CARLOS PRESTI: EL PRIMER MILITAR AL FRENTE DE DEFENSA DESDE 1983

Su ascenso marca un giro simbólico: Milei designó a un teniente general con amplia carrera para conducir el Ministerio de Defensa, rompiendo décadas de tradición civil, pero no todos ven la movida con buenos ojos.

Azul Spalletta/ El presidente Javier Milei nombró al teniente general Carlos Alberto Presti como nuevo ministro de Defensa, reemplazando a Luis Petri. Se trata de algo sin precedentes: es el primer militar en hacerse cargo de esa cartera desde el retorno de la democracia argentina en 1983.

Presti llega al cargo con una carrera militar muy consolidada. Nació el 23 de junio de 1966 y se formó en el Colegio Militar de la Nación, egresando como subteniente en 1987. Ha ocupado posiciones clave: comandó la IV Brigada Aerotransportada, fue jefe del Regimiento de Asalto Aéreo 601 y también director del Colegio Militar.

En el plano internacional, participó en misiones de paz en Haití. Además, tuvo una función diplomática: fue agregado de Defensa en embajadas argentinas en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.

Su llegada a la cima no estuvo exenta de controversia. Cuando fue nombrado jefe del Estado Mayor General del Ejército en enero de 2024, su nombramiento provocó el pase a retiro de 22 generales superiores a él, un recambio muy fuerte en la cúpula militar.

Las críticas ya se escuchan: figuras como Agustín Rossi y Jorge Taiana, ambos exministros de Defensa, advirtieron que esta designación implica un retroceso democrático. Rossi dijo que “es un enorme retroceso para la democracia argentina” y que la conducción civil de las Fuerzas Armadas, una norma que se había consolidado en más de 40 años, queda amenazada. Taiana también alertó que podría normalizarse una “utilización partidaria” de las Fuerzas Armadas bajo este gobierno.

Otro punto clave de la polémica es el pasado familiar de Presti: su padre, Carlos Roque Presti, comandó el Regimiento 7 en La Plata durante la última dictadura militar y fue vinculado por organismos de derechos humanos a casos graves de desapariciones.

No es menor que, después de más de cuatro décadas, un militar vuelva a ocupar el Ministerio de Defensa. Desde la restauración democrática en 1983, se había establecido como un principio no escrito (pero ampliamente respetado) que ese ministerio estuviera bajo control civil. Esa tradición no fue casual: respondía a una lección amarga para la Argentina, con su pasado de dictaduras y golpes militares.

La decisión de Milei, y su discurso, en el cual afirma que “se da por finalizada la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados”, podría interpretarse como un intento de revalorizar a las Fuerzas Armadas. Pero este gesto simbólico también trae riesgos: mezclar tan directamente el poder político con la institución militar puede erosionar el principio básico de subordinación democrática que debería regir en una República.

Además, el silencio de Presti sobre las acusaciones contra su padre levanta una bandera roja: ¿puede asumir este rol alguien cuyo linaje está marcado por denuncias de crímenes de lesa humanidad? No expresarse con claridad al respecto no es un tema menor, especialmente en un país que ha sufrido tanto por el terrorismo de Estado.

La llegada de Presti no es sólo un cambio formal: es un punto de inflexión simbólico y político. Y justamente por eso merece ser observado con lupa por la sociedad. Porque una democracia madura no puede dar por sentado que el uso del poder militar no tendrá consecuencias, y menos si se reinterpreta su rol en el Estado.