DECLARARON LAS JUBILADAS PRESTAMISTAS EN LA CAUSA CONTRA ADORNI Y CRECE LA INVESTIGACIÓN POR SU PATRIMONIO
15 abril, 2026La causa judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo tras la declaración de dos jubiladas que aseguraron haberle prestado dinero para la compra de un departamento. Confirmaron que aún existe una deuda millonaria, en un expediente que busca determinar el origen de los fondos del funcionario.
La investigación judicial contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, avanzó con la declaración de dos jubiladas que figuran como prestamistas en la compra de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires. El testimonio de ambas mujeres aportó nuevos elementos a una causa que busca esclarecer el origen del patrimonio del funcionario y las condiciones de las operaciones inmobiliarias bajo sospecha.
Según consta en la causa, madre e hija confirmaron ante la Justicia que otorgaron un préstamo de 100 mil dólares para la adquisición de la propiedad, pero señalaron que aún resta cancelar una deuda de aproximadamente 70 mil dólares.
La declaración refuerza una de las hipótesis centrales del expediente: determinar si se trató de un acuerdo entre particulares o de un mecanismo para encubrir el verdadero origen de los fondos.
UNA OPERACIÓN BAJO LA LUPA
El inmueble en cuestión está ubicado en el barrio porteño de Caballito y fue adquirido en 2025. La operación incluyó un préstamo privado que permitió completar la compra, en un contexto que generó dudas desde el inicio de la investigación.
La fiscalía, a cargo de Gerardo Pollicita, analiza no solo el origen del dinero, sino también las condiciones del crédito: tasas, plazos y vínculos entre las partes involucradas.
Uno de los puntos más sensibles es que se trata de un funcionario de alto rango, lo que implica mayores exigencias de transparencia y control sobre sus movimientos patrimoniales.
CONTRADICCIONES Y SOSPECHAS
El caso presenta además elementos contradictorios que incrementan la complejidad de la investigación. En etapas previas, algunas de las personas vinculadas a la operación habían negado conocer al funcionario o recordar el préstamo, lo que generó aún más interrogantes sobre la veracidad del acuerdo.
A esto se suma el análisis del valor del inmueble y las condiciones en las que se realizó la compra, aspectos clave para determinar si hubo irregularidades.
La Justicia busca reconstruir la trazabilidad del dinero, es decir, el recorrido completo de los fondos utilizados en la operación.
AMPLIACIÓN DE LA CAUSA Y NUEVAS MEDIDAS
La causa no se limita a este único inmueble. También se investigan otras propiedades vinculadas a Adorni, incluyendo una vivienda en la provincia de Buenos Aires, en el marco de una denuncia más amplia por presunto enriquecimiento ilícito.
En ese contexto, se evalúan medidas como:
- levantamiento del secreto bancario y fiscal
- análisis de declaraciones juradas
- pedidos de informes a registros de la propiedad
- citaciones a escribanos y otros actores involucrados
El objetivo es determinar si el crecimiento patrimonial del funcionario se corresponde con sus ingresos declarados.
EL ROL DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL
El caso también puso el foco en los mecanismos de control del sistema financiero y notarial. En Argentina, las operaciones inmobiliarias realizadas por personas políticamente expuestas deben ser informadas a la Unidad de Información Financiera (UIF), independientemente del monto.
Este requisito busca prevenir maniobras de lavado de dinero o enriquecimiento indebido, especialmente cuando se trata de funcionarios públicos.
CONTEXTO POLÍTICO Y REPERCUSIONES
Manuel Adorni es una de las figuras centrales del gobierno nacional, cercano al presidente Javier Milei, y su rol lo ubica en el centro de la escena política.
La causa se da en un contexto de fuerte polarización, donde las denuncias judiciales tienen alto impacto público y político.
El avance de la investigación podría tener consecuencias no solo en el plano judicial, sino también en la imagen del Gobierno, que ha hecho de la transparencia y la crítica a la “casta política” uno de sus ejes discursivos.
UNA INVESTIGACIÓN ABIERTA
Por el momento, no hay imputaciones firmes ni definiciones judiciales concluyentes. Sin embargo, la declaración de las jubiladas prestamistas representa un punto clave en la causa, ya que aporta datos concretos sobre el financiamiento de la operación.
La clave ahora estará en determinar si ese préstamo fue una transacción legítima o parte de un esquema más complejo, destinado a justificar el origen de los fondos utilizados.
Mientras tanto, el expediente continúa avanzando y suma nuevos elementos en una investigación que promete seguir generando repercusiones en la política argentina.
