EL GOBIERNO DEROGA 973 NORMAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA PARA SIMPLIFICAR LA INDUSTRIA DEL VINO
7 noviembre, 2025Con la publicación de la Resolución 37/2025 en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional eliminó casi mil disposiciones del INV para reducir la carga burocrática sobre bodegas, viñedos y exportadores, concentrando los controles en el producto final embotellado.
Azul Spalletta/ El Ejecutivo nacional oficializó este viernes la derogación de 973 normas del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), a través de la Resolución 37/2025, que reformula el marco regulatorio para la cadena vitivinícola argentina.
Según los fundamentos de la medida, se revisaron más de 1.200 disposiciones normativas del INV, muchas de ellas consideradas superpuestas, obsoletas o generadoras de demoras y costos adicionales para las bodegas. A partir de ahora, el organismo pasará a enfocarse en verificar la aptitud para consumo y la autenticidad de los vinos embotellados, dejando atrás el modelo de control exhaustivo en etapas iniciales de producción.
Entre los cambios más relevantes:
El INV dejará de intervenir en etapas como el cultivo de la vid, la cosecha, la elaboración o el transporte para centrar su accionar en el control del producto final.
Las certificaciones de origen, añada y varietal pasan a tener carácter optativo, salvo cuando se exijan para exportación.
Se elimina la obligación de presentar la Declaración Jurada semanal de elaboración y también se suprimen permisos de tránsito que, según el INV, sumaban más de 140.000 al año.
La meta declarada es promover una “gestión pública ágil, eficaz y de calidad” y evitar cargas que reduzcan la competitividad del sector vitivinícola argentino.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, indicó que el cambio busca cerrar “oportunidades para la corrupción” al reducir el espacio para fiscalizaciones intermedias y discrecionalidad. En su cuenta en la red X señaló que “ya no andarán los inspectores del INV interfiriendo en la producción de las bodegas, un reclamo de los productores que se repetía sin cesar”.
Para el sector, la medida significa una reforma sustancial en el rol regulatorio del INV y un impulso para que la industria del vino, que en Argentina produce alrededor de 900 millones de litros al año, gane mayor flexibilidad ante un mercado global en transformación.
Sin embargo, desde algunas bodegas y asociaciones del rubro se plantea una advertencia: aunque se valora la simplificación, sostienen que es clave mantener mecanismos claros de control de calidad y trazabilidad, especialmente para vinos con denominación de origen o destinados a la exportación.
La Resolución 37/2025 entra en vigencia a partir del 1 de enero de 2026, dando inicio a un nuevo modelo regulatorio para la vitivinicultura argentina, que busca equilibrar menor intervención estatal con exigencias de inocuidad y autenticidad en el producto final.
