EL GOBIERNO DECLARÓ EMERGENCIA ÍGNEA POR DNU EN CUATRO PROVINCIAS AFECTADAS POR LOS INCENDIOS
30 enero, 2026La medida alcanza a Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa y habilita fondos extraordinarios, asistencia directa y coordinación federal para enfrentar una de las crisis ambientales más graves de los últimos años. Gobernadores y especialistas reclaman políticas estructurales de prevención.
El Gobierno nacional declaró este jueves la Emergencia Ígnea mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) ante el avance de los incendios forestales en la Patagonia y regiones del centro del país, una situación que ya provocó daños ambientales de gran magnitud, pérdidas económicas millonarias y evacuaciones preventivas en varias localidades.
La medida, oficializada a través del Boletín Oficial, alcanza a las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, y tendrá una vigencia inicial de un año, con posibilidad de prórroga según la evolución del escenario. El decreto declara a las zonas afectadas como áreas de desastre, lo que habilita al Estado nacional a reasignar partidas presupuestarias, enviar recursos de manera directa y agilizar los mecanismos administrativos para el combate del fuego y la asistencia a las poblaciones damnificadas.
Una crisis ambiental sin precedentes recientes
Desde comienzos de enero, los incendios forestales consumieron casi 230.000 hectáreas de bosques nativos, pastizales y áreas productivas, según estimaciones oficiales y provinciales. Las llamas afectaron zonas de alto valor ecológico, áreas turísticas y comunidades rurales, generando un fuerte impacto ambiental y social.
Las condiciones climáticas, altas temperaturas, sequía prolongada y fuertes vientos, facilitaron la propagación del fuego y complicaron las tareas de control, obligando a desplegar brigadistas, bomberos voluntarios, fuerzas federales y medios aéreos en distintos puntos de la región.
En este contexto, gobernadores patagónicos habían reclamado en los últimos días una respuesta urgente del Gobierno nacional, advirtiendo que las provincias no contaban con recursos suficientes para sostener la emergencia por tiempo prolongado.
Qué implica la declaración de Emergencia Ígnea
El DNU establece que la Agencia Federal de Emergencias, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, será la encargada de coordinar el operativo nacional junto a los gobiernos provinciales y municipales. Entre las principales herramientas que habilita la emergencia se destacan:
- Fondos extraordinarios para combate del fuego, reconstrucción y asistencia social.
- Compra y alquiler directo de equipamiento, sin los plazos habituales de la administración pública.
- Refuerzo de brigadas, logística y medios aéreos.
- Ayuda económica a familias afectadas, productores rurales y comunidades evacuadas.
- Acciones de restauración ambiental en zonas dañadas.
En paralelo, el Gobierno ya dispuso Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para algunas provincias y aprobó subsidios por más de $129.000 millones destinados a fortalecer el sistema nacional de bomberos voluntarios, clave en la lucha contra los incendios.
Por qué se recurrió a un DNU
Si bien estaba previsto que la Ley de Emergencia Ígnea fuera tratada en el Congreso durante las sesiones extraordinarias de febrero, el Ejecutivo decidió avanzar con un DNU para acelerar la respuesta estatal.
Desde la Casa Rosada argumentaron que la urgencia de la situación hacía inviable esperar el debate legislativo completo, aunque el decreto deberá igualmente ser analizado por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, como establece la Constitución.
Impacto económico y social
Además del daño ambiental, los incendios generaron pérdidas productivas significativas, especialmente en actividades como la ganadería, la fruticultura y el turismo. Localidades afectadas registraron cancelaciones de reservas, cortes de rutas y evacuaciones preventivas, con impacto directo en las economías regionales.
Organizaciones ambientalistas advirtieron que la recuperación de los ecosistemas dañados podría llevar décadas, especialmente en áreas de bosque nativo, y reclamaron políticas de prevención, control del uso del suelo y combate a los incendios intencionales.
Consecuencias políticas y debate abierto
La declaración de la emergencia reabrió el debate sobre la política nacional de manejo del fuego, el rol del Estado en la prevención de incendios y la coordinación entre Nación y provincias. Gobernadores, legisladores y especialistas coincidieron en la necesidad de una estrategia estructural y sostenida, más allá de las respuestas de emergencia.
Desde sectores de la oposición se cuestionó que la reacción oficial haya llegado después de semanas de incendios, mientras que otros espacios valoraron la decisión de destrabar recursos en un contexto crítico.
Un desafío que continúa
Aunque en algunos focos el fuego logró ser contenido parcialmente gracias a cambios climáticos y al refuerzo operativo, la situación sigue siendo delicada y las autoridades no descartan nuevos focos en las próximas semanas.
La Emergencia Ígnea, declarada ahora por DNU, se convierte así en una herramienta clave pero transitoria, mientras persiste el reclamo por políticas de largo plazo que permitan reducir el impacto de incendios forestales cada vez más frecuentes e intensos, en un contexto de crisis climática y degradación ambiental.
