EL GOBIERNO OTORGÓ A CÓRDOBA UN ANTICIPO DE HASTA $400 MIL MILLONES PARA AFRONTAR COMPROMISOS URGENTES

El Gobierno nacional autorizó un anticipo financiero de hasta $400.000 millones para la provincia de Córdoba con el objetivo de asistirla frente a necesidades transitorias de financiamiento. La medida fue oficializada mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial y permitirá a la administración de Martín Llaryora hacer frente a compromisos presupuestarios inmediatos y vencimientos de deuda.

El Gobierno de Javier Milei dispuso el otorgamiento de un anticipo financiero de hasta $400.000 millones para la provincia de Córdoba, en una decisión que busca aliviar la situación financiera del distrito y garantizar el cumplimiento de obligaciones urgentes.

La medida fue oficializada este lunes a través del Decreto 584/2026, publicado en el Boletín Oficial, y faculta a la Secretaría de Hacienda, dependiente del Ministerio de Economía, a concretar la asistencia durante el ejercicio fiscal 2026.

Según el texto oficial, el adelanto responde a una solicitud presentada por la administración cordobesa debido a «necesidades transitorias de financiamiento» que le impedían afrontar compromisos presupuestarios y la amortización de deudas en los plazos previstos.

El anticipo deberá ser reintegrado posteriormente a la Nación, ya que se trata de una herramienta prevista en la legislación financiera para asistir temporalmente a las provincias cuando atraviesan dificultades de liquidez.

Un mecanismo previsto por la Ley de Administración Financiera

La asistencia fue autorizada en el marco del artículo 124 de la Ley 11.672, que habilita al Poder Ejecutivo nacional a conceder anticipos financieros a las provincias para atender desequilibrios temporales de caja.

Este tipo de instrumentos no constituye una transferencia definitiva de recursos, sino un préstamo de corto plazo destinado a garantizar el funcionamiento de las administraciones provinciales hasta que recuperen capacidad financiera mediante la percepción de ingresos propios o de recursos de coparticipación.

Córdoba se suma a otras provincias que recibieron asistencia

La decisión se conoce luego de que el Gobierno nacional otorgara anticipos similares a otras jurisdicciones durante las últimas semanas. El Ejecutivo sostiene que estas asistencias buscan evitar que problemas transitorios de liquidez afecten el funcionamiento de las provincias, aunque remarca que los fondos deberán ser restituidos conforme a las condiciones que establezca el Ministerio de Economía.

El caso de Córdoba adquiere especial relevancia por tratarse de uno de los distritos con mayor peso económico del país y por la relación política que el gobernador Martín Llaryora mantiene con la Casa Rosada. Si bien el mandatario provincial respaldó algunas iniciativas del oficialismo en el Congreso, también protagonizó cruces con el Gobierno nacional por la distribución de recursos, la paralización de obras públicas y los cambios en el esquema de financiamiento a las provincias.

Contexto de tensión fiscal

La asistencia financiera llega en un escenario de fuerte ajuste fiscal impulsado por la administración de Javier Milei. Desde el inicio de su gestión, el Gobierno redujo transferencias discrecionales a las provincias, suspendió numerosas obras públicas y eliminó diversos fondos nacionales destinados a las administraciones provinciales.

En ese contexto, el anticipo de hasta $400.000 millones representa una excepción dentro de la política de asistencia financiera del Ejecutivo y busca garantizar que Córdoba pueda cumplir con obligaciones inmediatas sin comprometer su funcionamiento administrativo.

Aunque el decreto no detalla el cronograma de desembolsos ni las condiciones específicas de devolución, establece que la Secretaría de Hacienda será la encargada de definir los aspectos operativos del préstamo y supervisar su ejecución. La medida vuelve a poner en el centro del debate la relación fiscal entre la Nación y las provincias, en un año marcado por la búsqueda del equilibrio de las cuentas públicas y las crecientes demandas de los gobiernos provinciales por mayores recursos.