DIPUTADOS SESIONARÁ ESTE MIÉRCOLES PARA DEBATIR LA LEY DE SOBERANÍA SOBRE MALVINAS Y LA REFORMA DEL BANCO CENTRAL
17 noviembre, 2026La Cámara baja convocó a una sesión especial para el 18 de noviembre, desde las 12, a pedido de La Libertad Avanza. El temario incluye el proyecto que busca endurecer las sanciones contra quienes exploten recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina y la modificación de la Carta Orgánica del BCRA. También se tratarán acuerdos comerciales, el traspaso de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires y una iniciativa vinculada con las pymes.
La Cámara de Diputados de la Nación volverá a sesionar este miércoles 18 de noviembre con una agenda legislativa que reúne dos iniciativas centrales para el Gobierno de Javier Milei: la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como ley de Malvinas, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
La convocatoria fue formalizada para las 12, luego de un pedido presentado por el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, junto con otros legisladores oficialistas. La sesión será una instancia importante para el Ejecutivo, que busca avanzar con proyectos pendientes antes del cierre del período de sesiones ordinarias.
Además de las dos iniciativas principales, el temario contempla el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), convenios para transferir competencias judiciales de la Nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un proyecto que establece un nuevo marco regulatorio para las pequeñas y medianas empresas.
La actividad parlamentaria retoma ritmo después de varias semanas con escaso movimiento en el recinto, en parte por las elecciones legislativas en Estados Unidos y la visita del papa León XIV a la Argentina. El oficialismo busca aprovechar las últimas semanas del período ordinario para avanzar con su agenda, mientras mantiene negociaciones con los bloques dialoguistas para reunir los votos necesarios.
LA LEY DE SOBERANÍA SOBRE MALVINAS, EL PUNTO MÁS DISCUTIDO
Uno de los proyectos que concentrará mayor atención es la denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, impulsada por el Poder Ejecutivo y enviada al Congreso en septiembre. La iniciativa busca establecer un régimen integral para proteger los derechos soberanos argentinos y ampliar las herramientas legales frente a actividades de explotación de recursos naturales sin autorización nacional en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, los espacios marítimos circundantes y la plataforma continental argentina.
El texto parte de la prohibición de desarrollar actividades destinadas al aprovechamiento de recursos naturales renovables o no renovables sin habilitación de las autoridades argentinas. También alcanza a quienes participen de manera directa o indirecta en esas operaciones o les proporcionen bienes y servicios esenciales para su realización.
La propuesta amplía el alcance de la legislación vigente. La Ley 26.659, sancionada en 2011 y modificada posteriormente, estableció restricciones para las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización. El nuevo proyecto extiende el régimen a otras actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales, entre ellas las pesqueras.
Entre las sanciones previstas figuran multas, inhabilitaciones y penas de prisión para determinadas conductas. También contempla consecuencias administrativas y comerciales para las empresas involucradas, como restricciones para contratar con el Estado argentino y la posibilidad de revocar habilitaciones.
El proyecto, sin embargo, no se limita a la cuestión económica y territorial. Incluye modificaciones en materia de defensa, seguridad e inteligencia, además de la creación de un Consejo de Seguridad Nacional bajo la conducción del Poder Ejecutivo. También establece mecanismos de protección aeroespacial y marítima ante determinadas amenazas.
El principal obstáculo político está en el capítulo VII, que incorpora disposiciones sobre injerencia extranjera, financiamiento electoral proveniente del exterior y nuevas figuras penales vinculadas con operaciones de inteligencia y acciones que puedan afectar la seguridad nacional.
Ese apartado generó objeciones de distintos bloques opositores y aliados del oficialismo. Entre los puntos cuestionados se encuentran el alcance de las sanciones, la definición de las conductas consideradas injerencia extranjera y las posibles consecuencias sobre actividades políticas, periodísticas y de investigación.
Frente a las críticas, el Gobierno incorporó modificaciones al texto original y estableció excepciones para determinadas actividades, como el ejercicio del periodismo, la investigación académica, la expresión pública de opiniones y la actividad diplomática desarrollada conforme al derecho internacional.
Las negociaciones continuaron durante las últimas semanas con representantes del PRO, la UCR, Provincias Unidas y otros espacios dialoguistas. Si bien el oficialismo considera que puede conseguir los votos para aprobar el proyecto en general, todavía debe resolver las diferencias en torno a los artículos más controvertidos.
En particular, el capítulo VII requiere una mayoría especial de 129 votos por incluir disposiciones de naturaleza electoral. La cantidad de apoyos necesarios representa un desafío para La Libertad Avanza, que no tiene garantizado ese respaldo.
La iniciativa cuenta con dictamen de mayoría desde el 27 de octubre, emitido por las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. Sin embargo, todavía no obtuvo media sanción, por lo que el debate en el recinto será su primera instancia de votación en la Cámara baja.
LA REFORMA DE LA CARTA ORGÁNICA DEL BANCO CENTRAL
El segundo proyecto de peso para el Gobierno es la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. La iniciativa propone redefinir los objetivos y las atribuciones de la autoridad monetaria, con el propósito declarado por el Ejecutivo de priorizar la estabilidad de la moneda y reforzar su autonomía respecto del financiamiento del Tesoro.
El proyecto fue presentado por el presidente Javier Milei y obtuvo media sanción en Diputados el 26 de agosto, con 144 votos afirmativos, 102 negativos y nueve abstenciones. Posteriormente, el Senado lo aprobó con modificaciones el 24 de septiembre, por 46 votos a favor y 22 en contra, por lo que debió regresar a la Cámara de origen.
Uno de los cambios más relevantes introducidos por la Cámara alta estuvo relacionado con la designación y remoción de las autoridades del organismo. El texto aprobado en el Senado establece que esa Cámara tendrá la potestad de prestar acuerdo para los nombramientos y participar en la remoción del presidente, vicepresidente y directores del BCRA, mediante mayoría absoluta.
Los mandatos de las autoridades serán de seis años, con posibilidad de una reelección. De esta manera, el esquema busca otorgar mayor estabilidad institucional a la conducción del organismo y establecer un mecanismo de intervención del Senado en la conformación de su directorio.
La reforma también apunta a modificar el mandato del Banco Central. La propuesta oficial busca volver a colocar la preservación del valor de la moneda como objetivo central, en contraste con el esquema establecido en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Aquella reforma amplió las funciones del organismo e incorporó, junto con la estabilidad monetaria, objetivos vinculados con la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.
El proyecto impulsado por Milei pretende modificar ese enfoque y limitar el financiamiento monetario al sector público. La discusión también involucra el manejo de los activos y las reservas internacionales de la autoridad monetaria, en particular las condiciones bajo las cuales podrían utilizarse como respaldo de operaciones financieras.
Como el Senado introdujo modificaciones, Diputados deberá resolver si acepta el texto aprobado por la Cámara alta o si intenta insistir con la versión original. El oficialismo ya avanzó en comisiones con el tratamiento de los cambios y ahora busca llevar la iniciativa al recinto para completar el trámite legislativo.
LOS OTROS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL TEMARIO
La sesión también contempla el tratamiento de iniciativas vinculadas con la política comercial y la organización judicial.
Uno de los proyectos es el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. El entendimiento fue firmado en septiembre de 2025 en Río de Janeiro y busca reducir o eliminar barreras comerciales entre los países participantes, además de establecer reglas para el intercambio de bienes y servicios.
La agenda incluye, además, convenios entre el Estado nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para avanzar en el traspaso de competencias del Poder Judicial de la Nación al ámbito porteño. El proceso forma parte de una discusión de larga data sobre la autonomía de la Ciudad, reconocida en la Constitución Nacional a partir de la reforma de 1994.
También figura un proyecto relacionado con un nuevo marco regulatorio para las pequeñas y medianas empresas, uno de los sectores que el Gobierno busca incluir en su agenda de reformas económicas.
UNA SEMANA CLAVE PARA LA AGENDA LEGISLATIVA
La convocatoria del miércoles se inscribe en una etapa de negociaciones entre el oficialismo y los bloques que pueden acompañar sus iniciativas. La Libertad Avanza necesita construir mayorías para avanzar con proyectos que generan diferencias incluso entre sectores que suelen respaldar al Gobierno.
El debate sobre Malvinas será especialmente sensible por su dimensión histórica y diplomática, pero también por los cambios que propone en materia de defensa, seguridad e inteligencia. La discusión sobre el Banco Central, en tanto, apunta a modificar el funcionamiento de una institución central para la política monetaria y financiera del país.
El Congreso tendrá que resolver, además, si acompaña los cambios introducidos por el Senado en la reforma del BCRA y si el oficialismo logra reunir los votos necesarios para aprobar la ley de soberanía en los términos que pretende.
La sesión del miércoles será, así, una prueba para la capacidad de negociación del Gobierno en Diputados y un nuevo capítulo de la disputa parlamentaria por el alcance de las reformas impulsadas por la administración de Milei.



