A DOS AÑOS DEL PROTOCOLO ANTIPIQUETES, AMNISTÍA DENUNCIA MÁS DE 2.500 HERIDOS Y ALERTA SOBRE LA ESCALADA REPRESIVA
14 diciembre, 2025La organización internacional advierte un grave retroceso en los derechos de protesta y libertad de expresión tras dos años de vigencia de la resolución 943/2023 que redefine a los cortes de vía como delito y otorga facultades ampliadas a las fuerzas de seguridad.
En el marco del segundo aniversario de la implementación del denominado Protocolo Antipiquetes, Amnistía Internacional (AI) presentó un informe que documenta más de 2.500 personas heridas en manifestaciones por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad argentinas entre 2024 y 2025. Según el relevamiento, la medida —establecida por la Resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad— considera delito cualquier corte de la circulación, habilitando desalojos y detenciones sin orden judicial, en contraste con estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y los derechos humanos.
Para AI, la vigencia del protocolo ha derivado en lo que define como una escalada represiva institucionalizada, con un incremento del 77% en las detenciones arbitrarias registradas entre 2024 y 2025, y el uso de balas de goma, gases lacrimógenos y golpes físicos que dejaron a centenares de manifestantes con lesiones de diversa gravedad. También se contabilizan cuatro casos documentados de pérdida ocular permanente atribuida a disparos de balas de goma durante operativos.
La organización llamó la atención sobre la afectación al ejercicio del periodismo, informando que al menos 184 trabajadores de prensa resultaron heridos, y varios fueron detenidos de manera arbitraria mientras cubrían protestas. AI advirtió que estos ataques generan un “efecto silenciador” que inhibe tanto el derecho a la protesta como el derecho a la información. Entre los casos más graves se encuentra el del fotógrafo Pablo Grillo, quien sufrió una fractura expuesta de cráneo tras recibir el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno el 12 de marzo de 2025 mientras cubría una movilización, hecho por el cual la Justicia procesó al responsable policial.
Organizaciones de derechos humanos, junto con Amnistía Internacional, están impulsando una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de declarar la inconstitucionalidad del Protocolo Antipiquetes. Para estas entidades, el Estado argentino debe garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y poner fin a una normativa que consideran incompatible con la Constitución Nacional y los tratados internacionales que protegen los derechos de reunión y expresión.
La controversia en torno al protocolo se inscribe en un contexto de creciente tensión entre las políticas de seguridad del gobierno nacional y los reclamos de sectores sociales que advierten sobre un retroceso en libertades fundamentales frente a la protesta y la disidencia pública.
