EL GOBIERNO LANZÓ LA PRIVATIZACIÓN DE AYSA Y ABRIÓ UNA NUEVA POLÉMICA POR EL FUTURO DEL AGUA EN EL AMBA

La administración de Javier Milei inició el proceso para vender el 90% de las acciones de AySA y avanzar con el traspaso de la empresa al sector privado. La medida generó fuertes cuestionamientos de sindicatos, especialistas y sectores de la oposición, que alertan por posibles aumentos tarifarios, pérdida de puestos de trabajo y riesgos en el acceso universal al servicio de agua potable y saneamiento.

El Gobierno nacional oficializó este jueves el inicio del proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), una de las empresas públicas más relevantes del país y responsable de garantizar el servicio de agua potable y cloacas a millones de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

La medida, que ya venía siendo anticipada por funcionarios de la gestión de Javier Milei desde el comienzo del mandato, se concretó a través del lanzamiento de una licitación pública para desprenderse del 90% del paquete accionario de la compañía. El anuncio representa uno de los movimientos más profundos dentro del plan de reformas estructurales impulsado por la Casa Rosada y vuelve a poner en el centro de la discusión el rol del Estado en los servicios públicos esenciales.

Desde el oficialismo sostienen que la privatización busca “modernizar” el funcionamiento de la empresa, reducir el gasto público y atraer inversiones privadas para ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria. Sin embargo, distintos sectores políticos, gremiales y sociales advierten que detrás de esa decisión se esconde un fuerte proceso de retiro estatal que podría impactar directamente sobre las tarifas, la cobertura y la calidad del servicio.

La privatización de AySA no es solamente una operación económica: implica la transferencia al sector privado de un servicio básico y estratégico vinculado directamente con la salud pública, el desarrollo urbano y la calidad de vida de millones de argentinos.

Cómo será el proceso de venta

Según trascendió, el esquema impulsado por el Gobierno contempla una licitación nacional e internacional para incorporar capitales privados interesados en controlar la empresa. La intención oficial es vender el 90% de las acciones, mientras que el porcentaje restante quedaría distribuido entre trabajadores y otros sectores minoritarios.

Fuentes oficiales indicaron que el proceso incluirá auditorías, valuaciones patrimoniales y un período de transición administrativa. Además, el Gobierno buscará establecer nuevas condiciones regulatorias para garantizar la prestación del servicio bajo administración privada.

AySA presta actualmente servicios de agua potable y saneamiento a más de 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y gran parte del conurbano bonaerense. Se trata de una de las compañías de infraestructura más importantes del país, tanto por la magnitud de usuarios como por el nivel de obras y operaciones que maneja diariamente.

La empresa había sido reestatizada en 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner, luego de la salida de Aguas Argentinas, la concesionaria privada controlada por el grupo francés Suez que operó durante la década del noventa.

Aquella experiencia privatizadora terminó envuelta en fuertes cuestionamientos por incumplimientos contractuales, falta de inversiones, problemas ambientales y conflictos tarifarios. Precisamente por eso, el anuncio de una nueva privatización volvió a despertar comparaciones con el modelo implementado durante el menemismo.

El argumento del Gobierno

La gestión libertaria sostiene que AySA presenta elevados niveles de déficit y dependencia de subsidios estatales. Desde el Ministerio de Economía aseguran que el objetivo es avanzar hacia un esquema donde las empresas públicas “dejen de ser una carga para el Tesoro”.

En los últimos meses, el Gobierno ya había aplicado fuertes aumentos en las tarifas de agua y saneamiento como parte del proceso de reducción de subsidios. Las boletas en el AMBA registraron incrementos acumulados muy importantes desde fines de 2023, impactando directamente sobre hogares, comercios e industrias.

Funcionarios cercanos a Milei aseguran que la participación privada permitirá mejorar la eficiencia operativa y acelerar inversiones en infraestructura. También remarcan que el Estado continuará ejerciendo funciones regulatorias y de control.

No obstante, especialistas en servicios públicos advierten que los antecedentes históricos muestran que los procesos de privatización suelen venir acompañados por incrementos tarifarios, segmentación del acceso y menor presencia estatal en zonas menos rentables.

La reacción sindical y política

La noticia generó inmediata preocupación en los sindicatos vinculados al sector sanitario y en distintos espacios de la oposición. Desde los gremios alertaron sobre posibles despidos, flexibilización laboral y pérdida de derechos adquiridos.

Trabajadores de AySA comenzaron a analizar medidas de fuerza y asambleas para rechazar el proceso privatizador. En paralelo, dirigentes opositores denunciaron que el Gobierno busca “rematar patrimonio estratégico” y entregar servicios esenciales al mercado.

También hubo críticas por el posible impacto social de la medida. Diversas organizaciones remarcaron que el acceso al agua potable constituye un derecho humano básico reconocido internacionalmente y señalaron que cualquier modificación en el esquema de gestión debe contemplar criterios de universalidad y equidad.

El temor central gira en torno a un posible escenario de tarifas cada vez más altas y menor inversión en sectores populares o zonas donde la rentabilidad empresarial sea menor.

El antecedente de los años noventa

La discusión sobre AySA inevitablemente remite a la década de 1990, cuando el gobierno de Carlos Menem privatizó gran parte de las empresas estatales bajo el argumento de modernizar la economía y atraer inversiones.

En ese contexto, el servicio de agua y saneamiento quedó en manos de Aguas Argentinas, controlada mayoritariamente por capitales franceses. Aunque inicialmente se prometieron obras de expansión y mejoras estructurales, con el correr de los años crecieron las denuncias por incumplimientos y deterioro del sistema.

En 2006, el Estado decidió rescindir la concesión y volver a estatizar el servicio a través de AySA. Desde entonces, la empresa avanzó con importantes obras de ampliación de redes de agua y cloacas, particularmente en sectores históricamente postergados del conurbano bonaerense.

Por eso, la decisión del Gobierno nacional de avanzar nuevamente hacia un esquema privatizador abre una fuerte disputa política e ideológica sobre el rol del Estado, el manejo de los recursos estratégicos y el modelo de país que busca impulsar la administración libertaria.

Un nuevo capítulo del plan de ajuste

La privatización de AySA forma parte de un programa más amplio impulsado por el Gobierno de Javier Milei, que incluye recortes del gasto público, desregulación económica y venta de empresas estatales.

En los últimos meses, el oficialismo también avanzó sobre Aerolíneas Argentinas, medios públicos y distintas estructuras estatales consideradas “deficitarias” por la Casa Rosada.

Mientras el Gobierno insiste en que se trata de medidas necesarias para equilibrar las cuentas públicas y reducir el peso del Estado, sectores opositores sostienen que el verdadero objetivo es desmantelar áreas estratégicas y profundizar un modelo de exclusión social.

En ese contexto, el futuro de AySA se convirtió rápidamente en uno de los debates más sensibles de la agenda política nacional, ya que involucra un servicio esencial cuya administración impacta diariamente sobre millones de personas.