EL GOBIERNO FLEXIBILIZÓ EL PROCESO DE SELECCIÓN DE JUECES DE LA CORTE Y REAVIVÓ LA POLÉMICA SOBRE LA TRANSPARENCIA JUDICIAL

A través de un decreto, la administración de Javier Milei modificó el mecanismo para la designación de jueces de la Corte Suprema, fiscales y otras autoridades judiciales. El Ejecutivo sostiene que busca agilizar los nombramientos y reducir trámites burocráticos, mientras que sectores de la oposición y especialistas advierten sobre una reducción de los controles y de la participación ciudadana en un proceso clave para el funcionamiento institucional del país.

El Gobierno nacional oficializó una reforma del sistema de selección de jueces de la Corte Suprema de Justicia y otras autoridades judiciales mediante el Decreto 467/2026, una medida que modifica aspectos centrales del procedimiento vigente desde 2003 y que generó un inmediato debate político e institucional.

La decisión fue impulsada por el presidente Javier Milei junto al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y tiene como objetivo declarado acelerar la cobertura de vacantes en la Justicia nacional y federal. Según el Ejecutivo, el nuevo esquema elimina instancias administrativas consideradas redundantes y simplifica los pasos previos a la elevación de los pliegos al Senado.

QUÉ CAMBIA CON EL NUEVO SISTEMA

Uno de los puntos más relevantes de la reforma es la eliminación de la etapa de observaciones e impugnaciones ciudadanas ante el Ministerio de Justicia. Hasta ahora, ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, universidades, colegios profesionales y entidades de la sociedad civil podían presentar objeciones o respaldos respecto de los candidatos propuestos para integrar la Corte Suprema.

Con el nuevo esquema, esa instancia desaparece y la participación pública queda concentrada en el procedimiento que se desarrolla posteriormente en el Senado, donde los postulantes deben atravesar audiencias públicas antes de obtener —o no— el acuerdo de los dos tercios de los legisladores presentes.

Además, el decreto elimina recomendaciones incorporadas hace más de dos décadas que sugerían contemplar criterios de diversidad de género, especialidad jurídica y representación regional al momento de proponer candidatos para el máximo tribunal.

También se modificó la forma de difusión de los antecedentes de los postulantes. Mientras que anteriormente debían publicarse en el Boletín Oficial y en diarios de circulación nacional, ahora la información será difundida principalmente a través de plataformas oficiales del Ministerio de Justicia y con plazos más reducidos.

EL ARGUMENTO DEL GOBIERNO

Desde la Casa Rosada sostienen que la reforma no implica una pérdida de transparencia sino una modernización del sistema.

Según la explicación oficial, la etapa de impugnaciones ante el Ministerio de Justicia duplicaba controles que luego vuelven a realizarse en el Senado, generando demoras innecesarias en la cobertura de vacantes judiciales.

El Gobierno también argumenta que la digitalización de la información permitirá un acceso más rápido a los antecedentes de los candidatos y facilitará el seguimiento de los procesos de selección.

LAS CRÍTICAS Y LAS ADVERTENCIAS

Sin embargo, la decisión despertó cuestionamientos entre juristas, organismos vinculados a la transparencia institucional y sectores opositores.

Las principales críticas apuntan a que la eliminación de la etapa de observaciones ciudadanas reduce las posibilidades de control social sobre quienes aspiran a ocupar cargos de enorme relevancia institucional. Para los detractores de la medida, el procedimiento establecido en 2003 había sido diseñado precisamente para ampliar la publicidad de las designaciones y limitar la discrecionalidad del Poder Ejecutivo.

Otro de los puntos más discutidos es la eliminación de las referencias a la diversidad de género y representación federal, criterios que habían sido incorporados luego de años de reclamos para que la composición de la Corte reflejara de manera más amplia la realidad del país.

UNA CORTE CON VACANTES Y UNA DISPUTA ABIERTA

La reforma llega en un momento especialmente sensible para la Justicia argentina. Actualmente, la Corte Suprema funciona con tres integrantes sobre los cinco previstos por ley, luego de las vacantes dejadas por las salidas de Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.

Desde el inicio de su mandato, Milei enfrentó dificultades para avanzar con la cobertura de esos lugares. Los intentos de nombramiento impulsados por el oficialismo encontraron resistencia en el Senado y alimentaron una disputa política que continúa abierta.

En ese contexto, el Gobierno considera prioritario acelerar los mecanismos de selección para evitar que la falta de jueces afecte el funcionamiento del máximo tribunal. Sus críticos, en cambio, sostienen que la velocidad no debe lograrse a costa de reducir controles institucionales.

EL DEBATE DE FONDO

La discusión excede la cuestión administrativa y toca uno de los temas más sensibles de cualquier democracia: quiénes eligen a los jueces y bajo qué mecanismos de control.

Mientras el oficialismo defiende la reforma como una herramienta para agilizar un sistema que considera lento y burocrático, la oposición denuncia que se trata de un retroceso respecto de los estándares de transparencia construidos durante las últimas dos décadas.

La controversia promete continuar en el Congreso, en los tribunales y en el debate público, porque detrás de la modificación de un procedimiento administrativo se encuentra una discusión mucho más profunda: el equilibrio entre eficiencia, control ciudadano e independencia judicial en la Argentina.