DENUNCIARON A MONTEOLIVA Y A UN COMISARIO DE LA FEDERAL POR LA REPRESIÓN FRENTE AL CONGRESO

El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal contra la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el comisario inspector de la Policía Federal Gustavo Antonio Gauna por el operativo realizado el 6 de agosto durante una manifestación frente al Congreso. La presentación pide investigar posibles delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, vejaciones y apremios ilegales, además de determinar quién autorizó la presencia de policías de civil armados.

La actuación de las fuerzas de seguridad durante la protesta frente al Congreso de la Nación volvió a quedar bajo la lupa judicial. El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal contra la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y el comisario inspector de la Policía Federal Argentina Gustavo Antonio Gauna, a raíz del operativo desplegado el pasado 6 de agosto, mientras el Senado debatía la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La presentación también alcanza a todos aquellos funcionarios públicos y efectivos de las fuerzas federales que pudieran resultar responsables, ya sea como autores, coautores, partícipes o por las responsabilidades funcionales que pudieran corresponder. Entre otras cuestiones, solicita que se investigue la actuación de personal policial que habría participado del operativo vestido de civil y portando armas.

Uno de los principales puntos de la denuncia está relacionado con Gauna, quien, según sostiene la presentación, aparece en registros audiovisuales difundidos públicamente vestido de civil, con un arma larga y efectuando disparos durante el operativo.

La denuncia no afirma que la sola utilización de ropa de civil convierta automáticamente en ilegal la actuación del funcionario. El planteo busca determinar qué función tenía asignada, quién autorizó su participación, qué arma llevaba, qué municiones tenía y bajo qué órdenes actuaba.

LA PREGUNTA SOBRE LOS POLICÍAS DE CIVIL

Uno de los interrogantes centrales que deberá determinar la investigación es si la participación de policías vestidos de civil formaba parte del dispositivo de seguridad previamente diseñado por las autoridades o si se trató de una actuación individual que pudo haber excedido las órdenes recibidas.

La presentación solicita que el Ministerio de Seguridad informe si estaba contemplada la participación de agentes de civil, cuál era el objetivo de esa modalidad y si esos efectivos estaban autorizados a portar y eventualmente utilizar armas de fuego durante la manifestación.

En el caso particular de Gauna, se pidió que la Policía Federal informe si el comisario estaba afectado al operativo, cuál era su función, quién era su superior inmediato y qué autoridad ordenó o autorizó su participación. También se reclamó información sobre el arma que tenía asignada, su calibre, número de serie, cantidad de municiones entregadas y los registros de eventuales disparos realizados durante la jornada.

La investigación busca así determinar no solamente qué ocurrió durante la protesta, sino también quién diseñó, autorizó y supervisó el operativo.

UN OPERATIVO CON MÁS DE 800 EFECTIVOS

Según la denuncia, alrededor de 820 efectivos de la Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina participaron del dispositivo desplegado en las inmediaciones del Congreso.

La presentación sostiene que la manifestación comenzó de manera pacífica y que posteriormente las fuerzas avanzaron sobre los sectores ocupados por los manifestantes. También menciona el uso de gases irritantes, proyectiles de goma, camiones hidrantes y desplazamientos físicos de personas.

Otro de los aspectos destacados en la denuncia es la situación de los trabajadores de prensa que cubrían la movilización. El escrito señala que periodistas, fotógrafos y camarógrafos fueron alcanzados por distintas acciones durante el operativo y menciona específicamente el caso de una fotógrafa que sufrió un traumatismo craneal durante los incidentes.

La presentación sostiene que los registros audiovisuales disponibles permitirían analizar una secuencia prolongada de intervenciones policiales y no solamente hechos aislados.

QUÉ RESPONSABILIDAD PODRÍA TENER MONTEOLIVA

La denuncia también pone el foco en la responsabilidad política de la ministra de Seguridad.

El planteo no establece una responsabilidad automática de Monteoliva por cualquier conducta realizada por integrantes de las fuerzas federales. Lo que solicita es determinar si, en su carácter de máxima autoridad política del Ministerio del que dependen las fuerzas involucradas, impartió, autorizó o toleró directivas incompatibles con las normas que regulan el uso de la fuerza.

La presentación cita la Ley de Seguridad Interior N° 24.059, que establece las competencias del Ministerio de Seguridad en la conducción política del esfuerzo nacional de policía.

Por eso, uno de los principales interrogantes judiciales será determinar cuál fue la cadena de mando durante el operativo y qué instrucciones recibieron los efectivos desplegados frente al Congreso.

EL REGLAMENTO PARA EL USO DE ARMAS DE LAS FUERZAS FEDERALES

La denuncia también invoca la Resolución 125/2024 del Ministerio de Seguridad, que estableció el Reglamento General para el Empleo de las Armas por parte de los miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad. La norma fue dictada el 13 de marzo de 2024 y publicada al día siguiente en el Boletín Oficial.

El reglamento establece que las fuerzas deben utilizar las armas únicamente cuando resulte estrictamente necesario y que las armas de fuego deben emplearse cuando otros medios no violentos resulten ineficaces y se presente alguna de las situaciones específicamente contempladas por la normativa.

La resolución también establece que, ante el empleo necesario de armas, los funcionarios deben identificarse como tales e intimar verbalmente a cesar la actividad ilícita, aunque contempla determinadas excepciones cuando la identificación pueda incrementar el riesgo para los propios efectivos o para terceros, entre otras circunstancias.

Por esa razón, la denuncia plantea que, si se confirma que Gauna utilizó un arma de fuego mientras se encontraba vestido de civil y sin identificarse, deberá determinarse si se encontraba comprendido dentro de alguna de las excepciones previstas por el reglamento.

QUÉ DELITOS SE INVESTIGARÍAN

La presentación plantea inicialmente la posible comisión de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, contemplados en el artículo 248 del Código Penal.

También menciona posibles vejaciones y apremios ilegales, previstos en el artículo 144 bis, inciso 2°, y eventualmente el artículo 249 del Código Penal, referido al funcionario que ilegalmente omite, rehúsa hacer o retarda un acto propio de su función.

La calificación jurídica es, en esta etapa, una hipótesis planteada por el denunciante y no una condena ni una determinación judicial de responsabilidad. Será la Justicia la que deberá establecer si existieron delitos y quiénes fueron responsables.

PIDEN LAS ÓRDENES, LAS CÁMARAS Y LAS COMUNICACIONES

Para avanzar con la investigación, Dalbón solicitó distintas medidas de prueba.

Entre ellas, pidió que el Ministerio de Seguridad entregue el operativo completo, incluyendo sus anexos, modificaciones, órdenes complementarias e instrucciones, además de identificar a los funcionarios que participaron de su elaboración, aprobación, coordinación y supervisión.

También reclamó a la Policía Federal todos los registros audiovisuales disponibles, incluidas cámaras corporales, cámaras instaladas en vehículos y registros de los centros de monitoreo.

A esto se suman las imágenes de las cámaras de seguridad del Congreso y los archivos originales de fotografías y videos registrados por medios de comunicación, especialmente aquellos que puedan aportar información sobre la actuación de Gauna y de los policías de civil armados.

La denuncia también propone tomar declaración testimonial a periodistas, fotógrafos, camarógrafos, manifestantes y otras personas que hayan presenciado los hechos.

PIDEN LA INDAGATORIA DE MONTEOLIVA Y GAUNA

Como parte del pedido final, Dalbón solicitó que la Justicia cite a prestar declaración indagatoria a Alejandra Monteoliva y Gustavo Antonio Gauna, además de avanzar con las medidas de prueba propuestas.

El planteo judicial agrega así un nuevo capítulo a la controversia por el operativo realizado frente al Congreso durante el debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La denuncia deberá ahora ser analizada por la Justicia, que tendrá que determinar si corresponde avanzar con las medidas solicitadas, reconstruir la cadena de mando del operativo y establecer si las actuaciones denunciadas se ajustaron a las normas vigentes.

El eje de la investigación estará puesto en una pregunta central: quién autorizó el despliegue y la actuación de policías de civil armados durante una manifestación y si el uso de la fuerza empleado ese día se ajustó al reglamento que rige a las fuerzas federales.