EL GOBIERNO INICIA LA PRIVATIZACIÓN DE NUCLEOELECTRICA ARGENTINA S.A.: EL ESTADO MANTENDRÁ EL 51 %
6 noviembre, 2025La administración nacional lanza el proceso de venta del 49 % de la estatal que opera las centrales nucleares, mientras afirma que conservará el control mayoritario.
Azul Spalletta/ El Gobierno nacional ha puesto en marcha el procedimiento para la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), empresa estatal responsable de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse.
El plan oficial prevé que el Estado conserve el 51 % del paquete accionario, mientras que aproximadamente el 44 % será puesto a la venta mediante una licitación pública nacional e internacional, y un 5 % quedará destinado a los trabajadores mediante un Programa de Propiedad Participada.
Según el anuncio, la medida se sustenta en la sanción de la Ley N.º 27.742 (“Ley de Bases”), que declaró a la empresa sujeta a privatización pero impone que el Estado mantenga la “participación mayoritaria del capital social”.
El Gobierno señala que la incorporación de capital privado permitirá “acceder a fondos, diversificar riesgos y garantizar la continuidad eficiente y competitiva de las operaciones” nucleares.
Por su parte, entidades del sector nuclear y sindicatos advierten que la medida compromete la soberanía energética del país, al entregar parte del control de instalaciones estratégicas.
Nucleoeléctrica Argentina S.A. opera las tres centrales nucleares mencionadas, con una potencia instalada combinada de unos 1.763 MW y una participación estimada del ~7 % del consumo eléctrico del país.
El decreto que formaliza el inicio del proceso fue publicado recientemente, mediante la Resolución 1751/2025, en los términos del artículo 8 de la Ley 27.742.
La distribución del capital, según fuentes gubernamentales: 51 % Estado nacional, 44 % venta privada, 5 % trabajadores.
La privatización parcial de una empresa operadora de centrales nucleares plantea una serie de interrogantes y desafíos:
Qué rol asumirá el Estado en el control de decisiones estratégicas (ampliaciones, cierres, ingreso de accionistas) dado que la ley exige mantener el mayoritario pero la gestión se abre al privado.
Cómo se resguardarán los estándares de seguridad, requisitos técnicos y transparencia en un marco mixto estatal-privado.
Qué impacto tendrá sobre los trabajadores, quiénes formarán parte del programa de propiedad participada y cómo se organizará la licitación internacional.
Cuál será la percepción social, política y de mercado respecto de la salida del Estado de parte de un activo considerado estratégico.
El Gobierno deberá lanzar formalmente la licitación pública nacional e internacional para la venta del 44 % restante, y definir los pliegos, adjudicación, posibles inversores participantes, así como el mecanismo de otorgamiento del 5 % a los trabajadores. También tendrá que coordinar la transferencia accionaria de las participaciones de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y de ENARSA, según los informes.
La concreción de este proceso marcará un hito en la gestión del patrimonio estatal en el sector energético nuclear argentino, con consecuencias que trascienden lo meramente financiero para entrar en el terreno de la soberanía tecnológica, industrial y estratégica.
