EL GOBIERNO IMPULSA LA “LEY HOJARASCA” PARA DEROGAR MÁS DE 70 NORMAS Y PROFUNDIZAR LA DESREGULACIÓN

El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto que busca eliminar leyes consideradas obsoletas o innecesarias. La iniciativa, impulsada por Federico Sturzenegger, apunta a reducir la burocracia, bajar costos y avanzar en la reconfiguración del Estado.

El Gobierno nacional formalizó el envío al Congreso de la denominada “Ley Hojarasca”, un proyecto que propone la derogación de más de 70 normas vigentes que considera obsoletas, superadas o incompatibles con el marco legal actual. La iniciativa forma parte del programa de desregulación que impulsa la administración de Javier Milei y busca “depurar” el sistema normativo argentino.

El proyecto, que había sido presentado originalmente en 2024 pero perdió estado parlamentario, vuelve ahora a la agenda legislativa con el objetivo de eliminar un conjunto amplio de leyes, decretos y artículos que, según el oficialismo, generan trabas burocráticas, costos innecesarios y limitaciones a la actividad económica.

La premisa central es clara: reducir el volumen de normas para simplificar el funcionamiento del Estado y ampliar márgenes de acción en la economía y la vida social.

UNA “LIMPIEZA” DEL SISTEMA LEGAL

La llamada Ley Hojarasca se basa en un análisis de la legislación acumulada desde el siglo XIX hasta la actualidad. En ese recorrido, el Gobierno identificó normas que, según su criterio, ya no tienen aplicación práctica o quedaron desactualizadas frente a los cambios tecnológicos, económicos y sociales.

El proyecto organiza las derogaciones en distintos grupos:

• Leyes obsoletas por el paso del tiempo
• Normas superadas por legislaciones posteriores
• Regulaciones que afectan libertades individuales
• Disposiciones que generan burocracia innecesaria
• Normas vinculadas a organismos que ya no existen
• Leyes meramente declarativas o sin aplicación real

Entre los ejemplos mencionados aparecen regulaciones consideradas anacrónicas, como disposiciones sobre tecnologías ya superadas o estructuras administrativas que dejaron de funcionar hace décadas.

Para el oficialismo, la acumulación de este tipo de normas no solo complica el sistema legal, sino que también puede ser utilizada para restringir derechos o generar privilegios.

EL ROL DE STURZENEGGER Y LA DESREGULACIÓN

El principal impulsor del proyecto es el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien viene encabezando el proceso de reforma normativa desde el inicio del gobierno.

La Ley Hojarasca se inscribe dentro de una estrategia más amplia que ya incluyó medidas como el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y el paquete legislativo conocido como Ley de Bases.

Estas iniciativas comparten un mismo eje:

• Reducir la intervención estatal
• Simplificar regulaciones
• Promover la actividad privada

La lógica es avanzar hacia un modelo con menos normas, pero —según el Gobierno— más claras y eficientes.

CONTEXTO: DE LA “LEY ÓMNIBUS” A LA HOJARASCA

La iniciativa llega en un momento donde el Ejecutivo busca sostener su agenda de reformas estructurales tras la aprobación parcial de la Ley de Bases y el impacto inicial del DNU 70/2023.

Ese decreto ya había avanzado sobre la derogación y modificación de cientos de normas vinculadas a la economía, marcando un punto de quiebre en la política regulatoria argentina.

En ese marco, la Ley Hojarasca aparece como un paso complementario:

• Menos enfocada en reformas económicas directas
• Más orientada a ordenar el “stock” de leyes existentes

Se trata de una segunda etapa: no solo cambiar reglas, sino también eliminar las que el Gobierno considera innecesarias.

DEBATE POLÍTICO Y POSIBLES TENSIONES

Como ocurrió con otras iniciativas oficiales, el proyecto abre un debate político y jurídico.

Desde el oficialismo sostienen que:

• Hay un exceso de legislación acumulada
• Muchas normas ya no tienen sentido
• La simplificación favorece la libertad y la eficiencia

Sin embargo, sectores opositores advierten que:

• Algunas derogaciones podrían afectar derechos
• La eliminación de ciertas leyes podría generar vacíos legales
• El criterio de “obsolescencia” puede ser discutible

El Congreso será el escenario donde se definirá qué normas efectivamente serán eliminadas y cuáles permanecerán vigentes.

ENTRE LA BUROCRACIA Y LA LIBERTAD

Uno de los argumentos centrales del proyecto es que la sobreabundancia normativa genera costos tanto para el Estado como para el sector privado.

Según el Ejecutivo, este fenómeno:

• Aumenta la burocracia
• Dificulta la actividad económica
• Genera inseguridad jurídica

La apuesta oficial es que menos leyes redunden en mayor claridad y dinamismo.

UN CAMBIO DE PARADIGMA

Más allá del detalle técnico, la Ley Hojarasca refleja una visión de fondo sobre el rol del Estado.

Mientras que modelos anteriores tendieron a ampliar la regulación, la actual gestión propone lo contrario:
reducir, simplificar y desregular.

En ese sentido, el proyecto no solo busca eliminar normas, sino también enviar una señal política y económica.

UNA DISCUSIÓN QUE RECIÉN EMPIEZA

El envío del proyecto marca el inicio de un debate que promete ser intenso. La revisión de más de 70 normas implica no solo una cuestión técnica, sino también ideológica.

Qué leyes sobran, cuáles deben mantenerse y qué rol debe tener el Estado son preguntas que vuelven al centro de la escena.

En un país con una larga tradición legislativa y un entramado normativo complejo, la “Ley Hojarasca” abre una discusión de fondo:
si menos leyes pueden traducirse en un Estado más eficiente o si, por el contrario, implican un riesgo en términos de regulación y derechos.