EL AJUSTE Y LA FRAGILIDAD PRODUCTIVA

Mientras el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo celebran el superávit fiscal y presentan al denominado “Super RIGI” como el gran motor del crecimiento económico argentino, distintos indicadores empiezan a mostrar una realidad mucho más compleja y profundamente desigual.

Eduardo Sánchez/ La economía real sigue mostrando señales muy preocupantes. Persisten problemas estructurales profundos: caída del salario real, deterioro del empleo, aumento de la pobreza, cierre de empresas, ajuste sobre jubilados y retracción de la inversión pública. Es decir, siguen sin resolverse los problemas de producción, trabajo y distribución del ingreso.

En ese marco, la pobreza deja de ser únicamente la consecuencia de la falta de empleo y pasa a expresar también el deterioro de los ingresos de quienes trabajan, se jubilan o dependen de políticas sociales. Millones de argentinos continúan sin poder cubrir plenamente el costo de vida, reflejando que aquello que el presidente celebra no se traduce en una mejora concreta de las condiciones materiales de la población.

Cuando miramos la situación del empleo privado registrado, los datos muestran un escenario profundamente negativo: desde la asunción de Javier Milei se perdieron 24.437 empresas. Las principales caídas se registraron en los servicios de transporte (-15,7%), los servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales (-14,4%), los servicios inmobiliarios (-12,0%) y la construcción (-9,0%), solo por mencionar algunos de los sectores más golpeados.

Esta situación se refleja también en el empleo registrado, con una pérdida total de 327.813 puestos de trabajo. Entre los sectores más afectados aparecen la construcción, con 75.238 trabajadores menos; la administración pública, defensa y seguridad social, con una caída de 56.169 puestos; la industria manufacturera, con 55.575 empleos perdidos; y los servicios profesionales, científicos y técnicos, con una retracción de 28.301 trabajadores.

Cuando observamos lo que ocurre a nivel provincial, se evidencia además una fuerte concentración del empleo: la Provincia de Buenos Aires, CABA, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Tucumán reúnen el 75,2% de los trabajadores del país. En conjunto, estas jurisdicciones explican la pérdida de 265.357 puestos de trabajo, es decir, el 80,9% del total destruido desde el inicio del actual gobierno.

En contraste, solo Neuquén y Río Negro aparecen con un desempeño relativamente favorable en materia de empleo formal. Entre ambas provincias generaron 56.170 puestos de trabajo desde el comienzo del gobierno de Milei, impulsadas fundamentalmente por el desarrollo de Vaca Muerta. Sin embargo, cabe destacar que, según datos de la SRT, las personas trabajadoras cubiertas en ambas provincias representan apenas el 5,1% del total de trabajadores del país. Y esto abre una discusión de fondo: el crecimiento del sector energético no necesariamente se traduce, automáticamente, en desarrollo económico integral ni en expansión generalizada del empleo.

De hecho, si observamos otras provincias hidrocarburíferas como Chubut, Santa Cruz, Mendoza, Salta o Tierra del Fuego, vemos que muchas de ellas presentan retrocesos en materia laboral. Es decir: el dinamismo energético por sí solo no alcanza para resolver los problemas estructurales del mercado de trabajo argentino.

Y acá aparece un tema que venimos planteando desde hace años en nuestros programas y también desde el trabajo del Centro de Economía Política Argentina: la debilidad del sector industrial impacta directamente sobre el entramado laboral, productivo y social de la Argentina.

Porque cuando la industria se debilita, no solo cae la producción. También se deteriora el empleo de calidad, se reduce el valor agregado, se debilitan las PyMEs y se profundiza la desigualdad territorial.

Y mientras eso ocurre, el gobierno nacional sigue concentrando buena parte de su estrategia económica en esquemas de incentivo para grandes inversiones vinculadas principalmente a sectores extractivos o exportadores, como el RIGI y su posible profundización mediante el denominado “Super RIGI”, pero sin una política integral orientada al fortalecimiento de la producción nacional, las PyMEs o las economías regionales.

Y justamente las economías regionales hoy muestran señales de alarma muy fuertes.

El jueves 21 de mayo, Julia Strada, directora del CEPA y presidenta de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, encabezó una jornada junto a productores, trabajadores y empresarios del sector yerbatero para visibilizar la profunda crisis que atraviesa la actividad.

Y el caso de la yerba mate es casi un ejemplo testigo del modelo económico actual.

Desde el DNU 70/2023, el gobierno nacional eliminó herramientas regulatorias clave del INYM, debilitando la capacidad del organismo para fijar precios de referencia. ¿El resultado? Productores cobrando valores muy por debajo de los costos de producción, pagos diferidos, cheques rechazados y una creciente concentración del mercado en pocas empresas con capacidad dominante para fijar condiciones.

Mientras tanto, pequeños productores y cooperativas enfrentan un escenario cada vez más asfixiante, agravado además por el recorte de programas de financiamiento y asistencia.

Y no se trata solamente de la yerba.

Los últimos datos del semáforo de economías regionales de CONINAGRO muestran que nueve actividades se encuentran actualmente en rojo, entre ellas yerba, arroz, papa, vino y mosto, hortalizas, algodón, maní, leche y mandioca. Otras seis permanecen en amarillo y apenas cuatro sectores aparecen en verde.

Es decir: incluso sectores históricamente vinculados al desarrollo agropecuario muestran hoy fuertes dificultades productivas y de rentabilidad.

Por eso la discusión de fondo no puede reducirse únicamente al equilibrio fiscal o a la estabilidad financiera.

La Argentina necesita discutir un proyecto de desarrollo.

Campo, energía y minería son sectores fundamentales para generar divisas y potenciar la economía nacional. Nadie discute eso. El problema es creer que, por sí solos, pueden garantizar desarrollo.

Porque sin industria, sin agregado de valor, sin ciencia y tecnología, sin PyMEs fuertes y sin un entramado productivo integrado territorialmente, los recursos naturales no se transforman automáticamente en bienestar social ni en empleo de calidad.

Y probablemente ahí esté una de las discusiones centrales que la Argentina todavía tiene pendiente.

*Analista Económico CEPA (Centro de Economía Política Argentina)