A 11 AÑOS DE NI UNA MENOS, MILES DE PERSONAS VOLVIERON A LAS CALLES EN TODO EL PAÍS

La histórica consigna que surgió en 2015 volvió a movilizar a miles de personas en distintas ciudades argentinas. Organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, de derechos humanos y colectivos vinculados a la lucha contra la violencia de género participaron de una nueva jornada de reclamo, en un contexto marcado por el debate sobre las políticas públicas destinadas a la prevención y asistencia de las víctimas. La movilización coincidió además con fuertes cruces entre el Gobierno nacional y los organizadores de la convocatoria.

Once años después de la primera marcha que conmocionó a la Argentina, la consigna Ni Una Menos volvió a reunir a miles de personas en las calles de todo el país. La jornada del 3 de junio tuvo epicentro en la Ciudad de Buenos Aires, pero se replicó en numerosas provincias y municipios con actividades, concentraciones, actos y movilizaciones que pusieron nuevamente en agenda la problemática de la violencia de género y el rol del Estado frente a esta realidad.

La convocatoria nació en 2015 luego del femicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años asesinada en la provincia de Santa Fe. Aquella movilización marcó un antes y un después en la discusión pública sobre la violencia contra las mujeres y generó una de las expresiones sociales más importantes de las últimas décadas en Argentina.

Desde entonces, cada 3 de junio se transformó en una fecha de referencia para miles de personas que reclaman medidas concretas para prevenir la violencia, asistir a las víctimas y garantizar el acceso a la justicia.

Este año, las movilizaciones estuvieron atravesadas por la preocupación de distintas organizaciones ante la reducción de programas y estructuras estatales vinculadas a las políticas de género. Durante los actos, referentes sociales y organismos de derechos humanos señalaron que la situación económica y los recortes presupuestarios afectan particularmente a sectores vulnerables que dependen de la asistencia estatal para enfrentar situaciones de violencia.

Uno de los ejes centrales de la jornada fue la defensa de las políticas públicas destinadas a la prevención y acompañamiento de víctimas de violencia de género, un punto que generó fuertes debates durante los últimos meses.

En paralelo, la movilización coincidió con declaraciones de referentes del Gobierno nacional que cuestionaron algunas de las consignas impulsadas por los organizadores.

Desde sectores oficialistas sostuvieron que los delitos deben analizarse desde la responsabilidad individual de quienes los cometen y rechazaron las interpretaciones que vinculan los femicidios con fenómenos estructurales de carácter social o cultural. Estas expresiones generaron respuestas de organizaciones sociales y de derechos humanos, que defendieron la necesidad de abordar la problemática desde una perspectiva integral.

El debate volvió a exponer dos miradas diferentes sobre el papel que debe cumplir el Estado frente a la violencia de género. Mientras desde el Gobierno se insiste en la reducción de estructuras específicas y en una reorganización de los recursos públicos, diversos sectores sociales consideran que la problemática requiere políticas focalizadas y una fuerte presencia estatal.

La marcha también sirvió para recordar a las víctimas de femicidios registradas en los últimos años. Durante la jornada se realizaron homenajes, intervenciones artísticas y lecturas de documentos en los que se reclamó mayor celeridad judicial y mejores mecanismos de prevención.

Además de las organizaciones vinculadas históricamente a Ni Una Menos, participaron sindicatos, agrupaciones estudiantiles, movimientos sociales, organismos de derechos humanos, centros culturales, colectivos barriales y ciudadanos independientes que se sumaron a las actividades convocadas en distintas localidades.

La amplitud de la convocatoria mostró cómo, a más de una década de su nacimiento, Ni Una Menos logró trascender los límites de los espacios que le dieron origen para convertirse en una referencia social que involucra a múltiples sectores de la sociedad.

Lo que comenzó en 2015 como una reacción colectiva frente a un crimen que conmocionó al país terminó convirtiéndose en un movimiento capaz de instalar debates sobre violencia, derechos, igualdad, acceso a la justicia y políticas públicas.

A once años de aquella primera movilización, la consigna continúa vigente y mantiene capacidad de convocatoria en un contexto político, económico y social muy diferente al de sus inicios. Las discusiones sobre el alcance de las políticas estatales, la protección de las víctimas y las responsabilidades institucionales siguen ocupando un lugar central en la agenda pública.

Mientras persisten las diferencias sobre cuáles son las herramientas más adecuadas para enfrentar la problemática, miles de personas volvieron a las calles con una demanda que atraviesa gobiernos, partidos políticos e ideologías: la necesidad de reducir la violencia y garantizar condiciones de vida más seguras para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Once años después, el grito de Ni Una Menos continúa resonando en plazas, avenidas y espacios públicos de toda la Argentina, recordando que la discusión sigue abierta y que el reclamo mantiene una fuerte presencia en la sociedad.