DENUNCIAN PENALMENTE A LUIS CAPUTO POR PRESUNTA MANIPULACIÓN DE DATOS EN EL INDEC EN MEDIO DEL ESCÁNDALO POR EL IPC

Diputados nacionales de la oposición presentaron una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, acusándolo de manipular datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La presentación se da en medio de la polémica por la postergación del nuevo índice de inflación, la salida del titular del organismo y un debate político intenso por la credibilidad de las estadísticas oficiales argentinas.

Legisladores de Unión por la Patria (UxP), entre ellos Julia Strada, Germán Martínez y Paula Penacca, presentaron este 13 de febrero de 2026 ante la Justicia una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, vinculada a presuntas irregularidades y manipulación de datos del INDEC en torno al Índice de Precios al Consumidor (IPC), el principal indicador de inflación utilizado por el Estado.

LOS CARGOS FORMULADOS

La denuncia incluye múltiples cargos penales, entre ellos:

• Violación de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal).
• Violación de secretos y deberes de confidencialidad (art. 157).
• Falsificación de documentos públicos (art. 293).
• Violación del secreto estadístico (art. 17 de la Ley 17.622).

Los diputados sostienen que Caputo ordenó mantener el cálculo del IPC sobre una metodología obsoleta y que participó de decisiones que distorsionan el funcionamiento del organismo estadístico, contraviniendo la normativa que protege la independencia técnica de las estadísticas oficiales.

EL ORIGEN DE LA POLÉMICA

El conflicto se originó semanas atrás cuando el Gobierno, luego de iniciar un proceso para introducir una nueva fórmula de cálculo del IPC más actualizada, decidió postergar la implementación del nuevo índice, que estaba programada para enero de 2026. Esta medida, justificada oficialmente por la necesidad de completar procesos técnicos y una fase de desinflación, derivó en cuestionamientos públicos, la renuncia del titular del INDEC, Marco Lavagna, y acusaciones de manipulación de cifras.

Los legisladores opositores critican que la decisión de mantener el cálculo con una canasta y método desactualizados, que incluso incluye componentes de años anteriores, no sólo afecta la medición real de la inflación, sino que impacta en múltiples decisiones económicas y sociales. Entre los efectos que señalan se encuentran la actualización de haberes previsionales, asignaciones, negociaciones paritarias y contratación pública, todos fuertemente vinculados al valor del IPC.

Además, la denuncia expresa que el propio Caputo adelantó públicamente datos preliminares del IPC de enero 2026 antes de que fueran oficialmente publicados por el INDEC, lo que para los denunciantes constituye una violación del secreto estadístico establecida por ley.

REPERCUSIONES POLÍTICAS Y SOCIALES

La presentación penal alimenta un clima de fuerte tensión política alrededor de las estadísticas oficiales y la credibilidad del INDEC, una institución que históricamente ha estado en el centro de debates sobre transparencia de datos económicos en Argentina. El organismo ha sido objeto de controversias previas por manipulación de cifras en distintas etapas de la historia reciente, lo que eleva la sensibilidad pública en torno a estos temas.

Sectores de la oposición han reclamado además la interpelación de Caputo en el Congreso, mientras que desde el oficialismo se defiende la decisión de mantener el cálculo actual como una medida temporal técnica, insistiendo en que el nuevo índice será aplicado en un momento en que los datos reflejen de manera más adecuada la realidad económica tras la fase de desinflación que busca consolidarse.

CONTEXTO DE LOS DATOS OFICIALES

La discusión por el cálculo del IPC no sólo se limita al plano político: según datos recientes del INDEC, la inflación de enero de 2026 fue de 2.9 %, lo que llevó la tasa anualizada a un 32.4 %, una cifra que marcó un repunte tras meses de desaceleración, e intensificó el debate sobre los métodos de medición y el uso de canastas estadísticas desactualizadas.

Expertos económicos han señalado que un cambio metodológico puede alterar de manera significativa el indicador, y que la postergación de la actualización, no sólo técnica sino también comunicacional, generó inquietud incluso entre inversores y organismos internacionales.

QUÉ PUEDEN APORTAR LOS DIPUTADOS DENUNCIANTES

Los firmantes de la denuncia han argumentado que la independencia del INDEC está garantizada por la ley 17.622, que protege el secreto estadístico y prohíbe interferencias políticas en la producción y difusión de datos oficiales. Su postura es que cualquier decisión que modifique o frene la implementación de un nuevo índice debe sustentarse en razones técnicas claras y no en conveniencias políticas o económicas.

La denuncia fue presentada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, a cargo del juez Marcelino Martínez de Giorgi, quien deberá decidir si admite la causa, qué medidas de instrucción tomar y si requiere la presentación de pruebas adicionales para avanzar con la investigación.