BENEGAS LYNCH QUEDÓ EN EL CENTRO DE LA POLÉMICA POR UN PRESUNTO CONFLICTO DE INTERESES EN EL DEBATE DE LA LEY DE TIERRAS
6 agosto, 2026El senador de La Libertad Avanza, Joaquín Benegas Lynch, fue impugnado por la oposición antes del tratamiento del proyecto que buscaba modificar el régimen de propiedad de tierras rurales. El planteo sostiene que mantiene intereses privados vinculados con una empresa dedicada al asesoramiento y comercialización de campos para inversores extranjeros, lo que configuraría un conflicto de intereses. Horas después, el oficialismo retiró del proyecto el capítulo referido a la Ley de Tierras por falta de apoyo en el Senado.
La discusión por la reforma de la Ley de Tierras sumó un nuevo capítulo de alta tensión política luego de que la senadora de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio, presentara una impugnación formal contra el senador libertario Joaquín Benegas Lynch, al considerar que no debía intervenir en el debate ni en una eventual votación por un presunto conflicto de intereses.
La presentación fue dirigida a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, y sostiene que Benegas Lynch mantiene una actividad empresarial directamente vinculada con el objeto de la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional. Según la impugnación, el legislador es fundador y directivo de Glocal Terra S.R.L., una firma que ofrece servicios de administración, valuación, comercialización y asesoramiento para inversiones en campos de Argentina y otros países de la región, incluyendo operaciones con compradores extranjeros.
De acuerdo con la información pública de la compañía, Glocal Terra desarrolla actividades en Argentina, Uruguay, Chile, Perú y Paraguay, asesora a propietarios e inversores y brinda servicios de administración integral de establecimientos rurales. La empresa también informa haber trabajado sobre millones de hectáreas en distintos mercados agropecuarios de América Latina.
Para la oposición, esa vinculación convierte al senador en «juez y parte» dentro de una discusión legislativa que podría impactar directamente sobre el sector en el que desarrolla su actividad privada. Por ese motivo, Di Tullio reclamó que Benegas Lynch se abstuviera de debatir, firmar dictámenes y emitir su voto sobre el proyecto. Además, argumentó que la situación podría entrar en contradicción con los principios establecidos por la Ley de Ética Pública y las normas que regulan los conflictos de intereses en el ejercicio de la función pública.
La controversia surgió en la antesala del tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Gobierno de Javier Milei. Entre sus puntos más debatidos figuraba la modificación del régimen de la Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011, que actualmente limita la cantidad de tierras rurales que pueden quedar en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras.
La propuesta oficial contemplaba elevar del 15% al 25% el límite de superficie rural que podría estar en manos de propietarios extranjeros, además de flexibilizar otras restricciones vigentes. Sin embargo, la iniciativa encontró resistencia tanto en sectores de la oposición como en bloques dialoguistas y representantes de distintas provincias, lo que terminó dejando al oficialismo sin los votos necesarios para avanzar.
Frente a ese escenario, La Libertad Avanza decidió retirar del proyecto el capítulo referido a la Ley de Tierras antes del inicio de la sesión, con el objetivo de evitar una derrota parlamentaria y concentrar el debate en el resto de las reformas incluidas en la iniciativa. Esa decisión dejó sin efecto inmediato la posibilidad de que Benegas Lynch participara de una votación sobre ese punto específico.
El episodio, sin embargo, abrió una discusión más amplia sobre los límites entre la actividad privada y la función legislativa. La oposición sostiene que cualquier senador con intereses económicos directos en un sector alcanzado por una ley debería excusarse de intervenir para garantizar la transparencia del proceso parlamentario. Desde el oficialismo, en cambio, no hubo hasta el momento una respuesta institucional sobre la impugnación, ni Benegas Lynch realizó declaraciones públicas para responder a las acusaciones.
La polémica también volvió a poner en agenda el debate sobre la extranjerización de las tierras rurales en la Argentina. La Ley 26.737, aprobada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2011, fijó límites a la compra de tierras por parte de extranjeros con el objetivo de preservar recursos estratégicos y evitar la concentración de la propiedad rural en manos de capitales internacionales. Desde entonces, su alcance ha sido objeto de reiterados debates políticos y judiciales, especialmente en torno al equilibrio entre la atracción de inversiones y la protección de los recursos naturales.
Aunque el capítulo sobre tierras quedó fuera del proyecto oficial, el planteo presentado contra Benegas Lynch instaló un nuevo foco de conflicto político en el Senado y reavivó la discusión sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención de conflictos de intereses cuando legisladores participan en el tratamiento de iniciativas que podrían tener impacto sobre sus actividades privadas.
