DIPUTADOS DE UNIÓN POR LA PATRIA CUESTIONARON ANTE EL FMI EL PRESUPUESTO 2027 Y SEÑALARON TRES PUNTOS CRÍTICOS

Legisladores de Unión por la Patria enviaron una carta a Kristalina Georgieva y a otros funcionarios del organismo en la que cuestionaron las proyecciones fiscales del Gobierno, el costo tributario del RIGI, los fondos previstos para la Jurisdicción 91 y el fuerte aumento de la inversión financiera. El planteo se conoció mientras una misión técnica del FMI inició una nueva revisión del acuerdo con la Argentina.

Diputados nacionales de Unión por la Patria (UP) enviaron una carta a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y a otros funcionarios del organismo para expresar su preocupación por el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno de Javier Milei. Los legisladores señalaron lo que consideran inconsistencias en las previsiones fiscales y cuestionaron la existencia de partidas que, a su criterio, dejan un amplio margen de decisión al Poder Ejecutivo.

La presentación fue realizada por autoridades e integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del bloque opositor en la Cámara de Diputados. El documento está referido al Mensaje N° 43/2026, correspondiente al proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2027, que ingresó al Congreso el 15 de septiembre y fue girado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para iniciar su tratamiento parlamentario.

En la carta, los legisladores sostuvieron que el proyecto presenta, según su interpretación, problemas vinculados con la estimación de los recursos y gastos, además de espacios de discrecionalidad en la administración de fondos públicos. El planteo fue formulado en términos políticos por el bloque y no constituye una evaluación oficial del FMI sobre el Presupuesto 2027.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). De acuerdo con el documento de UP, el Gobierno proyecta para 2027 un superávit primario de $15,4 billones, equivalente a aproximadamente 1,1% del PBI, pero los diputados sostienen que esa estimación no incorpora de manera suficiente el costo fiscal asociado a los beneficios tributarios del régimen.

Los legisladores calcularon que, cuando el RIGI se encuentre en plena ejecución, el gasto tributario asociado podría alcanzar los US$3.359 millones anuales, una cifra que, según la estimación incluida en la presentación, equivaldría a alrededor de 0,49 puntos del PBI. El planteo opositor apunta a que ese costo debe ser considerado al analizar el resultado fiscal proyectado para el próximo ejercicio.

El RIGI fue creado durante la actual administración como parte del paquete de incentivos destinado a atraer grandes inversiones en sectores considerados estratégicos. El régimen contempla beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios para proyectos que cumplan con determinados requisitos de inversión y permanencia.

El segundo punto señalado en la carta es la denominada Jurisdicción 91, “Obligaciones a Cargo del Tesoro”. Para 2027, el proyecto contempla aproximadamente $14,8 billones, frente a los $5,6 billones que el Gobierno estima ejecutar durante 2026.

Dentro de esa jurisdicción, los diputados pusieron el foco en el programa 99, denominado “Otras Asistencias Financieras”, que contempla unos $7,7 billones. Según los legisladores, esa partida no establece metas físicas ni un criterio específico de distribución dentro del proyecto, por lo que consideran que podría otorgarle al Poder Ejecutivo un margen considerable para determinar su utilización durante el ejercicio.

La Jurisdicción 91 forma parte de la estructura presupuestaria nacional y concentra obligaciones y determinadas transferencias que no están asignadas directamente a un ministerio como gasto propio. Por ese motivo, el debate planteado por UP se centra en el grado de especificidad con el que deberían quedar establecidos los destinos de esos recursos en la ley de Presupuesto.

El tercer eje de la presentación está relacionado con la inversión financiera neta, que los diputados señalaron como uno de los cambios más significativos del proyecto. Según las cifras citadas en la carta, pasaría de $9,8 billones previstos para 2026 a $17,4 billones en 2027, prácticamente el doble en términos nominales.

Los legisladores interpretaron que ese incremento podría reflejar una mayor utilización de recursos para inversiones financieras temporarias, disponibilidades en caja y bancos u otros instrumentos financieros. A partir de esa lectura, cuestionaron que el proyecto contemple un incremento de esos recursos financieros al mismo tiempo que existen partidas cuya evolución es objeto de discusión en áreas como discapacidad, educación y obra pública.

En paralelo, el Gobierno sostiene que el proyecto mantiene el objetivo de consolidación fiscal que caracteriza a su programa económico. El Presupuesto 2027 contempla un crecimiento del PBI del 4% y una inflación acumulada del 18%, mientras que proyecta un superávit primario de aproximadamente 1,3% del PBI. El Ejecutivo también prevé un superávit financiero por cuarto año consecutivo.

El proyecto oficial fue presentado en el Congreso el 15 de septiembre y constituye la hoja de ruta económica y financiera del Gobierno para el último año completo antes de las elecciones presidenciales de 2027. Entre sus proyecciones también figura un crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios por encima de los US$130.000 millones y un resultado comercial favorable superior a los US$15.000 millones.

Las diferencias entre las proyecciones oficiales y las advertencias opositoras forman parte del debate que comenzó a desarrollarse en el Congreso. En ese marco, otros bloques y legisladores también presentaron pedidos de información vinculados con los beneficios fiscales incluidos en el proyecto. Por ejemplo, un grupo de diputados de Unión por la Patria presentó el 17 de septiembre un pedido de informes específicamente referido al régimen de beneficios fiscales previsto en el artículo 67 del Presupuesto 2027.

El planteo ante el FMI se produjo, además, el mismo día en que una misión técnica del organismo comenzó una nueva revisión del programa acordado con la Argentina. Los técnicos analizarán, entre otros aspectos, la evolución de las cuentas públicas, la acumulación de reservas y el cumplimiento de las metas establecidas en el acuerdo. Si la revisión es aprobada, podría habilitar un desembolso de alrededor de US$900 millones correspondiente al programa vigente.

La relación entre el Presupuesto y el programa con el Fondo es uno de los argumentos centrales de los diputados de UP para justificar el envío de la carta. En el documento sostuvieron que el FMI no solamente evalúa periódicamente el desempeño macroeconómico argentino, sino que también participa de la revisión y eventual modificación de las metas cuantitativas acordadas con el Gobierno. Por ese motivo, reclamaron que el organismo tenga en cuenta sus observaciones durante la evaluación del programa.

El FMI, por su parte, ya había establecido en su documentación correspondiente a la segunda revisión que la tercera revisión del programa estaba prevista para septiembre de 2026, sobre la base de los criterios de desempeño correspondientes al cierre de junio.

La discusión presupuestaria continuará ahora en el Congreso, donde el oficialismo deberá buscar acuerdos con otros bloques para conseguir la aprobación de la iniciativa. El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo establece las principales variables económicas y la distribución de los recursos nacionales para 2027, mientras que la oposición busca introducir modificaciones y cuestiona distintos aspectos de las estimaciones fiscales.

Así, el debate por el Presupuesto 2027 quedó atravesado por dos discusiones paralelas: el Gobierno defiende la continuidad del superávit fiscal como eje de su programa económico, mientras que Unión por la Patria pone el foco en el costo de los beneficios tributarios, el destino de determinados fondos y el crecimiento de las inversiones financieras. La revisión que el FMI comenzó este lunes se desarrollará en simultáneo con ese debate parlamentario.