DIPUTADOS: LA OPOSICIÓN CONVOCÓ A UNA SESIÓN ESPECIAL PARA TRATAR EL DNU 70/23, DISCAPACIDAD Y ENDEUDAMIENTO FAMILIAR

La sesión fue solicitada para el 15 de octubre a las 14 y reúne tres temas que ya tuvieron recorrido en las comisiones de la Cámara baja. El rechazo al DNU 70/2023 volvió al centro de la agenda después del reciente fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras, mientras que también se buscará avanzar con la prórroga de la emergencia en discapacidad y un régimen para el endeudamiento de las familias.

Distintos bloques de la oposición de la Cámara de Diputados solicitaron una sesión especial para el jueves 15 de octubre a las 14, con un temario que incluye el tratamiento del DNU 70/2023, la prórroga de la emergencia nacional en discapacidad y proyectos relacionados con el endeudamiento de las familias. El pedido fue presentado ante el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y cuenta con la firma de 32 diputados de distintos espacios opositores.

La convocatoria se produce después del reciente fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto una decisión judicial que había frenado la aplicación del artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. La resolución del máximo tribunal volvió a colocar al decreto en el centro de la discusión política y parlamentaria.

La decisión de la Corte, sin embargo, tuvo un alcance concreto y no significó una declaración general de constitucionalidad de todo el DNU. El tribunal revocó el fallo anterior por cuestiones vinculadas con la legitimación de quienes habían iniciado la demanda y la existencia de un caso judicial concreto. Por eso, el nuevo escenario habilitó la aplicación del artículo 154, pero no constituye un pronunciamiento general sobre la validez constitucional del decreto en su conjunto.

La Ley de Tierras Rurales había sido sancionada en 2011 y establecía un régimen de protección sobre la propiedad rural. Entre sus disposiciones se encontraba un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal, además de restricciones por nacionalidad y superficie. El DNU 70/2023 derogó esa norma mediante su artículo 154.

El dato que vuelve especialmente relevante la sesión es que el DNU ya fue rechazado por el Senado en marzo de 2024, pero todavía no fue rechazado por Diputados. Si la Cámara baja también votara en contra, se cumpliría el requisito previsto por la legislación para que el decreto quede derogado.

El mecanismo está establecido por la Ley 26.122, que regula la intervención del Congreso frente a los decretos de necesidad y urgencia. La norma establece que cada cámara debe pronunciarse de manera expresa sobre la aprobación o el rechazo del decreto y que se requiere el rechazo de ambas cámaras para que este quede derogado. También determina que los legisladores no pueden modificar parcialmente el texto del DNU: deben aprobarlo o rechazarlo.

El DNU 70 fue firmado por Milei el 20 de diciembre de 2023 y publicado en el Boletín Oficial al día siguiente. Su contenido abarcó un amplio conjunto de modificaciones y derogaciones en materia económica, comercial, laboral, administrativa y regulatoria. El propio decreto presentó el paquete como un programa de desregulación destinado a modificar numerosas normas y reducir regulaciones consideradas por el Gobierno como obstáculos para la actividad económica.

La derogación de la Ley de Tierras fue solamente una de las numerosas medidas incluidas en el decreto. Entre sus disposiciones también hubo modificaciones sobre tarjetas de crédito, alquileres, comercio, legislación laboral, obras sociales, medicina prepaga, servicios y otras áreas de la economía.

El Senado trató el DNU en marzo de 2024 y resolvió rechazarlo. La Cámara de Diputados, en cambio, no llegó a realizar una votación en el recinto sobre la aprobación o el rechazo del decreto. Por ese motivo, el rechazo de la Cámara alta no alcanzó para provocar su derogación y el DNU continuó vigente.

Ahora, los bloques que impulsan la sesión buscan llevar esa discusión finalmente al recinto de Diputados. En los últimos días también fueron presentados nuevos proyectos en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Entre ellos figura uno que propone rechazar expresamente el DNU 70/2023 y otro que plantea manifestar el rechazo al fallo de la Corte Suprema relacionado con el artículo 154.

El segundo eje de la sesión será la emergencia en discapacidad. La Cámara baja ya había avanzado en septiembre con este tema después de aprobar, el 9 de ese mes, el emplazamiento de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda para que trataran el proyecto de prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. La medida fue aprobada por unanimidad en aquella sesión.

Las comisiones se reunieron posteriormente los días 16 y 23 de septiembre para avanzar con el tratamiento de la iniciativa. El expediente plantea extender la emergencia establecida por la Ley 27.793 hasta fines de 2027.

La cuestión de la discapacidad viene generando una discusión que excede la fecha de vencimiento de la emergencia. El debate parlamentario incluye la situación de los prestadores, los aranceles del sistema y los recursos destinados a garantizar las prestaciones. La intención de los bloques que impulsaron la sesión es que la Cámara vuelva a pronunciarse sobre la continuidad del régimen.

El tercer punto será el endeudamiento familiar. También en este caso la Cámara había tomado una decisión previa para acelerar el tratamiento parlamentario. El 9 de septiembre, Diputados emplazó a las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia para que analizaran los proyectos vinculados con la morosidad y el sobreendeudamiento de las familias. En ese momento, la Cámara informó que había 50 proyectos en consideración sobre la problemática.

Las comisiones se reunieron durante septiembre y avanzaron con diferentes iniciativas. Entre ellas se encuentra un proyecto de “Desendeudamiento y reestructuración de deudas de las familias argentinas”, que plantea modificaciones y mecanismos destinados a abordar las obligaciones financieras acumuladas por los hogares. El 29 de septiembre, la comisión conjunta informó que el expediente fue aprobado con modificaciones y quedó unificado en un dictamen de mayoría, acompañado por disidencias y dos dictámenes de minoría.

El debate sobre el endeudamiento se vincula con una problemática que afecta a hogares que acumulan obligaciones con bancos, tarjetas de crédito y otros proveedores de financiamiento. Las propuestas que llegaron a las comisiones plantean diferentes alternativas para facilitar la reestructuración de las deudas y establecer mecanismos de protección para los consumidores.

La convocatoria opositora no garantiza, sin embargo, que los tres temas puedan ser aprobados. El primer obstáculo será reunir el quórum necesario para comenzar la sesión. La Cámara de Diputados está integrada por 257 miembros, por lo que se necesitan 129 legisladores presentes para abrir una sesión. Los 32 firmantes de la convocatoria no alcanzan por sí solos esa cifra.

Por ese motivo, la asistencia de otros bloques será determinante. La oposición que impulsó la sesión está integrada por espacios con posiciones diferentes en numerosos temas y deberá construir acuerdos con legisladores que no suscribieron el pedido. La composición del recinto y las decisiones de los bloques provinciales y de otros sectores independientes serán importantes para determinar si la sesión puede comenzar.

El escenario parlamentario también es diferente para cada uno de los proyectos. En el caso del DNU, la Cámara deberá votar expresamente sobre su rechazo. En los proyectos de discapacidad y endeudamiento, en cambio, se trata de iniciativas legislativas que pueden ser modificadas durante su tratamiento y que requieren mayorías específicas según la instancia parlamentaria en la que se encuentren.

La fecha elegida para la sesión también coincide con una jornada de movilización universitaria. Está prevista para ese mismo 15 de octubre una marcha federal en reclamo de mayor financiamiento para las universidades, por lo que el Congreso podría convertirse nuevamente en uno de los principales puntos de concentración política y social de esa jornada.

La discusión sobre el DNU, de todos modos, excede el conflicto generado por la Ley de Tierras. Si Diputados llegara a rechazar el decreto, el efecto alcanzaría al conjunto de disposiciones que todavía permanecen vigentes dentro de esa norma. El decreto contiene modificaciones sobre una gran cantidad de leyes y regímenes, por lo que un eventual rechazo en ambas cámaras abriría un proceso de revisión sobre el marco legal que existía antes de diciembre de 2023.

En el caso particular de la Ley de Tierras, la derogación dispuesta por el artículo 154 es uno de los puntos que volvió a generar debate después del fallo de la Corte. La norma de 2011 establecía el límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales y otras restricciones. El DNU la derogó expresamente y esa decisión pasó a ser uno de los principales argumentos de quienes ahora buscan que la Cámara baja rechace el decreto.

La discusión parlamentaria tendrá, por lo tanto, varios niveles. Por un lado, estará la disputa institucional sobre la vigencia del DNU 70/2023. Por otro, el debate específico sobre el régimen de tierras rurales. Y, en paralelo, dos temas sociales y económicos que ya habían conseguido avanzar en las comisiones: la emergencia en discapacidad y el endeudamiento familiar.

La sesión del 15 de octubre será así una nueva prueba para la relación de fuerzas en Diputados. Antes de discutir el contenido de los proyectos, la oposición deberá conseguir los 129 legisladores necesarios para abrir el recinto. Si logra superar ese primer paso, comenzará una jornada en la que cada uno de los tres temas tendrá su propia discusión y requerirá acuerdos diferentes.

El pedido ya fue formalizado y lleva la firma de 32 diputados. Ahora la atención estará puesta en las negociaciones entre los bloques y en la decisión de los legisladores que todavía no definieron si acompañarán la convocatoria. El resultado de esas conversaciones determinará si el DNU 70/2023, la emergencia en discapacidad y el endeudamiento familiar llegan finalmente a ser discutidos y votados por el pleno de la Cámara baja.