EL GOBIERNO CALIFICÓ COMO “HOSTIGAMIENTO PROCESAL” EL PEDIDO DE DESACATO EN EL JUICIO POR YPF
16 enero, 2026La Procuración del Tesoro rechazó la iniciativa del fondo Burford Capital que pidió declarar en desacato al Estado argentino en la causa por la expropiación de la petrolera y lo definió como una táctica para presionar a la Argentina en medio del litigio.
El Gobierno nacional respondió con firmeza al pedido de desacato presentado por el fondo litigante Burford Capital en el marco del juicio por la expropiación de YPF y calificó la acción como “hostigamiento procesal”, según consignó la Procuración del Tesoro de la Nación.
La presentación de Burford ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, a cargo de la jueza Loretta Preska, busca que la Argentina sea declarada en desacato, y eventualmente sancionada, por supuestamente incumplir órdenes judiciales para entregar documentación, incluidos correos electrónicos y chats oficiales que los demandantes consideran necesarios para sostener su postura jurídica. El objetivo del fondo, según plantean analistas del caso, es reforzar su argumento de que existe una relación de “alter ego” entre el Estado y la petrolera, lo que podría abrir la puerta al embargo de activos argentinos en el exterior.
Frente a ese pedido, el Estado argentino sostuvo que ha cumplido plenamente con el proceso de “discovery”, la fase del juicio en que las partes comparten documentos y pruebas. En su defensa, la Procuración aseguró que se entregaron más de 113.000 páginas de documentación y que funcionarios actuales y anteriores brindaron testimonio sobre aspectos clave del litigio, cuya primera instancia condenó al país a pagar unos US$ 16.000 millones por la expropiación de YPF en 2012, sentencia que Argentina apeló ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.
En un comunicado, la defensa oficial describió la moción de Burford como una “maniobra de hostigamiento procesal”, calificándola de intrusiva y desproporcionada, y aseguró que responde a una estrategia del fondo para “poner arena en los engranajes de la recuperación económica de la Argentina”, en un momento en que la posición procesal de los demandantes se ha visto debilitada tras recientes avances judiciales a favor del país.
La Argentina ratificó que rechazará formalmente la solicitud de desacato y que contestará la presentación conforme al cronograma judicial, con un escrito previsto para el 19 de febrero ante la jueza Preska. La defensa remarcó que el país seguirá cumpliendo con sus obligaciones procesales dentro de los límites que imponen la Constitución y las leyes nacionales.
Este cruce se da en el contexto de un litigio de larga data por la expropiación de YPF, en el que la justicia estadounidense ya dictó una condena millonaria y la Argentina busca frenar la ejecución del fallo mientras apela la sentencia de fondo. La decisión de calificar el pedido como hostigamiento agrega un nuevo capítulo a la disputa y pone de relieve la tensión entre los intereses de los fondos litigantes y la estrategia defensiva del Estado argentino en tribunales internacionales.
