EL GOBIERNO DIO MARCHA ATRÁS CON LA DESREGULACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICOS Y DESACTIVÓ EL CONFLICTO EN LOS PUERTOS
6 agosto, 2026Tras cuatro días de conflicto que paralizaron gran parte de la actividad portuaria del país, el Gobierno nacional suspendió la aplicación del decreto que desregulaba el servicio de practicaje y pilotaje. La medida dejó sin efecto, de manera transitoria, la reforma impulsada por el Ministerio de Desregulación y permitió el levantamiento del paro que mantenía demorados más de un centenar de buques.
El Gobierno de Javier Milei oficializó este miércoles la suspensión del Decreto 690/2026, que había introducido una profunda desregulación en el servicio de prácticos de navegación y desencadenó una de las mayores crisis portuarias de los últimos años. La decisión fue establecida mediante el Decreto 716/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el Presidente, el jefe de Gabinete Diego Santilli y los ministros Alejandra Monteoliva y Federico Sturzenegger.
La nueva norma suspende la vigencia del decreto aprobado a fines de julio y restablece temporalmente el régimen regulatorio anterior, mientras el Poder Ejecutivo abre una instancia de negociación con representantes del sector para consensuar una nueva reglamentación.
El conflicto comenzó luego de que el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado impulsara cambios en el régimen de practicaje y pilotaje, una actividad esencial para el ingreso y egreso seguro de embarcaciones de gran porte en los puertos argentinos. Entre otras modificaciones, el decreto flexibilizaba los requisitos para prestar el servicio, ampliaba los casos en los que los buques podían operar sin prácticos, permitía que determinados capitanes acreditaran conocimiento de la zona para reemplazar ese servicio y fijaba tarifas máximas para la actividad. El Gobierno argumentaba que las medidas buscaban reducir costos logísticos, incrementar la competencia y mejorar la competitividad del comercio exterior argentino.
Sin embargo, los prácticos rechazaron la iniciativa al considerar que comprometía la seguridad de la navegación en ríos, canales y accesos portuarios. El sector sostuvo que la experiencia local de estos profesionales resulta indispensable para evitar accidentes durante maniobras complejas y advirtió que una mayor flexibilización podría incrementar los riesgos operativos.
La protesta paralizó durante cuatro días la actividad en los principales puertos del país y dejó más de un centenar de buques sin poder ingresar o salir de las terminales marítimas y fluviales. La medida afectó especialmente las exportaciones agroindustriales y el transporte de combustibles, demorando alrededor de tres millones de toneladas de mercadería y generando importantes pérdidas económicas para las empresas involucradas. Estimaciones privadas indicaron que algunos buques afrontaban costos cercanos a 100.000 dólares por día debido a las demoras.
En medio de la escalada del conflicto, la Prefectura Naval Argentina había intimado a los prácticos a retomar sus tareas bajo apercibimiento de aplicar sanciones administrativas e incluso penales, mientras el vocero presidencial advertía que habría consecuencias para quienes sostuvieran la interrupción del servicio. Esa estrategia no logró destrabar la situación y finalmente el Gobierno optó por abrir una negociación directa con el sector.
El acuerdo alcanzado permitió levantar inmediatamente la medida de fuerza. Como parte del entendimiento, además de suspender la aplicación del decreto, los prácticos aceptaron una reducción del 20% en las tarifas del servicio mientras se desarrolla la mesa técnica que analizará una nueva regulación para la actividad.
La suspensión de la desregulación representa un cambio de estrategia para el Gobierno, que hasta pocas horas antes defendía públicamente la reforma impulsada por Federico Sturzenegger como una herramienta para eliminar costos considerados excesivos dentro de la logística portuaria. Distintas cámaras empresarias vinculadas al comercio exterior habían respaldado la necesidad de revisar el sistema vigente, aunque también manifestaron preocupación por el fuerte impacto económico que provocó la paralización de las operaciones.
Con la firma del Decreto 716/2026, el Ejecutivo evitó una prolongación del conflicto y comenzó la normalización progresiva de la actividad en los puertos argentinos. No obstante, la discusión sobre el futuro del régimen de practicaje continúa abierta y deberá resolverse en la mesa de diálogo convocada entre el Gobierno y los representantes del sector, donde se buscará compatibilizar el objetivo oficial de reducir costos logísticos con las exigencias de seguridad que plantean los profesionales de la navegación.
