AUMENTO PARA PRESTACIONES DE DISCAPACIDAD: EL GOBIERNO CONCEDE HASTA 35%, PERO EL RECLAMO POR INCUMPLIMIENTO DE LA LEY PERSISTE

El Ejecutivo nacional oficializó un incremento escalonado de entre 29 % y 35 % para prestadores del sector de discapacidad, que se hará efectivo entre octubre y diciembre. Organizaciones del ámbito advierten que la medida no respeta el pleno cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la califican como “claramente insuficiente”.

El miércoles, el Gobierno mediante la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el Ministerio de Salud de la Nación resolvió un aumento del nomenclador para prestadores de salud vinculados a la discapacidad, que será de entre 29,7 % y 35,4 % en promedio, distribuido en tres tramos a realizarse en octubre, noviembre y diciembre.

Según el comunicado oficial, la medida busca que “las prestaciones estén por encima de la inflación proyectada para 2025”. El aumento alcanzará servicios tales como transporte, rehabilitación, hogares, residencias y apoyo educativo y laboral, con acumulados de 34,53 % para ciertos rubros y 29,73 % para otros.

Pese al anuncio, distintas organizaciones que representan al colectivo de personas con discapacidad y a los prestadores denunciaron que la subida no se ajusta a lo que establece la Ley de Emergencia, vigente desde septiembre, y que se trata de una medida “claramente insuficiente”.

Según el análisis de las entidades, los ejes que generan insatisfacción incluyen:

El retraso en los pagos, ya que aunque el incremento comienza en octubre, se advierte que los efectos concretos podrían sentirse recién en marzo o abril de 2026.

Que la escala del aumento no contempla el verdadero impacto inflacionario acumulado ni las deudas pendientes con los prestadores.

Que la Ley de Emergencia en Discapacidad exige otros estándares de actualización y financiamiento que no han sido respetados en su totalidad.

La Ley de Emergencia en Discapacidad fue aprobada por el Congreso con el objetivo de garantizar el financiamiento de las pensiones por discapacidad y asegurar la actualización periódica de los aranceles del sector. Las organizaciones denuncian que la medida recién anunciada no se ajusta plenamente a lo estipulado en esa normativa.

La actualización del nomenclador mejora marginalmente la situación financiera de prestadores en un contexto de alta inflación y presión de costos médicos. Sin embargo, al mantenerse las quejas por incumplimiento de la ley y el retraso en los pagos, persiste una situación de tensión entre el Gobierno y los prestadores. Esto puede afectar la prestación de servicios esenciales para personas con discapacidad.

El anuncio del aumento de hasta 35 % para el sector de discapacidad marca un gesto del Gobierno hacia el reclamo activo de los prestadores y del colectivo de personas con discapacidad. Sin embargo, el mismo gesto no parece haber cubierto las expectativas legislativas ni operativas derivadas de la Ley de Emergencia, lo que torna el incremento como un paliativo más que una solución integral. Queda por ver si, en los meses venideros, se cumplen los plazos, se ajustan los montos según inflación y se respeta la normativa vigente en su totalidad.