CRUCES, INSULTOS Y UN FINAL ABRUPTO: SE LEVANTÓ EL DEBATE SOBRE LA DEFENSA DE LA SOBERANÍA EN DIPUTADOS

El plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto analizaba el proyecto enviado por el Gobierno sobre Malvinas cuando una serie de enfrentamientos entre legisladores oficialistas y opositores terminó con la interrupción de la reunión. El episodio más fuerte tuvo como protagonistas a Juan Grabois y al titular de la comisión de Defensa, Carlos Zapata.

La Cámara de Diputados comenzó este miércoles el tratamiento del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional enviado por el Poder Ejecutivo, pero la reunión terminó antes de lo previsto luego de una sucesión de cruces, insultos y discusiones entre legisladores de La Libertad Avanza y la oposición. El episodio ocurrió durante el plenario conjunto de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, convocado oficialmente para analizar los lineamientos de la iniciativa.

El encuentro tenía carácter informativo y había comenzado al mediodía con la participación de funcionarios del Poder Ejecutivo. La Secretaría Legal y Técnica estuvo representada por Paula Tadei, mientras que Juan Ignacio Stampalija expuso en representación del Ministerio de Economía. También participó el general Jorge Puebla, secretario de Estrategia y Asuntos Militares. La intención era escuchar las explicaciones oficiales y luego avanzar con las exposiciones de los distintos bloques.

Sin embargo, el debate fue subiendo de tono a medida que avanzaron las intervenciones. Uno de los primeros momentos de tensión se produjo durante la exposición de Myriam Bregman, del Frente de Izquierda. Juan Grabois intervino ante las interrupciones de legisladores libertarios y protagonizó un fuerte intercambio con representantes de La Libertad Avanza. El presidente de la comisión de Defensa, Carlos Raúl Zapata, tuvo que intervenir para intentar ordenar la discusión.

La situación volvió a complicarse durante una discusión entre Grabois y los diputados libertarios Jairo Guzmán y Gerardo Huesen. Hubo acusaciones cruzadas y enfrentamientos a los gritos, al punto de que Zapata pidió al jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, que ayudara a controlar la situación. El titular de la comisión había advertido que, si continuaban los agravios, podía levantar la reunión.

Más tarde, durante una nueva intervención de Grabois, se produjo el episodio que terminó precipitando la suspensión. El diputado de Patria Grande respondió a una interrupción de la legisladora libertaria Juliana Santillán con la expresión «no estoy leyendo, tontita». Desde el oficialismo reclamaron que se disculpara, pero Grabois rechazó el pedido y continuó con sus cuestionamientos.

Zapata intentó encauzar nuevamente la discusión y le advirtió que no podían continuar en esos términos. Ante la persistencia del intercambio, decidió apagar el micrófono de Grabois. El diputado volvió a reclamar y, después de que el presidente de la comisión le indicara que seguiría cortando el audio mientras no moderara sus expresiones, Grabois le respondió: «Dejá de apagarme el micrófono, facho de mierda». Zapata consideró que el límite había sido superado y dio por terminada la reunión.

El enfrentamiento no fue el único episodio de tensión: durante el plenario también hubo discusiones cara a cara y momentos en los que legisladores tuvieron que intervenir para evitar que los cruces pasaran a mayores. Distintos registros periodísticos consignaron incluso forcejeos entre algunos diputados mientras avanzaba la discusión.

El conflicto se produjo en una jornada que tenía como eje un proyecto de amplio alcance enviado por Javier Milei al Congreso el 17 de septiembre. La iniciativa busca establecer un nuevo marco legal para la defensa de los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y sus espacios marítimos e insulares correspondientes. El Gobierno presentó la propuesta como una herramienta para reforzar la respuesta estatal frente a actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en las zonas reclamadas por Argentina.

Uno de los principales cambios planteados es la sustitución del régimen establecido por la Ley 26.659, sancionada en 2011 y orientada específicamente a las actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina. El proyecto amplía el alcance hacia otros recursos naturales, tanto renovables como no renovables. Durante la reunión, Stampalija explicó que esto permitiría incluir actividades como la pesca o la minería no autorizadas por las autoridades argentinas.

La iniciativa también propone modificar el esquema de sanciones. De acuerdo con la explicación brindada por el funcionario del Ministerio de Economía, el proyecto contempla inhabilitaciones, multas y otras medidas. Las multas se calcularían tomando como referencia el valor del barril de petróleo. Stampalija estimó que, tomando un valor cercano a los 89 dólares por barril al momento de la exposición, la sanción máxima podría ubicarse alrededor de los 45 millones de dólares. Se trata de una estimación realizada por el funcionario sobre el mecanismo previsto en el proyecto y no de una multa ya aplicada.

Otro de los puntos centrales es la creación del denominado Sistema de Seguridad Nacional. La propuesta establece un Consejo de Seguridad Nacional destinado a coordinar distintas áreas del Estado vinculadas con la defensa, la diplomacia, la economía, la inteligencia, la protección de infraestructura crítica y la soberanía. El Gobierno sostiene que la herramienta busca establecer una coordinación permanente frente a amenazas consideradas estratégicas.

El proyecto llega al Congreso en un contexto de renovada tensión alrededor de la explotación de recursos en el Atlántico Sur. En septiembre, el Gobierno había iniciado procedimientos sancionatorios contra personas y empresas vinculadas, según su denuncia, con actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina. Inicialmente fueron 45 sujetos y posteriormente se sumaron otros 15 procedimientos.

Además, el Poder Ejecutivo adoptó en septiembre el Decreto 868/2026, que estableció modificaciones y procedimientos destinados a acelerar la aplicación de la Ley 26.659 frente a actividades hidrocarburíferas consideradas ilegítimas por el Estado argentino. El decreto también designó a la Cancillería como autoridad de aplicación de esa normativa.

La cuestión volvió a ocupar un lugar central en la agenda internacional durante el discurso de Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 23 de septiembre. El Presidente ratificó allí el reclamo argentino sobre Malvinas y planteó que la Argentina optaba por una defensa «pacífica, práctica y efectiva» de sus derechos soberanos.

Días después, el Gobierno anunció además que iniciaría un procedimiento de arbitraje internacional para intentar impedir la explotación hidrocarburífera vinculada con el proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. La Casa Rosada sostuvo que recurriría al mecanismo previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y que, eventualmente, solicitaría medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

En Diputados, en tanto, el proyecto también encontró cuestionamientos desde la oposición. Uno de los principales ejes de discusión está relacionado con el alcance de la iniciativa, que además de modificar el régimen de sanciones sobre la explotación de recursos incorpora cambios vinculados con defensa y seguridad nacional. Durante el plenario, la diputada Agustina Propato, de Unión por la Patria, sostuvo que la propuesta excedía la cuestión específica de Malvinas y cuestionó particularmente disposiciones relacionadas con el Código Penal y la libertad de expresión.

La oposición también cuestiona el mecanismo previsto para regularizar determinadas situaciones vinculadas con empresas que ya realizan actividades alcanzadas por la normativa. Desde ese sector sostienen que algunas disposiciones podrían beneficiar a compañías que actualmente se encuentran alcanzadas por sanciones. Esos cuestionamientos forman parte del debate parlamentario y no representan una conclusión adoptada por el Congreso, ya que el proyecto todavía se encuentra en etapa de tratamiento en comisión.

El oficialismo, por su parte, defiende la iniciativa como una actualización del marco legal destinado a proteger los recursos estratégicos y reforzar las capacidades del Estado. Durante la reunión, Puebla planteó la necesidad de discutir una actualización de la legislación de Defensa y proyectar el papel de las Fuerzas Armadas para las próximas décadas.

La suspensión del plenario no implica el cierre del debate legislativo. Zapata anunció que se prevén nuevas reuniones durante la próxima semana, con la posibilidad de incorporar nuevos expositores propuestos por los distintos bloques. El objetivo será retomar el análisis del proyecto y avanzar hacia una eventual discusión de los artículos de la iniciativa.

De esta manera, el primer paso parlamentario del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional quedó marcado por un enfrentamiento político que desplazó por momentos la discusión sobre el contenido de la iniciativa. El debate continuará en comisión, donde oficialismo y oposición deberán definir posiciones sobre un proyecto que combina la cuestión Malvinas con modificaciones en materia de recursos naturales, sanciones, defensa y seguridad nacional.