EL GOBIERNO BUSCA DEROGAR LA LEY DE ETIQUETADO FRONTAL Y CRECE LA POLÉMICA POR EL FUTURO DE LOS OCTÓGONOS NEGROS

La administración de Javier Milei impulsa la eliminación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, aprobada en 2021, y propone reemplazar el actual sistema de octógonos negros por un esquema alineado con estándares del Mercosur. Mientras el oficialismo argumenta que la norma “confunde al consumidor” y genera trabas comerciales, especialistas en salud pública advierten sobre un fuerte retroceso en materia de información alimentaria y protección sanitaria.

La discusión sobre el rol del Estado volvió a meterse de lleno en las góndolas de supermercados. En medio de su avanzada desreguladora, el gobierno de Javier Milei abrió un nuevo frente político y sanitario al impulsar la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal, la normativa que obliga a colocar octógonos negros de advertencia en alimentos y bebidas con exceso de azúcares, sodio, grasas y calorías.

El proyecto ya comenzó a moverse tanto en el Congreso como dentro del Poder Ejecutivo y generó una inmediata reacción de organizaciones médicas, nutricionistas, especialistas en salud pública y asociaciones de consumidores, que consideran la iniciativa como un retroceso en materia de derechos sanitarios y acceso a la información.

La ley vigente, aprobada en 2021 tras años de debate parlamentario y presión de organizaciones sociales, había sido presentada como una herramienta clave para combatir el crecimiento del sobrepeso, la obesidad infantil y las enfermedades asociadas a la mala alimentación.

Ahora, el oficialismo plantea que el sistema actual “no funciona”, genera distorsiones y perjudica a la industria alimenticia argentina.

QUÉ QUIERE CAMBIAR EL GOBIERNO

El proyecto impulsado por sectores oficialistas y aliados propone directamente derogar la Ley 27.642, conocida como Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. Eso implicaría eliminar los famosos octógonos negros que aparecen en los envases con frases como “Exceso en azúcares”, “Exceso en sodio” o “Exceso en grasas saturadas”.

También desaparecerían otras restricciones establecidas por la norma:

• La prohibición de usar personajes infantiles en productos con sellos.
• Las limitaciones a la publicidad dirigida a niños.
• Las restricciones de venta en entornos escolares.
• Las advertencias especiales sobre cafeína y edulcorantes.

Desde el Gobierno aseguran que no desaparecería la información nutricional obligatoria, ya que seguirían vigentes las tablas nutricionales tradicionales contempladas por el Código Alimentario Argentino y normas del Mercosur. Sin embargo, sí dejaría de existir la advertencia visual frontal rápida que actualmente aparece en el frente de los paquetes.

LOS ARGUMENTOS DEL OFICIALISMO

El Gobierno sostiene que la ley argentina tiene “problemas técnicos” y utiliza criterios considerados incorrectos para medir excesos nutricionales. Según los proyectos impulsados por legisladores cercanos al oficialismo, el sistema basado en parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) genera confusión y no refleja adecuadamente la composición real de los alimentos.

Uno de los principales cuestionamientos oficiales apunta al uso de los llamados “umbrales móviles”, que calculan nutrientes críticos en relación al total calórico del producto y no por valores absolutos cada 100 gramos.

El oficialismo argumenta que eso provoca que alimentos muy distintos reciban advertencias similares y que productos con pequeñas cantidades de determinados componentes terminen rotulados igual que alimentos ultraprocesados de baja calidad nutricional.

Además, desde La Libertad Avanza y sectores del PRO aseguran que el sistema argentino genera dificultades comerciales dentro del Mercosur porque cada país utiliza metodologías diferentes de etiquetado frontal.

“El etiquetado frontal no informa: confunde”, sostuvieron algunos de los diputados que impulsan la derogación.

Otro punto central del argumento oficial es económico. El Gobierno sostiene que las empresas —especialmente las PyMEs— deben afrontar costos adicionales para adaptar envases y líneas de producción destinadas a distintos mercados regionales.

EL ROL DE STURZENEGGER Y LA AGENDA DE DESREGULACIÓN

La ofensiva contra la ley aparece alineada con la política general de desregulación impulsada por el ministro Federico Sturzenegger y el área de Transformación del Estado.

La eliminación de normas consideradas “restrictivas” forma parte del núcleo ideológico del Gobierno libertario, que plantea reducir al mínimo la intervención estatal en el mercado y trasladar las decisiones de consumo al individuo.

En esa lógica, el Ejecutivo sostiene que los consumidores deben tener libertad absoluta para elegir qué comprar sin que el Estado “interfiera” mediante advertencias visuales obligatorias.

La discusión se conecta además con otros debates recientes impulsados por el oficialismo: flexibilización de controles, privatizaciones, eliminación de regulaciones comerciales y reducción de organismos públicos.

QUÉ DICEN LOS ESPECIALISTAS EN SALUD

La posible derogación encendió alarmas en sectores médicos y científicos. Diversas organizaciones de nutrición y salud pública sostienen que el etiquetado frontal fue una de las políticas alimentarias más importantes implementadas en Argentina en las últimas décadas.

Especialistas remarcan que los octógonos permiten identificar rápidamente productos con altos niveles de nutrientes críticos y facilitan decisiones de compra más conscientes, especialmente en sectores con menor acceso a información nutricional compleja.

Además, destacan que la ley había comenzado a generar cambios dentro de la propia industria alimenticia, incentivando reformulaciones para reducir niveles de azúcar, sodio y grasas.

Uno de los puntos más sensibles del debate gira alrededor de la protección de niños y adolescentes. La norma actual limita estrategias de marketing dirigidas a menores, evitando que productos con altos contenidos críticos utilicen dibujos animados, regalos o promociones infantiles.

Para organizaciones sanitarias, eliminar esas restricciones implicaría un fuerte retroceso frente al crecimiento sostenido de la obesidad infantil en América Latina.

EL CONTEXTO INTERNACIONAL

Argentina no fue un caso aislado. En los últimos años, distintos países de América Latina implementaron sistemas similares de etiquetado frontal.

Chile fue pionero en la región y luego avanzaron México, Uruguay, Perú y otros países con advertencias visuales en alimentos ultraprocesados.

Incluso organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud respaldaron este tipo de políticas como herramientas eficaces para combatir enfermedades no transmisibles vinculadas a la alimentación.

El oficialismo argentino, sin embargo, sostiene que el modelo local quedó desactualizado y busca avanzar hacia un esquema armonizado con criterios del Mercosur.

UNA DISCUSIÓN QUE VA MÁS ALLÁ DE LOS ALIMENTOS

Detrás del debate por los octógonos negros aparece una discusión mucho más profunda sobre el modelo de Estado y el vínculo entre salud pública y mercado.

Mientras el Gobierno plantea que la regulación actual “distorsiona” la actividad económica y limita libertades individuales, sus críticos sostienen que el acceso a información clara sobre alimentos es un derecho básico de los consumidores.

La pelea por el etiquetado frontal también refleja el choque entre dos visiones políticas opuestas: una que entiende la salud pública como responsabilidad estatal y otra que propone minimizar regulaciones y dejar las decisiones exclusivamente libradas al mercado.

Por eso, el futuro de los octógonos negros se transformó en mucho más que una discusión técnica sobre envases. Se convirtió en otro capítulo de la disputa ideológica que atraviesa a la Argentina desde la llegada de Javier Milei al poder.