CRISIS EN PARAGUAY: SANTIAGO PEÑA PRESENTÓ SU RENUNCIA, PERO EL CONGRESO AVANZA CON EL JUICIO POLÍTICO POR EL COLAPSO DE UENO BANK

El presidente paraguayo anunció que dejaría el cargo en medio de la crisis financiera que dejó a casi tres millones de clientes sin acceso a sus cuentas. Sin embargo, el Congreso no logró resolver su renuncia y la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad iniciar un juicio político en su contra. El mandatario aseguró que se presentará a defenderse, mientras la Justicia investiga posibles irregularidades vinculadas con la entidad bancaria y sus relaciones con el poder político.

La crisis financiera desatada por la intervención de Ueno Bank provocó un terremoto político en Paraguay y puso en jaque la continuidad del presidente Santiago Peña. En medio de las protestas de los ahorristas y de las acusaciones por presuntos conflictos de intereses, el mandatario presentó su renuncia el jueves 5 de noviembre. Sin embargo, la salida no se concretó: el Congreso no consiguió reunir el quórum necesario para tratarla y la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la acusación para someterlo a juicio político.

El escenario se agravó este viernes 6 de noviembre, cuando el Senado comenzó a avanzar con el proceso de enjuiciamiento. Peña manifestó que se presentará ante los legisladores para ejercer su defensa y aseguró que colaborará con las instituciones para esclarecer lo ocurrido. No obstante, solicitó una prórroga de 72 horas para preparar su exposición, que fue rechazada por los senadores.

La renuncia había sido comunicada por el propio presidente mediante un mensaje difundido en sus redes sociales. En su intervención, sostuvo que tomaba la decisión para preservar la estabilidad del país, la paz social y las instituciones democráticas. Posteriormente, el ministro del Interior, Enrique Riera, entregó formalmente la carta al Congreso.

En el documento, Peña pidió a los legisladores que garantizaran la devolución de los depósitos de los ahorristas afectados por la crisis bancaria. Sin embargo, no hizo una referencia directa a Ueno Bank ni reconoció responsabilidad personal por el colapso de la entidad.

La decisión de renunciar llegó después de que el oficialismo perdiera el respaldo de sectores importantes de su propio espacio político. Uno de los movimientos determinantes fue el pronunciamiento del expresidente Horacio Cartes, titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), el Partido Colorado, quien expresó su apoyo al juicio político. Cartes había sido una figura central en el armado político que llevó a Peña a la Presidencia en 2023.

La Cámara de Diputados aprobó la acusación contra el mandatario con 78 votos afirmativos y ninguno en contra. De esta manera, el expediente pasó al Senado, que debe actuar como tribunal y resolver si corresponde destituirlo. Para una condena política se necesitan 30 votos sobre los 45 integrantes de la Cámara alta.

La discusión sobre la renuncia quedó atravesada por una cuestión constitucional. La legislación paraguaya establece que los expresidentes elegidos democráticamente pueden convertirse en senadores vitalicios, salvo que hayan sido sometidos a juicio político y declarados culpables. Esa banca contempla inmunidad parlamentaria, por lo que sectores opositores rechazaron aceptar la dimisión antes de que se resolviera el proceso.

La sesión conjunta convocada para tratar la renuncia quedó sin quórum después de que legisladores oficialistas abandonaran el recinto. Como consecuencia, la dimisión no fue aceptada ni rechazada y el juicio político continuó su curso. Peña permanece formalmente en la Presidencia mientras el Congreso define su situación institucional.

EL COLAPSO DE UENO BANK Y LOS AHORROS BLOQUEADOS

El origen de la crisis se encuentra en la intervención de Ueno Bank, una entidad financiera digital que había experimentado un crecimiento acelerado desde su lanzamiento en 2021. La institución llegó a declarar cerca de tres millones de clientes en un país de aproximadamente 6,5 millones de habitantes, lo que la convirtió en uno de los principales actores del sistema financiero paraguayo.

El Banco Central del Paraguay dispuso la intervención después de detectar que la entidad había incumplido los requisitos mínimos de solvencia. La medida dejó a millones de usuarios sin posibilidad de retirar dinero, realizar transferencias, utilizar tarjetas o acceder normalmente a sus cuentas.

El problema no se limitó a los ahorros particulares. Ueno administraba alrededor de 850 millones de dólares en fondos públicos, provenientes de distintas instituciones estatales y organismos vinculados al sistema previsional. La situación generó preocupación por el destino de esos recursos y por la capacidad de las autoridades para garantizar su devolución.

La intervención también afectó a jubilados y beneficiarios que cobraban sus haberes a través de la entidad. Ante la magnitud del problema, el Gobierno impulsó medidas para facilitar el pago a los depositantes y el Banco Central anunció que trabajaba en el traslado de las cuentas hacia otras instituciones financieras.

Las autoridades paraguayas sostuvieron que el episodio corresponde a un problema específico de Ueno y que no representa un riesgo generalizado para el resto del sistema bancario. Sin embargo, la cantidad de personas afectadas y el volumen de fondos involucrados provocaron protestas en Asunción y otras ciudades.

LOS VÍNCULOS DE PEÑA CON EL GRUPO EMPRESARIO

Uno de los principales cuestionamientos contra el presidente está relacionado con sus antiguos vínculos comerciales con el Grupo Vázquez, conglomerado empresarial al que pertenece Ueno. Peña reconoció que tuvo participación accionaria en una sociedad vinculada al grupo, pero sostuvo que se desprendió de esas acciones en marzo de 2025 y negó haber sido accionista directo del banco.

Los legisladores que impulsaron el juicio político consideran que esos antecedentes pueden configurar un conflicto de intereses. Entre los cuestionamientos mencionan que Peña mantuvo vínculos económicos con el conglomerado durante parte de su gestión y que designó al frente del Banco Central a Carlos Carvallo, quien anteriormente había ocupado un cargo directivo en Ueno.

Carvallo presentó su renuncia después de que se dispusiera la intervención de la entidad. La situación generó cuestionamientos sobre la independencia de los organismos encargados de supervisar el sistema financiero y sobre la capacidad del Estado para controlar a una empresa con vínculos con funcionarios y dirigentes políticos.

Otro de los puntos bajo investigación es el volumen de fondos públicos y previsionales depositados en la entidad, así como las operaciones crediticias con empresas relacionadas con su accionista controlador. Los acusadores sostienen que existieron irregularidades en la supervisión y en el manejo de esos recursos.

Las acusaciones todavía deben ser probadas: la participación accionaria que Peña reconoció no demuestra por sí sola que haya intervenido en las decisiones de Ueno ni que sea responsable del incumplimiento de la entidad. El proceso político y las investigaciones penales deberán determinar si existieron conductas ilegales y quiénes participaron de ellas.

INVESTIGACIONES PENALES Y DETENCIONES

La crisis también llegó a los tribunales. El Ministerio Público abrió investigaciones para determinar las responsabilidades por el colapso de la entidad y las posibles irregularidades financieras. Las actuaciones incluyen denuncias que alcanzan a Peña, al vicepresidente Pedro Alliana y a funcionarios actuales y anteriores del Banco Central y de organismos previsionales.

El exdirector ejecutivo de Ueno, Miguel Vázquez, quedó detenido y enfrenta acusaciones por presuntos delitos como lesión de confianza y tentativa de estafa. Además, la Justicia ordenó medidas contra otros directivos de la entidad y se realizaron allanamientos en oficinas vinculadas al grupo empresario.

Durante los procedimientos, fiscales y policías secuestraron dispositivos electrónicos y documentación que podría aportar información sobre las operaciones financieras. También fueron retirados vehículos de alta gama de una propiedad vinculada al exdirectivo.

En paralelo, el exarquero de la selección paraguaya José Luis Chilavert se sumó a los cuestionamientos públicos por el caso. A través de sus redes sociales reclamó que se investigue a todos los responsables y utilizó el mensaje «cárcel para todos», en referencia a las personas que pudieran haber participado de las irregularidades.

UN GOBIERNO EN SU MOMENTO MÁS DELICADO

La crisis también provocó movimientos dentro del gabinete. El ministro del Interior, Enrique Riera, presentó su renuncia, al igual que el jefe de Gabinete, Javier Giménez, y el asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno. Las salidas profundizaron el debilitamiento político del Gobierno en medio del proceso parlamentario.

El vicepresidente Pedro Alliana también quedó bajo cuestionamiento, aunque la Cámara de Diputados rechazó avanzar con su juicio político. De acuerdo con la Constitución paraguaya, si Peña dejara definitivamente el cargo, Alliana sería quien debería completar el mandato presidencial, previsto hasta agosto de 2028.

La situación recuerda otros episodios de inestabilidad institucional en Paraguay, aunque el escenario actual tiene una particularidad: el conflicto comenzó con la intervención de una entidad financiera que afectó a millones de ciudadanos y rápidamente se trasladó al plano político, con acusaciones que involucran a las más altas autoridades del país.

El desenlace todavía está abierto. El Senado debe resolver el juicio político y determinar si Peña incurrió en mal desempeño de sus funciones. Al mismo tiempo, la Justicia deberá investigar las operaciones de Ueno, establecer qué ocurrió con los fondos y determinar las responsabilidades penales que correspondan.

Mientras tanto, los ahorristas esperan recuperar el acceso a su dinero y las autoridades buscan evitar que la crisis se extienda al resto del sistema financiero. La caída de Ueno Bank no solo puso en riesgo los ahorros de millones de paraguayos: también desencadenó una crisis política que amenaza con terminar anticipadamente el mandato de Santiago Peña.