ALLANAN AL DIRECTOR DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL POR LA COMPRA DE COMIDA EN MAL ESTADO PARA RECLUSOS EN EZEIZA
29 diciembre, 2025La Justicia federal ordenó un allanamiento en las oficinas del director del SPF en el marco de una causa que investiga presuntos vínculos con empresas proveedoras de alimentos deficientes e irregularidades en licitaciones.
El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, ordenó un allanamiento en las oficinas de Fernando Julián Martínez, director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), en el marco de una investigación que busca determinar si existieron irregularidades y presuntos vínculos con empresas proveedoras de comida en mal estado para internos del penal de Ezeiza.
La causa se inició a raíz de denuncias y reclamos constantes por la calidad de los alimentos suministrados a las personas privadas de la libertad, que habrían incluido raciones deficientes o no aptas para el consumo humano, y la sospecha de una posible cartelización en la contratación del servicio de alimentación.
Según las fuentes judiciales, Martínez, quien está al frente del SPF desde marzo de 2024, fue señalado como uno de los principales involucrados en la presunta maniobra. La investigación apunta a establecer si el organismo que dirige facilitó o avaló la adjudicación de contratos a firmas que entregarían alimentos en malas condiciones a los reclusos.
Durante el procedimiento, que se llevó a cabo el viernes por la mañana, se vivieron momentos de tensión cuando los funcionarios solicitaron la entrega del teléfono móvil personal de Martínez. La defensa del funcionario entregó un celular que no era de uso habitual, argumentando que había “extraviado” el dispositivo habitual esa misma mañana, versión que fue puesta en duda tras un peritaje que determinó que el teléfono dado tenía actividad apenas una hora antes del allanamiento. Esto alimentó la hipótesis de que el director habría recibido un aviso previo sobre la medida judicial.
La sospecha de las autoridades es que el servicio de alimentación a los presos de la Unidad Penal de Ezeiza podría estar concentrado en empresas pantalla o vinculadas, lo que permitiría evadir sanciones previas y continuar con la provisión de alimentos de mala calidad.
El escándalo, que ya venía desarrollándose desde hace meses con múltiples quejas de internos y habeas corpus presentados por familiares y ex detenidos, sugiere la existencia de una red de corrupción que podría involucrar a actores dentro del propio SPF y a proveedores externos, lo que ha generado alarma por el estado de los alimentos distribuidos, que según relatos incluirían restos de insectos y otros elementos indeseables.
La causa se encuentra en una etapa preliminar de recolección de pruebas y testimonios, y no se han informado imputaciones formales hasta el momento. Sin embargo, el avance de la investigación y el allanamiento a la máxima autoridad del SPF marcan un punto de inflexión en un expediente que expone graves cuestionamientos sobre la transparencia en la administración de servicios básicos en centros penitenciarios federales.
La Justicia continuará con la recopilación de documentación y peritajes para determinar si existió un acuerdo ilícito entre funcionarios y proveedores, así como eventuales responsabilidades administrativas o penales de los involucrados, en medio de un fuerte reclamo social por garantizar condiciones dignas para las personas privadas de libertad.
