DENUNCIARON AL MINISTRO DE SALUD POR EL INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS A PRESTADORES DE DISCAPACIDAD
9 julio, 2026La diputada nacional Natalia de la Sota presentó una denuncia penal contra el ministro de Salud, Mario Lugones, por presunto incumplimiento de una orden judicial que exigía regularizar los pagos a los prestadores que atienden a personas con discapacidad. La presentación sostiene que la demora afecta la continuidad de tratamientos y vulnera derechos fundamentales de miles de beneficiarios en todo el país.
El conflicto por la falta de pago a los prestadores que brindan servicios a personas con discapacidad sumó un nuevo capítulo judicial. La diputada nacional Natalia de la Sota denunció penalmente al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, al acusarlo de incumplir una resolución de la Justicia que ordenaba normalizar de manera urgente la cadena de pagos del sistema.
La presentación fue realizada ante la Justicia Federal y sostiene que el funcionario habría incurrido en los delitos de desobediencia judicial y omisión de los deberes de funcionario público, al no cumplir con un fallo que obligaba al Ministerio de Salud y al programa Incluir Salud, junto con el PAMI, a cancelar las deudas acumuladas con los prestadores en un plazo de 72 horas.
Según la denuncia, la falta de pago pone en riesgo la continuidad de terapias, tratamientos, transporte, medicamentos y distintos servicios esenciales que reciben miles de personas con discapacidad en todo el país.
La resolución judicial que dio origen al conflicto fue dictada por el juez federal de Córdoba Miguel Hugo Vaca Narvaja, quien ordenó al Estado nacional normalizar de manera inmediata la cadena de pagos luego de comprobar que numerosos prestadores acumulaban meses sin cobrar por los servicios brindados. La medida tuvo alcance nacional y respondió a un amparo colectivo presentado por instituciones y organizaciones del sector.
En los fundamentos del fallo, el magistrado advirtió que las demoras económicas no representan solamente un problema administrativo, sino que tienen consecuencias directas sobre personas que dependen diariamente de tratamientos médicos, rehabilitación, acompañantes terapéuticos, centros de día, transporte especializado y prestaciones educativas.
Un conflicto que lleva meses
La situación de los prestadores de discapacidad viene siendo motivo de reclamos desde comienzos de año. Organizaciones de familiares, profesionales y centros especializados realizaron distintas movilizaciones para exigir el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad y denunciar retrasos en los pagos, situación que, aseguran, obligó a muchos establecimientos a reducir servicios o trabajar con serias dificultades financieras.
Durante los últimos meses, diversas entidades sostuvieron que la falta de actualización de aranceles y las demoras en las transferencias comprometieron la continuidad de numerosos tratamientos, afectando especialmente a niños, adolescentes y adultos con discapacidad que requieren atención permanente.
La denuncia contra Mario Lugones
En su presentación judicial, De la Sota sostiene que el Ministerio de Salud no dio cumplimiento efectivo a la sentencia, pese a haber transcurrido el plazo fijado por la Justicia. Por ese motivo solicitó que se investigue la eventual responsabilidad penal del ministro y que se adopten las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del fallo.
«No estamos hablando solamente de números o de partidas presupuestarias; estamos hablando de personas cuya calidad de vida depende de estos tratamientos», señalaron desde el entorno de la legisladora al fundamentar la denuncia.
Mientras tanto, el conflicto continúa abierto. Prestadores y organizaciones que representan a personas con discapacidad aseguran que la regularización de los pagos aún no se concretó plenamente y advierten que la situación sigue comprometiendo el funcionamiento de numerosos centros de atención en todo el país. La causa judicial ahora buscará determinar si existió incumplimiento de la orden emitida por la Justicia y si corresponde avanzar con responsabilidades penales contra el titular de la cartera sanitaria.
