EL GOBIERNO APROBÓ EL NUEVO CONTRATO DE CONCESIÓN DE AYSA Y AVANZA EN SU PRIVATIZACIÓN

El gobierno de Javier Milei oficializó el nuevo contrato de concesión de AySA, un paso clave para concretar la privatización del servicio de agua y cloacas en el AMBA. El esquema redefine las reglas del sistema, fija plazos de hasta 30 años y establece nuevas condiciones para el ingreso de capital privado.

El Ejecutivo nacional dio un nuevo paso en uno de los procesos más sensibles de su programa económico: la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, se aprobó el modelo de contrato de concesión que regirá la prestación del servicio en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

Se trata de una medida central dentro de la estrategia de desregulación y reducción del Estado impulsada por la administración libertaria, que busca transferir la gestión de empresas públicas al sector privado.

UN NUEVO MARCO PARA EL SERVICIO DE AGUA

El contrato aprobado establece las condiciones bajo las cuales se prestará el servicio de agua potable y desagües cloacales en una de las zonas más pobladas del país.

Entre los puntos principales:

• concesión por 30 años, con posibilidad de prórroga por 10 más
• exclusividad del servicio en el área regulada (CABA y 26 municipios)
• definición más precisa de derechos y obligaciones entre Estado y operador
• establecimiento de metas de inversión, mantenimiento y expansión

El objetivo oficial es dotar al sistema de mayor previsibilidad y atraer inversores privados interesados en hacerse cargo del servicio.

LA PRIVATIZACIÓN: UN PROCESO EN MARCHA

La aprobación del contrato no es un hecho aislado, sino parte de un proceso que comenzó con la inclusión de AySA dentro de las empresas “sujetas a privatización” en la Ley Bases.

El plan contempla:

• venta de hasta el 90% del paquete accionario estatal
• licitación internacional para transferir al menos el 51% a un operador estratégico
• posterior colocación del resto de acciones en el mercado

La intención del Gobierno es completar la operación durante 2026 y obtener ingresos en dólares para fortalecer las cuentas públicas.

CAMBIOS EN EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO

El nuevo esquema contractual introduce modificaciones profundas en el funcionamiento del servicio:

• revisiones tarifarias periódicas (ya no exclusivamente anuales)
• posibilidad de garantizar la sustentabilidad financiera del operador
• exigencias de eficiencia y calidad en la prestación

Además, en el marco regulatorio previo ya se habían incorporado medidas polémicas, como la posibilidad de cortar el suministro por falta de pago .

Esto marca un cambio de paradigma: el servicio deja de estar centrado en la lógica estatal para pasar a un modelo de equilibrio económico-financiero.

EL OBJETIVO: HACER “ATRACTIVA” LA EMPRESA

Desde el Gobierno sostienen que el rediseño contractual busca convertir a AySA en una empresa atractiva para inversores.

En los últimos años:

• se avanzó en un plan de transición (2024-2026)
• se redujo el déficit histórico de la empresa
• se mejoraron sus indicadores financieros

Incluso, balances recientes muestran resultados positivos, lo que forma parte de la estrategia para aumentar el valor de la compañía antes de su venta .

ANTECEDENTES: DE LA PRIVATIZACIÓN A LA REESTATIZACIÓN

El proceso actual revive un debate histórico en la Argentina.

En los años 90, durante el gobierno de Carlos Menem, el servicio fue privatizado bajo la empresa Aguas Argentinas. Sin embargo, en 2006, el Estado rescindió el contrato y creó AySA bajo gestión pública.

Ese antecedente incluyó:

• conflictos por tarifas
• cuestionamientos por falta de inversiones
• un litigio internacional contra el país

La nueva privatización reabre ese debate: eficiencia privada vs. control estatal en servicios esenciales.

IMPACTO SOCIAL Y POLÍTICO

La decisión del Gobierno genera fuertes controversias.

Entre las principales críticas:

• riesgo de aumento de tarifas
• impacto en sectores vulnerables
• pérdida de control estatal sobre un servicio básico

Por otro lado, desde el oficialismo argumentan que:

• el Estado no puede sostener el nivel de inversión necesario
• la participación privada permitirá mejorar el servicio
• se garantizará la continuidad de la prestación

UNA PIEZA CLAVE DEL MODELO ECONÓMICO

La privatización de AySA forma parte de un plan más amplio que incluye la venta o concesión de otras empresas públicas.

El objetivo central es:

• reducir el gasto estatal
• generar ingresos extraordinarios
• promover la participación del sector privado

En ese esquema, los servicios públicos pasan a ser un eje central del cambio estructural que propone el Gobierno.

LO QUE VIENE: LICITACIÓN Y DEFINICIÓN DEL OPERADOR

Con el contrato ya aprobado, el próximo paso será la publicación de los pliegos y el llamado a licitación.

Allí se definirá:

• qué empresas competirán
• qué condiciones económicas ofrecerán
• quién se quedará con el control del servicio

UN DEBATE QUE RECIÉN EMPIEZA

Más allá del avance formal, la privatización de AySA abre un debate profundo sobre el rol del Estado en servicios esenciales.

El agua, un recurso estratégico y un derecho básico, vuelve al centro de la discusión política, económica y social en la Argentina.

La decisión del Gobierno no solo redefine el futuro de una empresa:
plantea una discusión de fondo sobre qué modelo de país se construye y quién debe garantizar servicios fundamentales para millones de personas.