DIPUTADOS RETOMA EL DEBATE POR LA LEY DE DEFENSA DE LA SOBERANÍA

La Cámara de Diputados vuelve a reunir este martes a las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto para continuar con el tratamiento del proyecto enviado por el Gobierno de Javier Milei. La iniciativa endurece las sanciones por la explotación no autorizada de recursos en Malvinas y amplía el alcance de las políticas de defensa y seguridad nacional. El debate había quedado interrumpido la semana pasada tras un fuerte cruce entre Juan Grabois y legisladores oficialistas.

El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional volverá a ser discutido este martes en la Cámara de Diputados, en una reunión plenaria convocada para las 15.30. El encuentro estará encabezado por los titulares de las tres comisiones que intervienen en el tratamiento: Carlos Zapata, de Defensa Nacional; Laura Rodríguez Machado, de Legislación Penal; y Juliana Santillán, de Relaciones Exteriores y Culto. La convocatoria contempla la participación de especialistas y representantes de distintos sectores para aportar sus posiciones sobre la iniciativa.

Entre los invitados figuran el exministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Daniel Filmus, el exsecretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur Guillermo Carmona, el intendente de Punta Indio David Angueira, el representante del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) Jerónimo Guerrero Iraola, la directora ejecutiva del CELS Paula Litvachky y especialistas de la Universidad de Buenos Aires, entre otros. También fueron convocados representantes de organizaciones de veteranos de la Guerra de Malvinas.

La discusión había comenzado el 30 de septiembre, cuando las tres comisiones realizaron una primera reunión informativa con funcionarios del Poder Ejecutivo. En aquella oportunidad expusieron Paula Tadei, de la Secretaría Legal y Técnica; Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía; y el general Jorge Puebla, secretario de Estrategia y Asuntos Militares. El encuentro no llegó a avanzar hacia un dictamen y quedó interrumpido después de una fuerte confrontación entre Juan Grabois y diputados oficialistas.

El episodio generó un nuevo capítulo de tensión política alrededor de la iniciativa. Durante la reunión se produjeron cruces entre Grabois y legisladores de La Libertad Avanza, con insultos y un enfrentamiento que terminó llevando al presidente de la comisión de Defensa a levantar el encuentro. Posteriormente, diputados de distintos bloques presentaron pedidos para que se evalúe una eventual sanción contra el legislador de Unión por la Patria. Una eventual exclusión de un diputado requiere una mayoría de dos tercios de la Cámara, de acuerdo con el artículo 66 de la Constitución Nacional.

Más allá del episodio político, el eje central de la discusión está puesto en el contenido del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo el 17 de septiembre. La iniciativa había sido anunciada por Javier Milei a comienzos de ese mes, en el marco de la preocupación del Gobierno por el avance del proyecto petrolero Sea Lion en las aguas próximas a las Islas Malvinas. La Casa Rosada planteó entonces la necesidad de reforzar las herramientas legales del Estado frente a la explotación de recursos naturales que considera ilegítima.

Uno de los principales cambios propuestos es reemplazar la Ley 26.659, sancionada en 2011, que establece restricciones para actividades vinculadas con hidrocarburos en la plataforma continental argentina. El nuevo régimen ampliaría esas prohibiciones a recursos naturales renovables y no renovables, por lo que alcanzaría, entre otras actividades, a la pesca y la minería realizadas sin autorización argentina en las zonas comprendidas por el reclamo de soberanía.

El proyecto también establece un régimen de sanciones más severo. Contempla penas de prisión de hasta 20 años para determinadas conductas relacionadas con la explotación ilegal de recursos naturales, además de multas e inhabilitaciones. También propone un registro público de infractores y restricciones para que las personas o empresas incluidas puedan contratar con el Estado o acceder a determinados beneficios. Las multas, de acuerdo con la explicación brindada por el Ministerio de Economía en Diputados, serían calculadas tomando como referencia el precio del barril de petróleo.

Pero la iniciativa no se limita a las actividades económicas alrededor de Malvinas. Otro de sus aspectos centrales es la creación de un Sistema de Seguridad Nacional, conducido por un Consejo de Seguridad Nacional que estaría encabezado por el Presidente de la Nación. El organismo tendría entre sus integrantes permanentes al jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia.

El objetivo de este nuevo esquema sería coordinar distintas áreas del Estado frente a amenazas consideradas estratégicas, incluyendo defensa, inteligencia, política exterior, economía y protección de infraestructura crítica. El proyecto también amplía las facultades estatales sobre los espacios aéreo, marítimo, fluvial y lacustre y plantea un marco para la protección de instalaciones consideradas estratégicas para el país.

A su vez, el texto incorpora modificaciones en materia penal vinculadas con la denominada influencia extranjera. Entre otras cuestiones, contempla nuevos delitos relacionados con espionaje, operaciones clandestinas de inteligencia y acciones destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación. Estos puntos son algunos de los que generaron cuestionamientos de sectores de la oposición y especialistas, que advierten sobre el alcance que podrían tener las nuevas figuras penales.

Desde el oficialismo, en cambio, sostienen que se trata de una actualización necesaria de las herramientas del Estado para proteger los intereses estratégicos argentinos. Durante la primera reunión en Diputados, el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Jorge Puebla, planteó la necesidad de discutir el rol de las Fuerzas Armadas con una perspectiva de largo plazo y vinculó esa discusión con la importancia estratégica de los recursos energéticos y minerales del país.

La oposición cuestiona especialmente que una iniciativa presentada como una ley para defender la soberanía sobre Malvinas incorpore modificaciones de mayor alcance sobre defensa, seguridad, inteligencia y cuestiones electorales. El diputado de Unión por la Patria Jorge Taiana sostuvo que el proyecto excede la cuestión Malvinas y cuestionó que se avance sobre ámbitos que históricamente fueron regulados por normas separadas.

El contexto político en el que se retoma el debate también está marcado por un reciente fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras. El máximo tribunal revocó una sentencia que había frenado la aplicación del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. La Corte no declaró constitucional la derogación ni resolvió sobre el fondo de la cuestión: rechazó la demanda promovida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata por falta de legitimación. Como consecuencia, las restricciones de la Ley de Tierras dejaron de estar vigentes mientras no exista una nueva norma que las restablezca.

Ese fallo volvió a colocar en el centro del debate legislativo la relación entre soberanía territorial, control de recursos estratégicos y participación extranjera. Por eso, aunque la Ley de Defensa de la Soberanía no constituye una nueva Ley de Tierras, su tratamiento quedó políticamente vinculado a la discusión sobre el control argentino del territorio y de los recursos naturales.

La cuestión Malvinas, además, tiene un lugar particular dentro del orden constitucional argentino. La disposición transitoria primera de la Constitución Nacional establece que la Nación ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, y fija como objetivo permanente e irrenunciable la recuperación de esos territorios mediante una solución respetuosa del derecho internacional.

La disputa se remonta a 1833, cuando el Reino Unido ocupó las Islas Malvinas y desplazó a las autoridades argentinas. Desde entonces, la Argentina sostiene su reclamo de soberanía. En 1982, la disputa derivó en la guerra entre ambos países, que dejó 649 argentinos muertos, 255 británicos y tres isleños. Tras el conflicto, la Argentina mantuvo su reclamo por la vía diplomática y en el marco de las Naciones Unidas.

En septiembre de 2026, durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Milei volvió a reivindicar la soberanía argentina sobre Malvinas y llamó al Reino Unido a retomar las negociaciones. El Presidente sostuvo entonces que la Argentina mantiene una posición de defensa pacífica de su reclamo y afirmó que el país utilizará las herramientas diplomáticas, económicas y jurídicas disponibles.

Ahora, el Congreso deberá discutir si el proyecto oficial consigue reunir los consensos necesarios para avanzar y, eventualmente, qué modificaciones podrían incorporarse durante el tratamiento parlamentario. Por el momento, la iniciativa continúa en etapa de debate en comisiones y no existe todavía un dictamen que habilite su tratamiento en el recinto. La nueva reunión buscará retomar una discusión que, además de la cuestión Malvinas, pone sobre la mesa qué modelo de defensa, seguridad y protección de los recursos estratégicos tendrá la Argentina durante los próximos años.