Finalmente, la iniciativa generó resistencia política: legisladores de Unión por la Patria presentaron una propuesta para rechazar los decretos 493/2025 y 494/2025 que habilitan este proceso.
