DIPUTADOS APRUEBAN LA NUEVA LEY PENAL JUVENIL: BAJA DE EDAD DE IMPUTABILIDAD A 14 AÑOS Y CAMBIOS ESTRUCTURALES EN EL SISTEMA
13 febrero, 2026La Cámara de Diputados dio media sanción este jueves 12 de febrero de 2026 al proyecto de Régimen Penal Juvenil, una de las piezas centrales de la agenda legislativa del Gobierno, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y reformar el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Ahora el texto pasa al Senado para su tratamiento definitivo mientras el debate social, político y técnico se profundiza.
En una sesión especial del Congreso, donde también se trató el acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea, la Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto con 149 votos a favor, 100 en contra y ninguna abstención.
La iniciativa, impulsada por el Gobierno en el marco de las sesiones extraordinarias, representa un cambio profundo en la legislación vigente y reemplaza la normativa actual, basada principalmente en la Ley 22.278 (de 1980), con un nuevo Régimen Penal Juvenil diseñado para “adaptarse a las realidades actuales de inseguridad y delitos cometidos por adolescentes”.
CLAVES DE LA NUEVA LEY PENAL JUVENIL
La reforma integral que fue aprobada por Diputados introduce cambios estructurales en el tratamiento de menores imputables y define nuevas normas en función de la edad, la gravedad del hecho y las medidas de reinserción social.
1. Reducción de la edad de imputabilidad
El punto central del proyecto es bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, lo que significa que adolescentes de 14 y 15 años podrían ser juzgados penalmente por delitos graves bajo reglas especiales.
2. Penas y sanciones diferenciadas
El texto establece penas de hasta 15 años de prisión u otras sanciones para delitos graves cometidos por adolescentes imputables, tales como homicidios, robos con violencia o abusos sexuales.
3. Medidas socioeducativas y rehabilitación
Además de penas privativas de libertad, la ley incorpora mecanismos de tratamiento interdisciplinario, medidas socioeducativas, servicios comunitarios y programas de educación y reinserción para los menores bajo la nueva normativa.
4. Derechos de las víctimas
Se incorporan garantías específicas para las víctimas y sus familias en el proceso penal juvenil, reconociendo su derecho a participar y ser informadas durante el desarrollo del proceso.
5. Financiación y reparto de recursos
El proyecto contempla partidas presupuestarias para implementar el sistema, aunque ya surgieron cuestionamientos de gobernadores provinciales, que señalaron que los gobiernos locales no estarán dispuestos a asumir los costos operativos derivados de la aplicación de la ley.
VOTACIÓN Y APOYOS EN DIPUTADOS
La media sanción se alcanzó en un ambiente de amplio respaldo mayoritario del bloque oficialista junto a aliados como PRO, UCR, Provincias Unidas, el interbloque Unidos, Innovación Federal y otros bloques provinciales.
La diputada Laura Rodríguez Machado (La Libertad Avanza), presidenta de la Comisión de Legislación Penal, fue la voz principal que defendió el proyecto en el recinto, destacando que hace más de 40 años la ley vigente no respondía a las necesidades actuales y que el nuevo régimen busca “garantizar responsabilidad penal, resocialización e integración social para los jóvenes infractores”.
CONTEXTO POLÍTICO Y SOCIAL
La discusión sobre el régimen penal juvenil cobró fuerza en el último año tras casos de violencia cometida por menores que impactaron socialmente, como el asesinato de Jeremías Monzón, un adolescente de 15 años asesinado por otros menores en Santa Fe, lo que generó un fuerte reclamo social por cambios legales.
Encuestas recientes indican que una mayoría significativa de la población respalda la baja de la edad de imputabilidad, con cifras que sugieren hasta un 80 % de apoyo popular al cambio, aunque con diferencias sobre cómo debe implementarse el nuevo régimen y qué medidas complementarias deben existir.
LA MIRADA GUBERNAMENTAL
En el Comunicado Oficial Nº 133, la Casa Rosada celebró la media sanción como una respuesta concreta a la preocupación social por la inseguridad y criticó que durante décadas otros gobiernos omitieron enfrentar este tema. El texto oficial argumenta que la sociedad “no puede seguir rigiéndose por normas pensadas para otro tiempo” y que responsabilizar penalmente a los menores imputables desde los 14 años responde a la realidad actual del delito.
El presidente Javier Milei agradeció a los legisladores que acompañaron y pidió al Senado de la Nación que trate la reforma con “urgencia”, insistiendo en que garantizar el fin de la impunidad para delitos graves cometidos por adolescentes es un paso hacia una sociedad más segura.
CRÍTICAS Y DUDAS
La iniciativa también enfrenta críticas de sectores de la oposición, organizaciones de derechos humanos y parte de la sociedad civil, que advierten sobre los riesgos de criminalizar la adolescencia sin abordar causas estructurales como la educación, la pobreza y la falta de políticas sociales integrales.
Asimismo, la cuestión de financiamiento y coordinación con las provincias surgió como un foco de discusión, con mandatarios que rechazan asumir los costos adicionales que la implementación de la ley pueda implicar para los sistemas judiciales y de justicia juvenil provinciales.
¿QUÉ VIENE?
Tras la media sanción en Diputados, el proyecto pasa al Senado de la Nación para su análisis y posible aprobación definitiva. El oficialismo confía en que la Cámara alta pueda tratar y sancionar la ley durante las sesiones extraordinarias o, de no ser posible, en las primeras semanas del período de sesiones ordinarias que comienza en marzo.
El resultado en el Senado será clave para definir si la baja de la edad de imputabilidad a 14 años y el resto de las reformas propuestas se convierten en ley en 2026, generando un nuevo capítulo en la política de seguridad y justicia penal juvenil en Argentina.
