BAJAR LA EDAD DE IMPUTABILIDAD: EL GOBIERNO REABRE UN DEBATE CLAVE ENTRE SEGURIDAD Y DERECHOS

La iniciativa oficialista, que propone reducir la edad mínima de imputabilidad penal de 16 a 13 años, fue nuevamente puesta en agenda legislativa y genera un intenso debate político, social y jurídico. Sus defensores hablan de justicia y respuesta a la inseguridad, mientras que críticos alertan sobre derechos de la infancia y experiencias internacionales.

El Gobierno nacional de Javier Milei defendió con firmeza este martes su proyecto de ley para reformar el Régimen Penal Juvenil, cuyo elemento central es la reducción de la edad de imputabilidad penal de 16 a 13 años. La iniciativa fue incluida formalmente en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso, convocadas del 2 al 27 de febrero de 2026, con el objetivo de que los legisladores la discutan en detalle.

¿Qué es la edad de imputabilidad?

La edad de imputabilidad es la cifra mínima a partir de la cual una persona puede ser responsabilizada penalmente por un delito y ser juzgada como autor de un hecho delictivo. En Argentina, ese piso está hoy en 16 años, según el Régimen Penal Juvenil vigente desde 1980. Los menores de esa edad quedan fuera del sistema penal tradicional y son tratados por la justicia de menores, con medidas socioeducativas más orientadas a la reinserción que a la sanción punitiva.

Qué propone el Gobierno

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, calificó al régimen actual como “malísimo” e injusto tanto para las víctimas como para los menores, y afirmó que “el joven de 1980 no es el joven de 2026”, apelando a la idea de que la realidad social y criminal ha cambiado. Señaló que hay casos de delitos graves cometidos por adolescentes, incluidos homicidios, robos con armas y abusos sexuales, donde, según su criterio, los menores “comprenden perfectamente lo que hacen”.

El proyecto oficial, que se debatirá en plenario de comisiones en la Cámara de Diputados, busca entonces bajar la edad a 13 años y permitir que quienes cometan delitos graves puedan ser juzgados en el sistema penal común, con penas acordes al tipo de delito.

Argumentos a favor: justicia y respuesta a inseguridad

Quienes apoyan la iniciativa sostienen que reducir la edad de imputabilidad responde a una demanda social por mayor seguridad y justicia para las víctimas. La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, ha declarado que sin consecuencias claras para los menores infractores estos tendrían “libertad para delinquir”, y que la ley debe alinearse con la percepción ciudadana sobre la necesidad de sanciones más severas.

Otro argumento es que el sistema actual, diseñado hace más de cuatro décadas, no contempla los cambios sociales, tecnológicos y delictuales ocurridos desde entonces, y por eso no puede dar respuesta a delitos graves cometidos por adolescentes —según sostienen sectores del oficialismo.

Además, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, afirmó que la política legislativa responde a un “mandato claro” de la ciudadanía expresado en votos: “El que las hace, las paga”.

¿LOS DELINCUENTES MAYORES UTILIZAN A MENORES POR SER INIMPUTABLES?

Uno de los argumentos más repetidos en el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad es que bandas delictivas integradas por adultos utilizan a menores de edad para cometer delitos, aprovechando que no pueden ser juzgados penalmente.
Si bien existen casos comprobados, especialistas advierten que se trata de una realidad parcial y no de la causa central de la delincuencia juvenil.

Fuentes judiciales y policiales han reconocido que algunos grupos criminales reclutan adolescentes para tareas específicas como “campana”, transporte de droga o robos menores, precisamente porque el sistema penal no permite condenarlos cuando tienen menos de 16 años. Esta práctica se observa con mayor frecuencia en narcomenudeo y delitos de baja escala, donde el riesgo penal es menor.

Sin embargo, distintos estudios y estadísticas oficiales coinciden en que la gran mayoría de los delitos graves son cometidos por adultos, y que el uso sistemático de menores por parte de bandas organizadas no es un fenómeno generalizado. Además, muchos adolescentes que delinquen no responden a estructuras criminales, sino a contextos de exclusión social, abandono institucional, consumo problemático y falta de oportunidades.

Especialistas en criminología advierten que bajar la edad de imputabilidad no garantiza la eliminación de esta práctica. En países donde se redujo el umbral penal, las organizaciones delictivas se adaptaron, recurriendo a jóvenes aún más pequeños o modificando sus métodos. Por eso, señalan que el problema no se resuelve únicamente con endurecimiento penal.

Desde una mirada integral, los expertos coinciden en que una respuesta efectiva debería incluir:

• Persecución penal agravada a los adultos que reclutan o utilizan menores.
• Fortalecimiento de la justicia juvenil especializada, con foco en la reinserción.
• Políticas públicas de prevención temprana, educación y contención social.

En este marco, el debate sobre la edad de imputabilidad vuelve a poner en tensión seguridad, derechos de la infancia y responsabilidad del Estado, en una discusión que excede el castigo penal y obliga a revisar el modelo de abordaje de la delincuencia juvenil en Argentina.

Críticas y preocupaciones

No obstante, la propuesta enfrenta fuerte rechazo de organizaciones de derechos humanos, especialistas en infancia, sectores del peronismo y parte de la sociedad civil. Los críticos argumentan que bajar la edad de imputabilidad no resuelve las causas profundas de la violencia ni de la delincuencia juvenil, y puede incluso agravar situaciones de exclusión y generar más daño que beneficio.

Expertos en derechos del niño señalan que el contexto internacional generalmente sitúa la edad de responsabilidad penal en 14 años o más, y que bajar la edad puede contradecir recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, que advierte que edades muy bajas no son aceptables porque los niños no han desarrollado plena capacidad de comprensión de sus actos.

Experiencias internacionales: diversidad de enfoques

La edad de imputabilidad varía significativamente entre países:

• En Inglaterra y Gales es de 10 años, una de las más bajas del mundo, aunque grupos de jueces han pedido elevarla a 14 por razones de desarrollo infantil.
• Países como Canadá sitúan la edad en 12 años, con mecanismos que reconocen desarrollo y contexto.
• En Uruguay, una propuesta similar de bajar la edad de 18 a 16 fue rechazada en referéndum en 2014.
• Organizaciones internacionales han documentado ejemplos de Panamá, que redujo de 14 a 12 años, pero también las reversiones en algunos países tras críticas de organismos de derechos.

También existen modelos que, en vez de bajar la edad, promueven sistemas de justicia juvenil con enfoque rehabilitador y opciones que no implican ingreso al sistema penal tradicional, enfatizando programas educativos, apoyo social y esquemas de reinserción.

¿Cuáles son los beneficios posibles?

Los defensores del proyecto enumeran posibles beneficios:

• Mayor responsabilidad individual: que adolescentes conscientes de sus actos respondan ante la justicia de forma equivalente a adultos.
• Mayor percepción de seguridad: al enviar un mensaje de firmeza ante delitos graves cometidos por menores.
• Respuesta legislativa actualizada: adaptando normas que para algunos están desfasadas respecto de la realidad social.

¿Y las consecuencias?

Entre las críticas y riesgos señalados:

• Vulneración de derechos de la infancia: procesar penalmente a niños y jóvenes de 13 años puede ir en contra de estándares internacionales de protección.
• Efectos negativos en desarrollo: estudios sugieren que el contacto temprano con sistemas punitivos puede aumentar la reincidencia y dañar oportunidades de reinserción.
• Carga al sistema penal: un aumento de procesos judiciales contra adolescentes puede saturar recursos judiciales y penitenciarios sin garantizar mejores resultados.

¿Qué sigue en el Congreso?

El proyecto será uno de los ejes centrales de la agenda en las sesiones extraordinarias de febrero, con debates intensos en comisiones y en el pleno de la Cámara baja, antes de llegar al Senado, donde se anticipa una discusión más extensa.

En definitiva, la iniciativa de bajar la edad de imputabilidad abrió un debate profundo sobre seguridad, justicia, derechos de la infancia y modelos de política criminal, que promete marcar la agenda legislativa y social en Argentina durante 2026. El resultado de esa discusión podría tener impactos duraderos en el sistema de justicia penal y en la manera en que la sociedad aborda la delincuencia juvenil.