EL GOBIERNO LOGRÓ DICTAMEN PARA EL PRESUPUESTO 2027 TRAS NEGOCIAR CAMBIOS CON SUS ALIADOS

EL GOBIERNO LOGRÓ DICTAMEN PARA EL PRESUPUESTO 2027 TRAS NEGOCIAR CAMBIOS CON SUS ALIADOS

18 noviembre, 2026 Desactivado Por Sitio digital Columna de Opinión

La Libertad Avanza reunió 27 firmas en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados y buscará llevar el proyecto al recinto el 25 de noviembre. Para conseguir el respaldo del PRO, la UCR y otros bloques, aceptó retirar artículos que afectaban el régimen de discapacidad y la actualización de las asignaciones familiares. Unión por la Patria presentó un dictamen propio y cuestionó las proyecciones económicas del Ejecutivo.

El oficialismo consiguió avanzar con el proyecto de Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados. Luego de varias semanas de negociaciones con bloques aliados y representantes de distintos gobiernos provinciales, La Libertad Avanza obtuvo el dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, un paso necesario para que la iniciativa pueda ser tratada en el recinto.

La reunión se realizó el martes 17 de noviembre y terminó con 27 firmas sobre los 49 integrantes de la comisión. De ese total, 20 correspondieron a diputados de La Libertad Avanza y las siete restantes a legisladores de otros espacios políticos. Cinco de estos últimos acompañaron el despacho con disidencias parciales, es decir, respaldaron que el proyecto avance, pero dejaron asentadas sus diferencias con determinados puntos.

El presidente de la comisión, el diputado libertario Alberto “Bertie” Benegas Lynch, confirmó el resultado y señaló que el objetivo del oficialismo es debatir el proyecto en el recinto el próximo miércoles 25 de noviembre.

El respaldo llegó después de que el Gobierno aceptara introducir modificaciones reclamadas por sus socios parlamentarios. Entre los principales cambios se encuentran la eliminación de disposiciones que modificaban el sistema de prestaciones por discapacidad y el retiro del artículo que buscaba terminar con la actualización automática de las asignaciones familiares.

La negociación también incluyó compromisos vinculados con obras públicas, recursos para las provincias y beneficios impositivos. Sin embargo, no todos los reclamos fueron atendidos y algunos bloques decidieron acompañar el dictamen en disidencia.

LOS ALIADOS QUE LE DIERON LOS VOTOS AL OFICIALISMO

Las siete firmas externas a La Libertad Avanza provinieron de legisladores del PRO, la Unión Cívica Radical y otros bloques provinciales.

Acompañaron el dictamen Daiana Fernández Molero y Fernando De Andreis, del PRO; Pamela Verasay, de la UCR; Nancy Picón Martínez, de Producción y Trabajo de San Juan; Sebastián Nóblega, de Elijo Catamarca; Elia Fernández, del bloque Independencia de Tucumán; y Eduardo Falcone, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID).

El acuerdo permitió al oficialismo reunir las firmas necesarias para obtener el despacho de mayoría, aunque no consiguió sumar a todos los sectores con los que había mantenido conversaciones.

Los representantes de Provincias Unidas, Carolina Basualdo y Jorge Rizzotti, no acompañaron el dictamen libertario. Tampoco lo hizo Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal. Por su parte, los 18 integrantes de Unión por la Patria firmaron un despacho de minoría.

La distribución de apoyos reflejó el peso de las negociaciones con los gobernadores de provincias cuyos legisladores terminaron respaldando la iniciativa. El Gobierno necesitaba garantizar esos acompañamientos para avanzar con una de las leyes centrales de su programa económico.

QUÉ CAMBIÓ EN EL PROYECTO ORIGINAL

Uno de los puntos más sensibles de la discusión fue el capítulo referido a las personas con discapacidad. La versión inicial del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo incluía disposiciones que modificaban el régimen de pensiones no contributivas por invalidez y su financiamiento, lo que generó cuestionamientos de organizaciones, legisladores y bloques aliados.

Finalmente, el oficialismo aceptó retirar esos artículos e incorporar una disposición vinculada con los recursos necesarios para garantizar las prestaciones destinadas a las personas con discapacidad.

La modificación fue relevante para destrabar el respaldo de sectores que habían condicionado su acompañamiento a que el Presupuesto no contradijera la legislación vigente en la materia. El debate se produjo, además, en un contexto de discusión parlamentaria por el financiamiento del sistema de discapacidad y la aplicación de las normas aprobadas por el Congreso.

Otro cambio importante fue la eliminación del artículo que suprimía la actualización automática de las asignaciones familiares. La medida alcanzaba a trabajadores registrados, monotributistas y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.

Con estas modificaciones, el texto consensuado pasó de 76 a 73 artículos. El Gobierno también incorporó disposiciones relacionadas con obras y beneficios para determinados sectores productivos, como parte de los acuerdos alcanzados con los bloques que facilitaron el dictamen.

Entre los compromisos mencionados durante las negociaciones se encuentra la finalización de un tramo de la Ruta Nacional 5 entre Mercedes y Suipacha, en la provincia de Buenos Aires. El reclamo había sido planteado por el MID y se incorporó una referencia a esa obra en el proyecto.

También se contemplaron beneficios impositivos vinculados con la importación de material ferroviario para la Sociedad de Transporte de Mendoza. En paralelo, hubo conversaciones sobre recursos para las provincias y la regularización de compromisos financieros con la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, no todos los pedidos de los aliados fueron incorporados. Uno de los principales desacuerdos estuvo relacionado con el financiamiento de las universidades nacionales, cuyos reclamos por mayores partidas no encontraron una respuesta satisfactoria en el texto acordado.

LAS PROYECCIONES ECONÓMICAS DEL PRESUPUESTO 2027

Más allá de las modificaciones incorporadas durante la negociación parlamentaria, el proyecto conserva los principales objetivos económicos planteados por el Gobierno de Javier Milei.

El Poder Ejecutivo proyecta para 2027 un crecimiento del Producto Bruto Interno del 4%, una inflación interanual del 18% y un tipo de cambio oficial de $1.847,60 por dólar para diciembre de ese año.

En materia fiscal, la iniciativa mantiene el equilibrio de las cuentas públicas como uno de los ejes centrales de la política económica. El texto contempla un superávit primario equivalente al 1,1% del PBI y un resultado financiero positivo, después del pago de intereses de la deuda.

El proyecto también prevé un incremento de las exportaciones y de la inversión, junto con una recuperación del consumo privado. Las estimaciones oficiales funcionan como base para calcular los recursos que ingresarán al Estado y establecer los límites de gasto para cada área de la administración pública.

Estas proyecciones fueron cuestionadas por legisladores opositores, que pusieron en duda la posibilidad de alcanzar los niveles de crecimiento previstos y señalaron inconsistencias entre los ingresos estimados y las obligaciones que deberá afrontar el Estado.

Desde Unión por la Patria, la diputada Julia Strada cuestionó los supuestos macroeconómicos y reclamó explicaciones sobre las fuentes de financiamiento previstas para afrontar los vencimientos de deuda. También criticó la falta de participación del ministro de Economía, Luis Caputo, y del secretario de Hacienda, Federico Furiase, durante la discusión en comisión.

El diputado Sebastián Galmarini, de ese mismo espacio, calificó las proyecciones como poco realistas y sostuvo que el Presupuesto subestima la inflación y sobreestima los ingresos. Desde el Frente de Izquierda, Romina Del Plá también rechazó la iniciativa y cuestionó el impacto de las prioridades de gasto planteadas por el Gobierno.

EL RECLAMO DE LAS UNIVERSIDADES Y LAS DISPUTAS POR LOS RECURSOS

El financiamiento de las universidades nacionales fue uno de los temas que permaneció sin acuerdo. Los bloques aliados reclamaron mayores partidas para el sistema universitario, en medio de los cuestionamientos por el presupuesto destinado al funcionamiento de las instituciones, los salarios docentes y no docentes y las becas estudiantiles.

El MID también había planteado la necesidad de incrementar los fondos para las Becas Manuel Belgrano, destinadas a estudiantes de carreras consideradas estratégicas. Aunque el oficialismo aceptó algunos pedidos puntuales, no incorporó todas las modificaciones reclamadas por sus socios.

La discusión sobre las obras públicas y la distribución de recursos también tuvo un papel importante. Los gobernadores y sus representantes en el Congreso reclamaron previsiones para rutas nacionales, infraestructura y compromisos financieros pendientes con las provincias.

En ese escenario, el Gobierno buscó equilibrar dos objetivos: sostener el esquema fiscal que defiende Milei y obtener los apoyos parlamentarios necesarios para aprobar el Presupuesto. Las concesiones realizadas permitieron destrabar el dictamen, pero no cerraron las diferencias sobre la distribución de los recursos.

EL PRÓXIMO PASO: EL DEBATE EN EL RECINTO

Con el dictamen de mayoría firmado, el oficialismo apunta a tratar el proyecto el 25 de noviembre en la Cámara de Diputados. Allí deberá reunir los votos necesarios para conseguir la media sanción y enviar la iniciativa al Senado.

La firma del despacho no implica que el Presupuesto esté aprobado ni garantiza que el texto se mantenga sin modificaciones durante el debate parlamentario. Los acuerdos alcanzados en comisión deberán sostenerse en el recinto, donde cada bloque tendrá que definir su posición frente a la propuesta.

Si Diputados le otorga media sanción, el proyecto pasará al Senado para su revisión y eventual aprobación definitiva. El Gobierno necesita completar ese recorrido legislativo para contar con una ley de gastos y recursos correspondiente al ejercicio 2027.

El debate será clave para la administración de Milei, que busca consolidar el equilibrio fiscal como uno de los pilares de su programa económico. Al mismo tiempo, la discusión dejó expuestas las diferencias entre el oficialismo, sus aliados y la oposición sobre las prioridades presupuestarias, especialmente en discapacidad, educación, universidades, obras públicas y asistencia social.

El resultado en comisión representó una victoria legislativa para La Libertad Avanza, pero también mostró que el Gobierno necesita negociar y modificar sus propuestas para construir mayorías. La discusión definitiva comenzará en el recinto, donde se pondrá a prueba si los acuerdos alcanzados alcanzan para convertir el proyecto en ley.

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