CAPUTO CONFIRMA QUE EL GOBIERNO AVANZARÁ CON LA PRIVATIZACIÓN DE AYSA
4 marzo, 2026El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Gobierno nacional avanzará con el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa estatal que provee agua potable y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Según el funcionario, la próxima etapa será la publicación de los pliegos de licitación para transferir hasta el 90 % del paquete accionario a un operador estratégico, en lo que el Ejecutivo considera un paso clave para consolidar la eficiencia operativa y obtener ingresos extraordinarios para las arcas públicas.
EL GOBIERNO SACA A AYSA DEL CONTROL ESTATAL
El anuncio fue realizado por Caputo a través de sus redes sociales, donde celebró los resultados financieros de la empresa y aseguró que, tras el saneamiento de sus cuentas, el siguiente paso será llevar adelante la privatización del servicio.
En su mensaje, el ministro destacó el trabajo de Alejo Maxit, presidente de AySA, en la reorganización de la compañía y señaló que la transición a un esquema con participación mayoritaria del sector privado forma parte de la estrategia oficial para “poner la empresa al servicio del usuario y no de la política”.
¿CÓMO LLEGÓ AYSA A ESTA ETAPA?
AySA cerró el año 2025 con un superávit neto de más de $237 mil millones, una cifra histórica que contrasta con el déficit crónico que venía registrando la compañía en los últimos años. Ese cambio fue resultado de un profundo reordenamiento de gastos, reducción de deuda y actualización tarifaria, que permitieron que la empresa dejara de ser una carga fiscal para el Estado nacional.
El balance positivo también incluyó la puesta en marcha del Sistema Riachuelo, una obra de saneamiento que beneficia a más de 4,5 millones de habitantes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y representa una de las inversiones más grandes en infraestructura sanitaria en décadas.
La transformación financiera y operativa de AySA fue clave para habilitar el paso siguiente: presentar la compañía al mercado como un activo atractivo para inversores nacionales e internacionales, reduciendo su dependencia de los subsidios estatales y fortaleciendo su autonomía administrativa.
PLAN DE PRIVATIZACIÓN Y OBJETIVOS DEL EJECUTIVO
Según fuentes oficiales, la Casa Rosada está ultimando los pliegos de licitación para iniciar el proceso que buscará transferir el 90 % de las acciones de AySA a un operador estratégico con capacidad técnica y financiera. El plan contempla que el 10 % restante permanezca bajo un modelo de propiedad participada, con acciones destinadas a los trabajadores.
El Gobierno estima que la operación podría generar ingresos extraordinarios cercanos a los u$s 500 millones, que se utilizarían para fortalecer las reservas internacionales del Banco Central y reducir la necesidad de transferencias discrecionales del Tesoro para cubrir gastos operativos del servicio.
El esquema oficial prioriza la adjudicación directa del control a un socio estratégico y postergaría, para una etapa posterior, una eventual apertura parcial de capital en la Bolsa, buscando garantizar continuidad del servicio y eficiencia operativa.
¿POR QUÉ ESTA DECISIÓN AHORA?
La decisión de avanzar con AySA se inscribe en la política económica general del Gobierno, que busca consolidar una macroeconomía ordenada, atraer inversiones privadas, y reducir el peso del Estado en actividades productivas y servicios. El propio Caputo ha remarcado en distintos foros que la competitividad del país se impulsa disminuyendo la intervención estatal y promoviendo alianzas con el sector privado.
Además, el saneamiento financiero de AySA, que permitió reducir su deuda en alrededor del 85 %, representó el punto de inflexión que el Ejecutivo consideró necesario para proceder con una privatización que, hasta hace poco, era objeto de debate por los largos años de déficit operativo.
CRÍTICAS Y DEBATES
La propuesta de privatización despierta reacciones diversas. Para sus impulsores, como Caputo y sectores del Gobierno, la medida representa una modernización del servicio, la posibilidad de atraer inversiones privadas y de hacer más eficiente un servicio público que históricamente estuvo marcado por la dependencia fiscal.
Sin embargo, algunos sectores sociales y sindicales han expresado críticas en el pasado, argumentando que la privatización de servicios esenciales, como el agua potable y el saneamiento, puede implicar riesgos de aumento de tarifas, pérdida de control estatal y una menor garantía de acceso universal al servicio. Aunque esas posturas no fueron destacadas en el anuncio oficial reciente, forman parte de un debate más amplio que acompaña estas decisiones.
UN CASO TESTIGO PARA FUTURAS PRIVATIZACIONES
La privatización de AySA se perfila como un “caso testigo” dentro de la estrategia de desinversión estatal que el Gobierno viene impulsando desde la sanción de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y que incluye otros activos públicos en distintas áreas. De concretarse, será una de las mayores operaciones de transferencia de participación estatal en los últimos años.
El proceso de licitación previsto podría atraer a consorcios locales e internacionales que busquen consolidar su presencia en el sector de servicios públicos del país, generando un escenario con múltiples oferentes y potencial capital fresco.
LO QUE VIENE
En las próximas semanas, una vez publicados los pliegos de licitación, arrancará un período de consultas para los interesados, y se avanzará en la recepción de ofertas y la evaluación de propuestas. El Gobierno estima que el proceso se extenderá durante el año y podría cerrar con adjudicaciones antes de fin de 2026, marcando un hito en la historia de AySA y en la política económica argentina.
