EL GOBIERNO ASEGURA QUE NO EXISTE CONTRATO CON JPMORGAN PARA REESTRUCTURAR LA DEUDA
12 noviembre, 2025A pesar de que el ex secretario de Finanzas y actual canciller Pablo Quirno había anunciado que se había designado a JPMorgan para asistir en una operación de canje de deuda, el Ministerio de Economía sostiene que sólo hubo “evaluaciones preliminares” y que no hay convenio firmado ni compromiso formal.
Azul Spalletta/ El día 20 de octubre pasado, Pablo Quirno declaró a través de la red social X (antes Twitter) que la Secretaría de Finanzas había “designado a JPMorgan como el banco que nos asistirá en este proceso” de recompra de deuda soberana argentina.
Sin embargo, en una respuesta oficial al pedido de acceso público a la documentación, el Ministerio de Economía de la Nación afirmó que “no se cuenta a la fecha con instrumentos contractuales formalizados ni documentación que configure un acuerdo vigente o concluido”.
La diferencia entre lo comunicado y lo sustentado documentalmente abre varias interrogantes. Por un lado, la frase pública de Quirno fue categórica: “se ha designado a JPMorgan”. Por el otro, el ministerio aclara que las gestiones se limitaron a “instancias de diálogo y evaluación preliminar, sin que ello implique la adopción de compromisos ni decisiones formales”.
Este contraste genera suspicacias sobre si el anuncio anticipó un acuerdo aún no cerrado —o si, por el contrario, fue inexacto o prematuro.
El asunto adquiere mayor relevancia en un marco de alta sensibilidad económica para Argentina. La eventual reestructuración de deuda soberana es un asunto clave para las finanzas públicas y los mercados internacionales, por lo que cualquier falta de transparencia o imprecisión en los anuncios puede afectar la credibilidad del país.
Además, JPMorgan es mencionado como proveedor o ex empleador de varios funcionarios del equipo económico argentino, lo que plantea preguntas sobre conflictos de interés.
¿Qué sigue?
En lo inmediato, el Gobierno debe decidir si finalmente formaliza un contrato, si abre un proceso competitivo para seleccionar asesor financiero, o si abandona la vía de JPMorgan. De igual modo, los mercados y los organismos de control estarán atentos al seguimiento documental de estas operaciones.
Para los ciudadanos, el tema encierra tres aspectos fundamentales: transparencia sobre los términos de la operación (tasas, plazos, comisiones), claridad sobre los alcances y responsabilidades del banco asesor, y garantía de que la operación tendrá beneficios concretos para el país (reducción del costo de financiamiento, alivio de deuda, etc.).
Lo sucedido pone a prueba la gestión comunicacional y documental del Gobierno. Si bien anunciar gestiones es legítimo, la falta de respaldo formal para lo anunciado genera vacíos de confianza. En el caso de esta operación con JPMorgan, el Estado argentino se enfrenta ahora al desafío de clarificar qué hay de cierto, qué gestiones están pendientes y cómo se protegerán los intereses del país.
