EL GOBIERNO EXTENDIÓ LA EMERGENCIA FERROVIARIA HASTA 2028: PRIORIZARÁ OBRAS CLAVE ANTES DE PRIVATIZAR LOS TRENES

La Secretaría de Transporte oficializó la prórroga por dos años de la emergencia pública ferroviaria, que estaba vigente hasta junio de 2026. La extensión hasta 2028 busca garantizar la ejecución de obras de mantenimiento y recuperación de la red nacional de trenes de pasajeros y cargas, con la mirada puesta en una futura privatización, según fuentes oficiales.

Mediante la Resolución 12 publicada en el Boletín Oficial con la firma del titular de la cartera, Fernando Herrmann, el Gobierno nacional extendió por 24 meses más la emergencia ferroviaria que había sido declarada originalmente en junio de 2024 tras un choque de trenes en la línea San Martín y un diagnóstico oficial sobre el deterioro estructural del sistema.

La decisión se adoptó cuatro meses antes de que venciera el plazo original, con el objetivo de mantener “herramientas excepcionales de gestión” que permitan continuar con la reorganización del sistema antes de un eventual proceso de participación privada en la operación de los ferrocarriles.

MOTIVOS OFICIALES Y PLAN DE OBRAS

En los fundamentos de la medida se señala que la prórroga se considera “oportuna y razonable” para resguardar la **previsibilidad, la seguridad jurídica y la continuidad institucional necesarias para garantizar el cumplimiento” de un plan amplio de obras.

La Secretaría de Transporte detalló que el Gobierno pretende avanzar con un programa de 226 obras prioritarias y más de 60 acciones estratégicas destinadas a mejoras en vías, puentes, señalamiento, infraestructura eléctrica y mitigación de riesgos operativos. Parte de los fondos serán destinados a la reparación de material rodante y a la compra de nuevas locomotoras y coches de pasajeros, con inversiones que buscan reducir fallas, demoras y cancelaciones.

La redistribución de recursos incluye:

• 31% para trabajos en vías y puentes
• 27% para material rodante y repuestos
• 26% para obras de señalamiento
• 7% para infraestructura estratégica
• 5% para obras eléctricas y mitigación de riesgos operativos.

Además, se avanzó en la recuperación de infraestructura con más de 100 años de antigüedad, la renovación de decenas de kilómetros de vías y la implementación del sistema de frenado automático en varias líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

¿POR QUÉ LA EXTENSIÓN?

La emergencia ferroviaria fue declarada originalmente como respuesta a la crítica situación de la red y a la necesidad de acelerar trabajos esenciales en el sector, que Argentina no había enfrentado con urgencia durante décadas. La prórroga hasta junio de 2028 fue justificada por las autoridades en la necesidad de contar con “el tiempo necesario para ejecutar las obras y acciones indispensables” para mejorar el estado de la red antes de avanzar en decisiones de política estructural como la privatización de servicios.

Según el Ejecutivo, diferir la decisión hasta el vencimiento del régimen original podría generar incertidumbre y comprometer la estabilidad y continuidad de los proyectos en curso.

PRIVATIZACIÓN EN EL HORIZONTE

Si bien el Gobierno sostiene que la extensión busca consolidar obras, la medida se interpreta como un paso previo a la privatización de los trenes nacionales de pasajeros y de cargas, prevista en la agenda de reformas del Ejecutivo. La normativa vigente, incluida en la llamada Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, facultaría al Estado a avanzar con la privatización de empresas como Trenes Argentinos Operaciones y otras unidades, tras completar trabajos de recuperación y modernización de infraestructura.

Fuentes del sector señalan que, en la actual condición de deterioro de la red ferroviaria, la participación del sector privado seria limitada si no se realizan inversiones previas para elevar la calidad operativa y de servicio, por lo que la emergencia permite crear ese “puente” entre el Estado interviniendo y la futura gestión privada.

UN SECTOR CON HISTORIA DE DESINVERSION

El sistema ferroviario argentino arrastra décadas de subinversión estructural, con tramos de vías antiguas, señales obsoletas y material rodante deteriorado. La emergencia original incluyó la intervención en líneas del AMBA y del interior y la compra de locomotoras y coches para revitalizar el transporte público y de cargas.

El plan de obras, aunque amplio, enfrenta desafíos logísticos y presupuestarios, en un contexto económico general de ajustes fiscales y competencia por recursos públicos.

CRÍTICAS Y EXPECTATIVAS

Sectores sindicales y usuarios históricamente críticos con los procesos de privatización observan con preocupación la extensión de la emergencia, pues temen que la reconfiguración del sistema ferroviario termine beneficiando al sector privado sin garantizar mejoras sustanciales en la calidad del servicio o la seguridad laboral en el largo plazo.

Por su parte, desde el Gobierno se argumenta que sin inversión y modernización previas, el sistema ferroviario argentino difícilmente pueda atraer capitales privados dispuestos a operar un servicio confiable y eficiente.