A 11 AÑOS DE NI UNA MENOS: ENTRE LAS ALARMAS INTERNACIONALES, EL DESFINANCIAMIENTO Y LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

A once años de la histórica movilización que marcó un antes y un después en la lucha contra los femicidios en Argentina, organizaciones sociales, especialistas y organismos internacionales advierten sobre el impacto de los recortes en políticas públicas de género. Mientras crecen las denuncias por violencia machista y continúan registrándose femicidios en todo el país, el debate vuelve a centrarse en el rol del Estado, el financiamiento de los programas de asistencia y los desafíos pendientes para garantizar derechos y protección a mujeres y diversidades.

El 3 de junio de 2015 una multitud colmó plazas y calles de todo el país bajo una consigna que rápidamente se transformó en un símbolo de época: «Ni Una Menos». Aquella movilización surgió como respuesta al crecimiento de los femicidios y a una larga lista de casos que habían conmocionado a la sociedad argentina. Lo que comenzó como una convocatoria impulsada por periodistas, escritoras, activistas y organizaciones feministas terminó convirtiéndose en uno de los movimientos sociales más importantes de la historia reciente del país.

Once años después, el reclamo continúa vigente.

Las organizaciones feministas sostienen que, si bien hubo avances legislativos e institucionales desde aquella primera marcha, la violencia por motivos de género sigue siendo una problemática estructural que afecta a miles de mujeres y diversidades en Argentina. Además, advierten que durante los últimos años se produjo un retroceso en diversas políticas públicas destinadas a la prevención, asistencia y acompañamiento de las víctimas.

EL GRITO QUE CAMBIÓ LA AGENDA PÚBLICA

La primera marcha de Ni Una Menos nació tras una serie de femicidios que generaron una profunda conmoción social. Entre ellos, el asesinato de la adolescente Chiara Páez en la provincia de Santa Fe se convirtió en uno de los detonantes de la movilización.

La masividad de aquella jornada obligó a que la violencia de género pasara a ocupar un lugar central en la agenda política, mediática y judicial del país.

A partir de entonces se fortalecieron campañas de concientización, se ampliaron herramientas institucionales y se impulsaron reformas legales destinadas a mejorar la protección de las víctimas.

La creación de áreas específicas en distintos niveles del Estado, la implementación de programas de asistencia económica para mujeres en situación de violencia y el fortalecimiento de líneas de atención y acompañamiento fueron algunas de las medidas que surgieron durante los años posteriores.

Sin embargo, los colectivos feministas remarcan que los cambios culturales y estructurales avanzan a un ritmo mucho más lento que la urgencia de los casos.

CIFRAS QUE SIGUEN GENERANDO PREOCUPACIÓN

A más de una década de la primera movilización, las estadísticas continúan mostrando una realidad alarmante.

Cada año se registran decenas de femicidios en Argentina, mientras miles de mujeres realizan denuncias por situaciones de violencia física, psicológica, económica o sexual.

Los observatorios especializados señalan que una parte importante de las víctimas había denunciado previamente a sus agresores o mantenía vínculos cercanos con ellos, un dato que evidencia las dificultades que todavía existen para garantizar mecanismos efectivos de protección.

La mayoría de los femicidios continúa ocurriendo en ámbitos privados y es cometida por parejas, exparejas o personas cercanas a las víctimas, lo que demuestra que la violencia de género sigue siendo una problemática profundamente arraigada en la vida cotidiana.

A esto se suma el impacto que tienen las desigualdades económicas, la precarización laboral y las dificultades para acceder a viviendas o ingresos propios, factores que muchas veces dificultan que las mujeres puedan salir de situaciones de violencia.

LAS ADVERTENCIAS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES

Durante los últimos meses, distintos organismos internacionales vinculados a los derechos humanos y a la protección de mujeres expresaron preocupación por el rumbo de las políticas de género en Argentina.

Las observaciones apuntaron principalmente a la reducción de programas específicos, a la disminución de recursos destinados a la asistencia de víctimas y a la eliminación o reestructuración de áreas estatales creadas para abordar estas problemáticas.

Las advertencias señalan que la violencia de género requiere políticas sostenidas en el tiempo y que los recortes presupuestarios pueden tener consecuencias directas sobre la capacidad de respuesta del Estado.

Especialistas en la materia remarcan que los sistemas de prevención, asistencia psicológica, patrocinio jurídico y acompañamiento económico suelen ser fundamentales para evitar situaciones de riesgo extremo.

EL DEBATE SOBRE EL ROL DEL ESTADO

Uno de los principales ejes de discusión gira en torno al papel que debe desempeñar el Estado frente a la violencia machista.

Desde el Gobierno nacional se sostiene que muchas de las estructuras creadas durante años anteriores no lograron resolver los problemas de fondo y que resulta necesario reorganizar recursos y programas.

Por su parte, organizaciones feministas, académicas y referentes de derechos humanos consideran que la reducción de herramientas institucionales implica un debilitamiento de la capacidad estatal para asistir a quienes atraviesan situaciones de violencia.

La discusión ya no se limita únicamente a la existencia de programas específicos, sino que también involucra el presupuesto disponible para sostener refugios, líneas de atención, dispositivos territoriales y asistencia integral para las víctimas.

En ese contexto, numerosas organizaciones convocaron a movilizaciones en todo el país para volver a poner en agenda la problemática.

LOS CAMBIOS CULTURALES Y LOS DESAFÍOS PENDIENTES

A pesar de las dificultades, quienes integran el movimiento Ni Una Menos destacan que la sociedad argentina experimentó transformaciones profundas desde 2015.

La violencia de género dejó de ser considerada un asunto privado para convertirse en una problemática social y política.

Las nuevas generaciones incorporaron con mayor fuerza debates vinculados a la igualdad de género, los vínculos libres de violencia, la educación sexual integral y los derechos de mujeres y diversidades.

También se produjeron avances significativos en materia legislativa, como la ampliación de derechos vinculados a la identidad de género, la interrupción voluntaria del embarazo y diversas normativas orientadas a la prevención de las violencias.

Sin embargo, las organizaciones remarcan que la existencia de leyes no garantiza automáticamente su cumplimiento.

La falta de recursos, las dificultades de acceso a la Justicia y las desigualdades territoriales continúan siendo obstáculos importantes.

UNA LUCHA QUE TRASCIENDE LAS FRONTERAS

El impacto de Ni Una Menos no quedó limitado a Argentina.

Con el paso de los años, la consigna se expandió a distintos países de América Latina y se convirtió en una referencia para movimientos feministas de toda la región.

Las movilizaciones contra los femicidios, la violencia sexual y las desigualdades de género encontraron en aquella experiencia argentina un punto de inspiración para nuevas formas de organización colectiva.

En países como México, Chile, Perú, Bolivia y Uruguay se desarrollaron expresiones similares que compartieron diagnósticos y demandas comunes.

La dimensión regional del fenómeno permitió además visibilizar que la violencia contra las mujeres constituye un problema estructural que atraviesa fronteras, culturas y sistemas políticos.

EL RECLAMO QUE SIGUE VIGENTE

A once años de aquella multitudinaria movilización de 2015, las calles vuelven a ser escenario de actos, concentraciones y actividades de reflexión en distintos puntos del país.

Las consignas se actualizan, aparecen nuevos desafíos y cambian los contextos políticos, pero el reclamo central permanece intacto.

Ni Una Menos nació para exigir que ninguna mujer sea asesinada por razones de género. Once años después, mientras continúan registrándose femicidios y persisten las discusiones sobre el alcance de las políticas públicas, la consigna sigue funcionando como una advertencia y como una demanda que aún espera respuestas definitivas.

La historia del movimiento demuestra que la visibilización social logró transformar debates que durante décadas permanecieron relegados. Sin embargo, también evidencia que la erradicación de la violencia de género continúa siendo una deuda pendiente para la democracia argentina.

Por eso, cada 3 de junio no solo se recuerda una movilización histórica. También se renueva una exigencia colectiva que atraviesa generaciones: construir una sociedad donde las mujeres y diversidades puedan vivir libres de violencia, con igualdad de derechos y con la certeza de que el Estado estará presente para garantizar su protección.