CUENTA REGRESIVA PARA LA LEY DE TIERRAS: EL OFICIALISMO LLEGA AL SENADO CON DUDAS Y SIN LOS VOTOS ASEGURADOS
30 julio, 2026El Gobierno enfrenta un escenario cada vez más complejo para aprobar la reforma que busca eliminar las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
Tras cuatro postergaciones consecutivas, el oficialismo intensifica las negociaciones de cara a una nueva sesión prevista para el 6 de agosto, mientras crecen las resistencias dentro de la oposición y también entre sectores dialoguistas. La reforma de la Ley de Tierras se convirtió en uno de los proyectos más conflictivos de la agenda legislativa impulsada por el Gobierno nacional.
A pocos días del nuevo intento por debatir la iniciativa en el Senado, La Libertad Avanza continúa sin reunir los apoyos necesarios para garantizar su aprobación, lo que mantiene abierta la posibilidad de una nueva derrota parlamentaria. El proyecto forma parte del paquete de reformas elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, y propone modificar de manera profunda el régimen vigente sobre la propiedad de tierras rurales.
El punto que genera mayor controversia es la eliminación de los límites que actualmente restringen la compra de tierras por parte de personas y empresas extranjeras, una medida que el Gobierno considera necesaria para atraer inversiones, pero que la oposición denuncia como un riesgo para la soberanía nacional. La iniciativa ya sufrió cuatro postergaciones consecutivas. La última ocurrió cuando el oficialismo, al advertir que no contaba con los votos suficientes, solicitó pasar la sesión a un cuarto intermedio hasta el próximo 6 de agosto.
La decisión dejó en evidencia las dificultades que enfrenta el Ejecutivo para construir mayorías en una Cámara donde depende del respaldo de bloques provinciales y sectores dialoguistas. Actualmente, la Ley N.º 26.737 establece que los extranjeros no pueden superar el 15% de la titularidad de las tierras rurales del país, además de fijar límites por provincia, municipio y por titular. También restringe la adquisición de campos ubicados en zonas consideradas estratégicas, como aquellas cercanas a fronteras o con importantes recursos hídricos.
La reforma oficialista busca eliminar esas limitaciones y dejar librada la regulación a un esquema mucho más flexible. La resistencia no proviene únicamente de Unión por la Patria. Gobernadores, legisladores provinciales e incluso algunos bloques que habitualmente acompañan al Gobierno expresaron reparos respecto del alcance de la reforma, especialmente en lo referido a la eventual pérdida de herramientas para proteger recursos estratégicos y el control territorial de las provincias.
Otro de los aspectos cuestionados es la modificación del régimen de expropiaciones, que restringe el concepto de utilidad pública y eleva las compensaciones económicas, además de incorporar mecanismos para agilizar desalojos. A esto se suma la reforma de la Ley de Manejo del Fuego, que eliminaría las restricciones actuales para modificar el destino de tierras afectadas por incendios, una propuesta que despertó fuertes críticas de organizaciones ambientales y de distintos sectores políticos.
En las últimas semanas, el debate también estuvo atravesado por la fuerte interna dentro del oficialismo. Las diferencias entre Patricia Bullrich, encargada de conducir las negociaciones parlamentarias, y Federico Sturzenegger, principal impulsor del proyecto, complicaron el armado de consensos y obligaron a introducir sucesivas modificaciones en el texto para intentar sumar apoyos. Mientras tanto, el Gobierno mantiene su objetivo de aprobar una de las reformas que considera centrales para avanzar con el proceso de desregulación económica. Sin embargo, la cuenta regresiva avanza y el escenario sigue siendo adverso: si no logra reunir los votos antes de la próxima sesión, la Ley de Tierras podría sufrir una nueva postergación y profundizar las dificultades del oficialismo para convertir en leyes las iniciativas más sensibles de su programa de gobierno.
