CRECE LA POLÉMICA EN SANTA CRUZ POR EL DECRETO DE VIDAL QUE AUTORIZÓ LA VENTA DE TIERRAS PROTEGIDAS A CAPITALES DE DUBÁI

CRECE LA POLÉMICA EN SANTA CRUZ POR EL DECRETO DE VIDAL QUE AUTORIZÓ LA VENTA DE TIERRAS PROTEGIDAS A CAPITALES DE DUBÁI

17 noviembre, 2026 Desactivado Por Sitio digital Columna de Opinión

La medida habilitó una operación inmobiliaria en la Península de Magallanes, frente al glaciar Perito Moreno, para desarrollar un emprendimiento turístico de 24 ecocabañas y tres senderos. La autorización exceptuó una restricción provincial vigente desde 2017 y generó el rechazo de vecinos, organizaciones ambientales, empresarios turísticos y autoridades de El Calafate. La Justicia ordenó frenar provisoriamente el cambio de titularidad y la Legislatura reclama acceder a toda la documentación del expediente.

La decisión del gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, de autorizar una operación inmobiliaria en un sector protegido de la Península de Magallanes abrió un conflicto político, judicial y ambiental que continúa creciendo. El decreto 915/2026, firmado el 1° de septiembre, permitió que una empresa vinculada a capitales de Dubái adquiriera tierras ubicadas frente al glaciar Perito Moreno para desarrollar un proyecto turístico de alto nivel.

La medida exceptuó una restricción establecida por el propio Gobierno provincial en 2017, que limita la transferencia de inmuebles a compradores extranjeros dentro de determinadas áreas naturales protegidas. Aunque el decreto establece que la autorización es excepcional y no podrá utilizarse como antecedente para otras operaciones, su alcance generó cuestionamientos sobre los criterios utilizados por el Ejecutivo y las consecuencias que podría tener para la conservación de la zona.

El caso tomó mayor dimensión luego de que se conocieran detalles de la empresa compradora, las características del emprendimiento y las objeciones planteadas por distintos sectores de la comunidad. A las críticas políticas se sumaron pedidos de informes en la Legislatura, reclamos de vecinos y una presentación judicial que derivó en una medida cautelar para impedir que se concrete la transferencia de los terrenos mientras se resuelve la controversia.

QUÉ AUTORIZÓ EL DECRETO DE CLAUDIO VIDAL

El Decreto 915/2026 habilitó a la firma Lacustre del Sud S.A., propietaria de los inmuebles involucrados, a transferirlos a ASB Hospitality Calafate S.A.U. La operación comprende terrenos identificados en el expediente como parcelas de la Península de Magallanes, en el departamento Lago Argentino, una zona de especial valor ambiental y paisajístico por su ubicación frente al Parque Nacional Los Glaciares y el glaciar Perito Moreno.

La autorización fue otorgada «por única vez y con carácter estrictamente excepcional» y dejó sin efecto, para esta operación, las restricciones contempladas en el Decreto 994/2017. Esa normativa había establecido condiciones específicas para las transferencias de tierras dentro del área protegida, con el objetivo de limitar la especulación inmobiliaria y preservar el entorno natural.

La excepción habilitó la compraventa entre dos sociedades privadas. Es importante aclarar que no se trata de una venta directa de tierras propiedad del Estado provincial, sino de una operación inmobiliaria entre Lacustre del Sud S.A. y la firma adquirente, que pudo avanzar a partir de la autorización excepcional del Poder Ejecutivo.

La empresa compradora, ASB Hospitality Calafate S.A.U., fue constituida el 27 de julio de 2026 como sociedad anónima unipersonal, con un capital inicial de 30 millones de pesos y domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. Su único accionista es ASB Hospitality LLC, una sociedad registrada en Dubái en 2018 y vinculada al sector hotelero, turístico e inmobiliario.

De acuerdo con la información difundida sobre la operación, la compañía forma parte del entramado empresarial de Albwardy Investment, grupo asociado al empresario emiratí Ali Albwardy, con inversiones hoteleras internacionales y presencia en la Argentina.

UN PROYECTO TURÍSTICO FRENTE AL PERITO MORENO

La transferencia está vinculada con el denominado «Master Plan Ecocentro», un desarrollo turístico que contempla la construcción de 24 ecocabañas y tres senderos en la Península de Magallanes.

La ubicación del emprendimiento es uno de los principales motivos de preocupación. Se trata de un sector que integra el entorno de uno de los paisajes naturales más reconocidos del país y que se encuentra frente al glaciar Perito Moreno, dentro de un área sometida a un régimen provincial de protección.

Los cuestionamientos no se limitan a la nacionalidad de los inversores ni a la operación inmobiliaria. Vecinos, prestadores turísticos y organizaciones ambientales reclaman conocer en detalle qué infraestructura se pretende instalar, cuál será su impacto sobre el bosque nativo y los recursos hídricos, cómo se resolverán los servicios de energía y tratamiento de efluentes y qué controles se aplicarán durante la construcción y el funcionamiento del complejo.

También se discute la posibilidad de habilitar alojamientos y pernoctaciones en un sector cuya conservación constituye uno de los principales argumentos para limitar el desarrollo inmobiliario.

Desde el sector turístico local advirtieron que la incorporación de un emprendimiento de estas características podría modificar el perfil de la actividad en la zona y reclamaron que cualquier iniciativa sea discutida públicamente antes de avanzar.

LAS OBJECIONES POR LA FALTA DE INFORMACIÓN

La decisión generó sorpresa entre legisladores provinciales, que señalaron que no habían tenido conocimiento previo de la autorización. Ante esa situación, la Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó por unanimidad un pedido para acceder al expediente administrativo completo y conocer los antecedentes técnicos y jurídicos que fundamentaron el decreto.

Las críticas también apuntaron a la documentación utilizada para justificar el emprendimiento. Según una investigación periodística difundida por Minuto Uno, el expediente remitido a la Legislatura presentaba faltantes y no incluía cerca de 60 páginas de documentación. Entre los elementos que, según ese informe, no estaban incorporados figuraba una oferta anterior de Lacustre del Sud S.A. para vender los terrenos al Estado provincial por tres millones de dólares.

La investigación también señaló inconsistencias en la identificación inicial de los inmuebles y cambios en la información referida a los potenciales compradores durante el trámite. Esos aspectos deberán ser contrastados con el expediente administrativo completo y las explicaciones oficiales.

Otro de los puntos cuestionados es la documentación ambiental. Organizaciones y referentes locales sostienen que los estudios disponibles corresponderían a una versión anterior del proyecto, con características diferentes de las obras que ahora se pretenden desarrollar. Por eso reclaman que se informe si existe una evaluación de impacto ambiental actualizada y si se cumplieron los procedimientos de participación ciudadana correspondientes.

Hasta el momento, estas observaciones forman parte de los cuestionamientos planteados por los sectores que se oponen a la operación y de las investigaciones periodísticas difundidas. Su alcance deberá determinarse a partir de la revisión integral de los antecedentes administrativos y técnicos.

EL RECHAZO DEL INTENDENTE Y DE LAS ORGANIZACIONES LOCALES

El intendente de El Calafate, Javier Belloni, cuestionó la decisión provincial y manifestó su preocupación tanto por la transferencia de las tierras como por el destino que se pretende darles.

El jefe comunal sostuvo que el debate no puede reducirse a quién compra el inmueble, sino que debe contemplar las consecuencias de habilitar alojamientos turísticos en un área que históricamente estuvo protegida. También planteó interrogantes sobre la posibilidad de pernoctar en ese sector y el impacto que podría tener la urbanización sobre el entorno del glaciar.

El Concejo Deliberante de El Calafate también reclamó mayor participación de la comunidad y cuestionó que no se hubiera abierto una instancia de discusión pública antes de avanzar con la autorización.

Desde la Asociación de Alojamientos Turísticos, su presidente, Pablo Perret, advirtió que la discusión excede los intereses de la localidad y compromete un patrimonio natural de relevancia internacional. El sector reclama conocer los detalles del proyecto y evaluar cómo podría afectar a la actividad turística existente.

En la misma línea, Ángel Serra, integrante de la Asamblea de Vecinos de El Calafate, cuestionó que el Gobierno provincial hubiera utilizado un decreto de excepción sin consultar previamente a la comunidad. La presidenta de la Asociación Guías de Santa Cruz, Rocío Gómez, también expresó su rechazo y reclamó que se conozcan los fundamentos de una autorización que involucra terrenos ubicados dentro de una reserva.

Los reclamos se tradujeron en una campaña ciudadana bajo la consigna «La Península de Magallanes no se toca». El 22 de octubre, vecinos de El Calafate presentaron ante la Legislatura una petición respaldada por más de 3.000 firmas para solicitar que se investigue el procedimiento y se conforme una comisión que analice la actuación del Poder Ejecutivo.

LA JUSTICIA FRENÓ PROVISORIAMENTE LA TRANSFERENCIA

El conflicto también llegó a los tribunales. A partir de una acción de amparo presentada por legisladores provinciales y organizaciones, la Justicia Federal dispuso una medida cautelar para impedir que se modifique la titularidad registral de los inmuebles mientras se resuelve qué jurisdicción debe intervenir en el planteo de fondo.

La resolución fue dictada por el juez federal Claudio Marcelo Vázquez, quien ordenó al Registro de la Propiedad Inmueble abstenerse de realizar transferencias de dominio sobre las parcelas identificadas como G2 y G3.

La medida tiene carácter preventivo: no declara la nulidad del decreto ni determina que la operación sea ilegal, sino que busca preservar la situación registral de los terrenos hasta que se resuelva la cuestión judicial.

Entre los argumentos presentados por los demandantes aparecen cuestionamientos sobre la legalidad de la excepción otorgada por Vidal, el régimen de protección de la Península de Magallanes y las normas nacionales vinculadas con la adquisición de tierras por parte de extranjeros.

La controversia se produce, además, en un contexto de debate nacional sobre la Ley de Tierras. La norma 26.737, sancionada en 2011, estableció límites a la titularidad extranjera de tierras rurales y fijó restricciones específicas para determinadas zonas. El DNU 70/2023 del Gobierno de Javier Milei dispuso su derogación, aunque la aplicación y vigencia de ese cambio quedaron atravesadas por controversias judiciales y legislativas.

En el caso santacruceño, el conflicto tiene un componente adicional: la existencia de un régimen provincial específico para proteger la Península de Magallanes, cuya excepción fue autorizada mediante el decreto cuestionado.

LA LEGISLATURA ANALIZA DEROGAR EL DECRETO

En paralelo con la presentación judicial, la oposición provincial impulsó una iniciativa para dejar sin efecto la autorización. El proyecto de ley 717/2026 propone derogar el Decreto 915/2026, declarar sin efecto los actos administrativos derivados de esa decisión y otorgar jerarquía legal al régimen de protección establecido por el Decreto 994/2017.

La iniciativa también busca impedir que el Poder Ejecutivo vuelva a conceder excepciones individuales que alteren las restricciones de dominio y conservación de la Península de Magallanes.

El proyecto fue presentado por los diputados Carlos Alegría, Agostina Mora Doldán, Daniel Peralta, Carlos Godoy y Ramón Bodlovic. Su tratamiento requiere el debate legislativo correspondiente y, hasta que exista una sanción definitiva, no puede considerarse derogada la autorización otorgada por Vidal.

La discusión se desarrolla en medio de pedidos de información y reclamos para que los funcionarios provinciales expliquen los fundamentos de la operación. La revisión del expediente será determinante para establecer qué organismos intervinieron, qué evaluaciones realizaron y cuáles fueron los argumentos utilizados para conceder la excepción.

UN CONFLICTO QUE TRASCIENDE LA OPERACIÓN INMOBILIARIA

La controversia por la Península de Magallanes reúne cuestiones que van más allá de una compraventa entre empresas privadas. Por un lado, está el debate sobre la llegada de inversiones extranjeras y el desarrollo de nuevos emprendimientos turísticos en Santa Cruz. Por otro, la obligación de preservar áreas naturales protegidas y garantizar que las decisiones sobre territorios de alto valor ambiental se adopten con controles y transparencia.

El Gobierno provincial deberá responder los cuestionamientos sobre el procedimiento administrativo, los estudios ambientales y las razones por las que consideró necesario exceptuar una restricción que estaba vigente desde 2017. También deberá explicar qué condiciones se exigirán para el desarrollo del proyecto y cómo se garantizará la conservación del entorno.

Mientras tanto, la Justicia mantiene frenada provisoriamente la transferencia de dominio y la Legislatura tiene pendiente el tratamiento de la iniciativa que busca derogar el decreto.

El futuro de las tierras frente al glaciar Perito Moreno quedó así en el centro de una disputa que involucra al Gobierno de Santa Cruz, la comunidad de El Calafate, los sectores turísticos, organizaciones ambientales y la Justicia. La resolución del caso será clave para determinar hasta dónde puede avanzar una inversión privada cuando está en juego un territorio sometido a un régimen especial de protección.

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