EL GOBIERNO DISPONE LA DISOLUCIÓN DE ANDIS Y DESATA UNA CRISIS POLÍTICA ENTRE OFICIALISMO Y OPOSICIÓN
31 diciembre, 2025La Agencia Nacional de Discapacidad será absorbida por el Ministerio de Salud en medio de un escándalo por presuntas coimas, mientras la oposición denuncia un intento de encubrir hechos de corrupción y advierte un retroceso en las políticas para personas con discapacidad.
El Gobierno nacional oficializó este martes la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo descentralizado encargado de coordinar políticas públicas para personas con discapacidad, y confirmó que sus funciones pasarán a depender del Ministerio de Salud de la Nación, conducido por Mario Lugones. La decisión fue anunciada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa en la Casa Rosada y se produce en medio de un fuerte escándalo por presuntas irregularidades administrativas y sobornos en el organismo.
Según explicó Adorni, la medida responde a la necesidad de garantizar transparencia, mecanismos de control y trazabilidad en los expedientes, eliminando discrecionalidades y reduciendo la estructura jerárquica del organismo con la eliminación de 16 cargos políticos. El funcionario sostuvo que la absorción por parte del ministerio permitirá administrar las políticas de discapacidad con criterios sanitarios y auditorías permanentes, sin afectar el otorgamiento de pensiones ni prestaciones vigentes.
La ANDIS, creada en 2017, tenía entre sus principales funciones la emisión del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y la gestión de pensiones por invalidez, además de articular diversas prestaciones vinculadas al acceso a la salud, la educación y la inclusión social. Su disolución marca un cambio significativo en la estructura del Estado en materia de discapacidad y propone un nuevo enfoque centrado en el Ministerio de Salud.
Escándalo por presuntas coimas
El anuncio se produce a pocos meses de que se destapara una presunta trama de corrupción en la ANDIS, detonada por audios del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, que habrían implicado pedidos de coimas por parte de proveedores y la posible participación de altos funcionarios, incluida la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, vinculada a un supuesto retorno del 3 % sobre contratos con laboratorios.
Fuerte rechazo de la oposición
La noticia desencadenó una dura reacción de la oposición, que acusó al Gobierno de utilizar la disolución del organismo como un intento de “esconder la mugre de las coimas debajo de la alfombra”. Diputados y dirigentes de distintos espacios políticos advirtieron que la medida no constituye una simple reorganización administrativa, sino un intento de “borrar las huellas de la corrupción” y proteger a los involucrados en la causa.
El jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, aseguró que al eliminar la ANDIS el Poder Ejecutivo busca “borrar las huellas de las coimas” en el organismo, en el marco de lo que calificó como un “plan de impunidad” del oficialismo.
Por su parte, el ex titular de la comisión de Discapacidad de la Cámara baja, Daniel Arroyo, consideró que disolver la ANDIS representa un “retroceso grave” y que la discapacidad no es solo un tema sanitario, sino una problemática que requiere una mirada integral que incluya educación, trabajo y accesibilidad social. Asimismo, cuestionó que este cambio pueda vulnerar estándares internacionales sobre derechos de las personas con discapacidad.
Legisladores como Itai Hagman y Esteban Paulón también denunciaron que la medida busca encubrir hechos de corrupción, mientras Pablo Juliano reclamó que se apliquen leyes de emergencia en discapacidad y que el Gobierno dé explicaciones sobre las sospechas de retornos indebidos. Otros diputados señalaron que, lejos de mejorar la situación de las personas con discapacidad, la medida refleja un ajuste y un debilitamiento de políticas públicas esenciales.
Un debate abierto
La disolución de la ANDIS no solo genera un debate político intenso, sino que pone en el centro de la discusión pública la forma en que el Estado organiza y ejecuta las políticas de inclusión social y discapacidad. Con el traspaso de funciones al Ministerio de Salud, distintos sectores advierten que podría perderse la autonomía y especialización que un organismo descentralizado garantizaba, mientras el oficialismo sostiene que se trata de una transformación necesaria para combatir la corrupción y mejorar la gestión.
La tensión entre oficialismo y oposición promete continuar en los próximos días, mientras la causa judicial por las presuntas coimas sigue su curso y las organizaciones civiles vinculadas al colectivo de personas con discapacidad analizan los posibles efectos de esta reforma administrativa sobre sus derechos y prestaciones.
