DENUNCIARON A UNA DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA VINCULADA AL GRUPO NEUSS POR UNA PRESUNTA EVASIÓN DE $6.600 MILLONES

La presentación judicial apunta contra EJESA, la empresa que distribuye energía en Jujuy y que desde 2025 está bajo el control de Edison Energía, del grupo empresario de Juan y Patricio Neuss. El denunciante sostiene que habría existido un mecanismo irregular de facturación que involucra el IVA y tributos sobre combustibles. La acusación abarca operaciones entre mayo de 2024 y mayo de 2026 y también plantea un posible perjuicio para unos 120.000 usuarios.

Una nueva denuncia judicial puso bajo cuestionamiento a una empresa vinculada al grupo Neuss por una presunta maniobra de evasión tributaria que superaría los $6.600 millones. La presentación apunta contra EJESA (Empresa Jujeña de Energía S.A.), distribuidora eléctrica de la provincia de Jujuy, y sostiene que habría aplicado un esquema de facturación irregular relacionado con el Sistema Aislado Provincial (SAP).

La denuncia fue impulsada por el ingeniero Hugo Farfán, quien inicialmente presentó el reclamo ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Según su planteo, la maniobra se habría extendido desde el 1 de mayo de 2024 hasta mayo de 2026. Tras transcurrir más de 120 días sin obtener una respuesta que considerara satisfactoria, llevó el caso a la Justicia Federal de Jujuy por la posible comisión de delitos tributarios.

El expediente señala un presunto perjuicio fiscal superior a los $6.600 millones y plantea que el mecanismo también habría afectado a los usuarios residenciales, comerciales e industriales de la provincia. Por ese motivo, el denunciante y organizaciones de consumidores reclaman que se investigue el funcionamiento de los cargos incluidos en las facturas eléctricas y se determine si corresponde algún tipo de resarcimiento.

EJESA está vinculada actualmente a Edison Energía, el holding de Juan y Patricio Neuss que amplió su presencia en el sector energético argentino durante los últimos años. Desde 2025, la compañía controla la distribuidora jujeña y también EDET, la empresa encargada del servicio eléctrico en Tucumán. La expansión del grupo en distintas áreas de infraestructura y energía lo convirtió en uno de los actores empresariales que ganó mayor presencia en sectores estratégicos durante la gestión de Javier Milei.

La acusación describe tres mecanismos que, según el denunciante, habrían permitido recaudar importes de los usuarios sin declararlos correctamente ante los organismos fiscales. El primero está relacionado con el tratamiento del IVA aplicado a los cargos correspondientes al Fondo Provincial de Energía Eléctrica de Jujuy (FOPEJ), vinculado al Sistema Aislado Provincial.

En el caso de los usuarios residenciales, Farfán sostiene que EJESA habría presentado determinados importes como exentos o no alcanzados por el IVA, pese a que, según su interpretación, correspondía aplicar la alícuota del 21%. La denuncia afirma que esa modalidad habría permitido omitir la declaración del impuesto y generar un perjuicio para la recaudación nacional.

El segundo punto se refiere a los usuarios no residenciales, es decir, comercios e industrias. En este segmento, la presentación sostiene que la empresa habría incorporado el IVA dentro del valor de la tarifa unitaria, sin discriminarlo correctamente. De acuerdo con los cálculos aportados por el denunciante, el monto involucrado en este apartado superaría los $2.800 millones.

El tercer mecanismo cuestionado está relacionado con los impuestos a los combustibles. La denuncia afirma que se habrían trasladado a las facturas importes correspondientes al Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Impuesto al Dióxido de Carbono sobre volúmenes de gasoil que, según el planteo, no habrían sido efectivamente adquiridos ni utilizados para generar electricidad. La cifra estimada para este concepto supera los $220 millones.

La suma de los tres rubros conformaría el presunto perjuicio tributario de más de $6.600 millones. Se trata de montos calculados por el denunciante y todavía sujetos a investigación: no existe una sentencia que haya determinado la comisión de una evasión ni la responsabilidad penal de la empresa o de sus directivos.

En relación con el trámite administrativo, Farfán aseguró que dos áreas de ARCA emitieron dictámenes con conclusiones contrapuestas y que la falta de avances motivó la presentación judicial. También cuestionó la demora en el tratamiento del expediente ante la Justicia Federal jujeña.

Por su parte, el Consejo Defensor del Contribuyente, Usuario y Consumidores de Jujuy (CODECUC), encabezado por el abogado Alejandro Mur, solicitó incorporarse como querellante en la causa. La organización también había promovido una medida cautelar para intentar frenar los cortes de energía a usuarios considerados vulnerables, aunque el planteo fue rechazado por la Cámara en lo Civil y Comercial.

Los cuestionamientos contra la distribuidora exceden el expediente tributario. Integrantes de la organización Mujeres Municipales presentaron ante la Legislatura provincial un petitorio respaldado por más de 11.000 firmas para reclamar medidas frente al impacto de las facturas eléctricas en los hogares jujeños. Entre los pedidos figura que se analice la continuidad del contrato de concesión de EJESA.

La empresa también recibió sanciones de la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones (SUSEPU) por distintos incumplimientos, según los antecedentes mencionados en las presentaciones y reclamos difundidos en la provincia.

El escenario de Jujuy tiene un correlato en Tucumán, donde EDET, también controlada por Edison Energía, enfrenta cuestionamientos de usuarios por el servicio y el costo de las tarifas. En los últimos días se realizaron protestas contra la distribuidora, mientras que también surgieron críticas por el proceso previsto para definir el futuro de su paquete accionario mayoritario. La licitación que debía realizarse durante este año podría postergarse hasta 2027.

De esta manera, la nueva denuncia se suma a una serie de conflictos que involucran a empresas del grupo Neuss en distintas provincias. El crecimiento del holding en el sector energético y su participación en servicios públicos esenciales colocaron a sus compañías bajo mayor atención de usuarios, organizaciones y sectores políticos.

El caso de EJESA abre ahora una discusión sobre los mecanismos de facturación de las distribuidoras, el control de los tributos incluidos en las tarifas y la capacidad de los organismos provinciales y nacionales para fiscalizar a las empresas concesionarias. La investigación deberá determinar si existió efectivamente una maniobra para evadir impuestos, cuál fue el perjuicio fiscal y si los usuarios pagaron cargos que no correspondían.

Hasta el momento de las publicaciones consultadas, EJESA no había difundido una respuesta pública sobre las acusaciones. La denuncia, por lo tanto, deberá avanzar en las instancias correspondientes para establecer si los hechos descriptos constituyen delitos tributarios o si existe una explicación contable y regulatoria para los conceptos cuestionados.