EL CONGRESO RECHAZÓ UN CAPÍTULO DEL PRESUPUESTO Y FRENÓ EL INTENTO DE ELIMINAR DERECHOS SOCIALES

21 diciembre, 2025 Desactivado Por Sitio digital Columna de Opinión

El diputado nacional Jorge Taiana destacó la movilización del movimiento obrero y valoró la decisión parlamentaria que impidió la derogación de leyes vinculadas a la educación universitaria y la discapacidad.
En el marco de una jornada de movilización multitudinaria en la Ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del país, el diputado nacional Jorge Taiana se refirió al rechazo de uno de los capítulos del proyecto de Presupuesto enviado por el Gobierno nacional. Según expresó, la iniciativa formaba parte de una supuesta modernización laboral que, lejos de ampliar derechos, buscaba retroceder en conquistas históricas del movimiento obrero.
Taiana señaló que la propuesta oficial apuntaba a quitar derechos laborales y sociales, con un modelo que pretende “hacer volver el trabajo al siglo XIX”. En ese sentido, remarcó que el movimiento obrero y los trabajadores en general expresaron un rechazo contundente a estas políticas, tanto en las calles como en el ámbito parlamentario.
El legislador explicó que el oficialismo pretendía avanzar sin debatir artículo por artículo y que, como resultado de la resistencia de la oposición, se logró derrotar un capítulo completo del proyecto. Ese apartado, indicó, buscaba eliminar la ley de fondos para la educación universitaria y la ley vinculada a la discapacidad, ambas normas que habían sido ratificadas por el Congreso pese al veto del Poder Ejecutivo.
“Querían eliminarlas incluyéndolas dentro del Presupuesto, pero perdieron y se cayó todo el capítulo”, sostuvo Taiana, quien reconoció que se trató de un logro puntual, aunque significativo. “Demuestra que peleando se pueden conseguir cosas”, afirmó, al tiempo que subrayó la importancia de acompañar la movilización de los trabajadores con acción política dentro del Congreso.
El rechazo de ese capítulo del Presupuesto permitió sostener la vigencia de leyes clave y marcó un límite a la ofensiva del Gobierno sobre derechos laborales, educativos y sociales, en un contexto de fuerte conflictividad política y social.

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