MALVINAS: ARGENTINA CERRÓ SUS ALEGATOS CONTRA EL REINO UNIDO Y ALERTÓ SOBRE EL AVANCE PETROLERO

La delegación argentina completó su segunda y última ronda de exposiciones ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en Hamburgo, y volvió a reclamar la suspensión del proyecto Sea Lion. «Si no es ahora, nunca será», advirtió el especialista Nico Schrijver al señalar que las perforaciones podrían comenzar antes de que se resuelva la controversia. El organismo anunció que comunicará su decisión el próximo 28 de noviembre.

La Argentina concluyó este miércoles 11 de noviembre su presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), en el marco del litigio con el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en las aguas circundantes a las Islas Malvinas. Durante la segunda y última jornada de audiencias, los representantes nacionales profundizaron sus cuestionamientos al avance del proyecto petrolero Sea Lion y solicitaron que se adopten medidas urgentes para impedir nuevas perforaciones en la zona en disputa.

El cierre de la exposición estuvo marcado por una advertencia del especialista en derecho internacional Nico Schrijver, quien sostuvo que el tiempo disponible para evitar consecuencias irreversibles es limitado. «Una vez perforado el primer pozo de desarrollo, no quedará statu quo que preservar. Ningún tribunal del Anexo VII podrá actuar antes de eso. Este Tribunal sí puede. Si no es ahora, nunca será», expresó ante los magistrados.

La frase, que sintetizó la posición argentina, apuntó a la necesidad de que el organismo intervenga antes del inicio de las perforaciones previstas para marzo de 2027. Según la delegación nacional, si las actividades avanzan mientras continúa el procedimiento arbitral, podría resultar imposible revertir sus consecuencias sobre los recursos naturales y el medio marino.

Al término de las audiencias, el presidente del Tribunal, Maurice Kamga, anunció que la decisión sobre las medidas provisionales solicitadas por la Argentina será comunicada el 28 de noviembre de 2026. De esta manera, los jueces tendrán 17 días para analizar los argumentos presentados por ambos países.

LOS ARGUMENTOS DE LA DELEGACIÓN ARGENTINA

La exposición argentina comenzó con la intervención del profesor Marcelo Kohen, especialista en derecho internacional, quien cuestionó la posición británica respecto de la plataforma continental y sostuvo que el Tribunal tiene facultades para intervenir sin necesidad de resolver previamente la disputa de soberanía sobre las islas.

Kohen explicó que la presentación argentina no busca que los magistrados definan a quién pertenecen las Malvinas, sino que adopten medidas provisionales para preservar los derechos de las partes mientras se desarrolla el procedimiento arbitral. En ese sentido, defendió la existencia de competencia prima facie, una evaluación preliminar que permite considerar que el tribunal arbitral podría tener jurisdicción sobre la controversia.

El planteo se apoya en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), particularmente en las disposiciones que permiten solicitar medidas provisionales cuando existe el riesgo de que se produzcan daños graves o se vean afectados los derechos de las partes antes de que se constituya el tribunal encargado de resolver el conflicto.

Posteriormente, Nico Schrijver concentró su intervención en las consecuencias que podría generar el desarrollo del proyecto petrolero. El especialista señaló que Sea Lion dejó atrás la etapa exclusivamente exploratoria y avanzó hacia una fase de explotación, luego de que se adoptara la decisión final de inversión el 10 de diciembre de 2025.

De acuerdo con los datos presentados por la delegación argentina, el emprendimiento contempla la instalación de infraestructura submarina permanente, la perforación de hasta 26 pozos y una producción estimada de 310,5 millones de barriles de petróleo.

Schrijver también advirtió sobre los riesgos ambientales asociados a las operaciones, entre ellos la posibilidad de derrames, las dificultades para responder ante emergencias en condiciones meteorológicas adversas y la extensión temporal de las actividades. Según su exposición, el desarrollo podría prolongarse durante aproximadamente 30 años.

Para la Argentina, el problema no se limita a la extracción de un recurso no renovable. También existe preocupación por las consecuencias que una explotación de semejante magnitud podría ocasionar sobre el ecosistema marino y por la dificultad de reparar los daños una vez iniciadas las operaciones.

El último turno de la delegación estuvo a cargo de Mario Oyarzábal, consejero legal de la Cancillería y agente argentino ante el Tribunal. El funcionario rechazó la interpretación británica del procedimiento y sostuvo que Londres intenta presentar el reclamo como una controversia territorial para cuestionar la competencia del organismo internacional.

Oyarzábal ratificó que el objetivo de la presentación es impedir que el Reino Unido avance unilateralmente sobre los recursos naturales de una plataforma continental cuya soberanía permanece en disputa.

LAS CUATRO MEDIDAS QUE SOLICITÓ LA ARGENTINA

En el cierre de sus argumentos, el representante nacional reiteró los cuatro puntos centrales del pedido presentado ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar:

• Suspender las perforaciones: impedir nuevas perforaciones de explotación y la instalación de infraestructura de producción vinculada con el proyecto Sea Lion.
• Proteger la información: evitar que el Reino Unido utilice en perjuicio de los derechos argentinos los datos obtenidos durante las tareas de exploración.
• Preservar el medio marino: garantizar que la Argentina pueda cumplir con sus obligaciones internacionales de protección ambiental en la zona.
• Evitar nuevas autorizaciones: impedir que Londres otorgue nuevos permisos o adopte medidas unilaterales que puedan agravar la controversia.

La solicitud argentina busca que estas disposiciones tengan vigencia mientras se desarrolla el procedimiento arbitral previsto en la CONVEMAR. Se trata de medidas provisionales: no representan una sentencia definitiva sobre la soberanía de las islas ni sobre la totalidad de los derechos que reclama cada país.

LA RESPUESTA DEL REINO UNIDO

Durante las dos jornadas de audiencias, la delegación británica rechazó los argumentos argentinos y pidió que el Tribunal desestime la totalidad de las medidas solicitadas.

La posición del Reino Unido sostiene que el planteo argentino está directamente relacionado con la disputa territorial por las Malvinas y que, por lo tanto, el Tribunal del Mar no debería intervenir. También cuestionó que Buenos Aires haya demostrado la existencia de derechos plausibles bajo la CONVEMAR que justifiquen las medidas provisionales.

Otro de los puntos de desacuerdo estuvo relacionado con la urgencia del reclamo. Londres argumentó que el tribunal arbitral que deberá tratar el fondo de la controversia podría constituirse antes del comienzo de las perforaciones y, por lo tanto, no sería necesaria una intervención preventiva del TIDM.

En materia ambiental, los representantes británicos defendieron la evaluación de impacto del emprendimiento y cuestionaron las estimaciones argentinas sobre la probabilidad y las consecuencias de posibles accidentes. Además, señalaron que una suspensión del proyecto tendría consecuencias económicas para las empresas involucradas y para los habitantes de las islas.

De esta manera, las audiencias dejaron expuestas dos posiciones contrapuestas: mientras la Argentina considera que la explotación unilateral de hidrocarburos puede ocasionar un perjuicio irreparable y afectar sus derechos soberanos, el Reino Unido sostiene que el emprendimiento puede continuar y que no existen fundamentos suficientes para ordenar su paralización.

SEA LION: EL PROYECTO PETROLERO QUE PROFUNDIZA EL CONFLICTO

El emprendimiento Sea Lion se desarrolla en la Cuenca Malvinas Norte y es impulsado por la compañía británica Rockhopper Exploration junto con la empresa israelí Navitas Petroleum.

El proyecto representa uno de los desarrollos hidrocarburíferos más importantes previstos en la zona y contempla la explotación de petróleo en un área cuya soberanía es reclamada por la Argentina.

La decisión final de inversión adoptada en diciembre de 2025 marcó un cambio de etapa para la iniciativa. A partir de entonces, dejó de tratarse únicamente de trabajos exploratorios y comenzó a avanzar hacia la preparación de las instalaciones necesarias para la producción.

Según el cronograma expuesto durante las audiencias, las perforaciones de desarrollo están previstas para el 21 de marzo de 2027, mientras que el comienzo de la producción se proyecta para 2028. La planificación contempla una operación de largo plazo, con infraestructura submarina y un buque de producción.

Para el Gobierno argentino, permitir que estas actividades avancen antes de una resolución judicial podría consolidar una situación difícil de revertir. Además del perjuicio económico vinculado con la extracción de hidrocarburos, la preocupación alcanza a la administración de los recursos naturales y a las posibles consecuencias ambientales.

EL CONFLICTO POR LA SOBERANÍA Y LOS ANTECEDENTES INTERNACIONALES

La disputa entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas tiene antecedentes que se remontan al siglo XIX. El 3 de enero de 1833, fuerzas británicas ocuparon el archipiélago y desplazaron a las autoridades argentinas que se encontraban allí. Desde entonces, la Argentina mantiene su reclamo de soberanía y considera que se trata de un territorio ocupado ilegalmente.

En 1965, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 2065, que reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre ambos países e instó a los gobiernos a encontrar una solución pacífica mediante negociaciones, teniendo en cuenta los intereses de la población de las islas.

Posteriormente, mediante la Resolución 31/49, aprobada en 1976, la Asamblea General pidió a las partes que se abstuvieran de adoptar decisiones unilaterales que modificaran la situación mientras continuara el proceso de búsqueda de una solución negociada.

La guerra de 1982, que enfrentó a ambos países durante 74 días, profundizó el conflicto y dejó 649 argentinos muertos, entre ellos 323 tripulantes del crucero ARA General Belgrano. El Reino Unido mantuvo el control del archipiélago después de su victoria militar, pero la controversia de soberanía continúa sin resolverse.

La cuestión de los recursos naturales también se convirtió en uno de los principales puntos de tensión. La Argentina sostiene que las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos autorizadas unilateralmente por el Reino Unido en la plataforma continental en disputa vulneran sus derechos y contradicen los llamados de las Naciones Unidas a evitar medidas que agraven el conflicto.

DEL INICIO DEL ARBITRAJE A LA DECISIÓN DEL 28 DE NOVIEMBRE

La actual instancia judicial comenzó a tomar forma el 28 de septiembre de 2026, cuando el Gobierno de Javier Milei anunció el inicio del procedimiento arbitral previsto en el Anexo VII de la CONVEMAR, con el objetivo de impedir la explotación de hidrocarburos mediante el proyecto Sea Lion.

El 13 de octubre, la Argentina presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una solicitud de medidas provisionales, amparada en el artículo 290, inciso 5, de la Convención. Esa disposición permite solicitar la intervención del organismo mientras se encuentra pendiente la constitución del tribunal arbitral, siempre que se cumplan los requisitos establecidos para preservar los derechos de las partes o prevenir daños graves al medio marino.

Las audiencias se desarrollaron los días 10 y 11 de noviembre en Hamburgo, Alemania, donde ambas delegaciones expusieron sus argumentos y respondieron a los planteos de la contraparte.

Concluida la instancia oral, la atención quedó puesta en el pronunciamiento del 28 de noviembre. El Tribunal deberá determinar si corresponde ordenar las medidas provisionales reclamadas por Buenos Aires o si, por el contrario, rechaza la solicitud británicamente cuestionada.

La decisión no resolverá definitivamente la soberanía de las Islas Malvinas ni pondrá fin al procedimiento arbitral, pero tendrá consecuencias concretas sobre el futuro inmediato del proyecto petrolero.

La advertencia argentina de que «es ahora o nunca» resume el principal argumento de su presentación: evitar que la explotación de los recursos naturales avance hasta un punto en el que una eventual resolución internacional llegue demasiado tarde.