INTENDENTES DEL INTERIOR RECLAMARON EN EL CONGRESO POR LOS SUBSIDIOS AL TRANSPORTE Y ADVERTIERON QUE PODRÍAN IR A LA CORTE

Alrededor de 80 jefes comunales de distintas provincias participaron de una reunión en la Cámara de Diputados para cuestionar la distribución de los recursos nacionales. Denunciaron que mientras se refuerza la asistencia al AMBA, las ciudades del interior deben afrontar los costos del transporte con fondos propios o trasladarlos al precio del boleto. También reclamaron por los recortes en el Plan Remediar y las deudas del PAMI.

Intendentes de distintas provincias llevaron sus reclamos al Congreso y exigieron al Gobierno nacional una distribución más equitativa de los recursos destinados al transporte público. El planteo se realizó este miércoles 4 de noviembre, durante una reunión de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, donde los representantes locales cuestionaron la reducción de los subsidios para el interior y advirtieron que podrían recurrir a la Corte Suprema si no obtienen respuestas.

El encuentro reunió a alrededor de 80 jefes comunales de diferentes espacios políticos y localidades de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán, Chaco y Santa Cruz, entre otras provincias. La reunión fue encabezada por la diputada Carolina Basualdo, presidenta de la comisión, y tuvo como uno de sus principales ejes la desigualdad que, según denunciaron los intendentes, existe entre el financiamiento del transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el resto del país.

El reclamo se produjo luego de que el Gobierno nacional anunciara un refuerzo de los subsidios destinados a las empresas de colectivos que operan en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. La medida busca sostener el valor de las tarifas en esa región, al menos hasta enero de 2027, mientras que las ciudades del interior sostienen que deben cubrir una proporción cada vez mayor del costo del servicio.

La decisión generó cuestionamientos de gobernadores e intendentes. El mandatario de Córdoba, Martín Llaryora, sostuvo que la Nación vuelve a beneficiar al AMBA en detrimento de las provincias y reclamó que los fondos se distribuyan con criterios federales. En la misma línea, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, cuestionó que se amplíe la asistencia en el área metropolitana mientras las administraciones provinciales deben destinar recursos propios para mantener el transporte.

Uno de los planteos más contundentes durante la reunión fue el del intendente de Córdoba capital y presidente del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN), Daniel Passerini. El jefe comunal cuestionó que existan recursos para sostener el sistema en el AMBA, pero no una asistencia equivalente para las ciudades del interior. Según expuso, la diferencia representa unos 460 millones de dólares destinados al área metropolitana frente a la ausencia de transferencias para el resto del país.

Passerini también apuntó contra el destino de los fondos recaudados a través del Impuesto a los Combustibles Líquidos, que se paga en todo el territorio nacional. De acuerdo con su planteo, una parte de esa recaudación debe alimentar el Fondo Compensador del Transporte del interior, por lo que reclamó que se respete su distribución. Los intendentes consideran que el problema no es solamente el monto de los subsidios, sino también el destino de recursos que se recaudan a nivel nacional y cuyo reparto, sostienen, no se está cumpliendo de manera equitativa.

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, también cuestionó el esquema vigente y advirtió que la diferencia entre los aportes destinados al AMBA y los que reciben las ciudades del interior termina impactando directamente en los pasajeros y en las administraciones locales. “Resulta absolutamente injusto e insostenible tener una política donde un ciudadano del AMBA valga cuatro veces lo que vale un ciudadano del interior a la hora del uso del transporte público”, afirmó.

Javkin explicó que, tras el retiro de buena parte de los aportes nacionales, los municipios debieron asumir una mayor responsabilidad en el sostenimiento del servicio. Cuando esos recursos no alcanzan, las alternativas son incrementar los aportes locales o trasladar los mayores costos a las tarifas que pagan los usuarios.

Por su parte, la intendenta de Paraná, Rosario Romero, defendió la continuidad de los subsidios y sostuvo que el transporte público cumple una función social que excede la actividad comercial. Según planteó, contar con un sistema accesible permite mejorar la movilidad urbana, reducir el uso de vehículos particulares y facilitar el traslado de trabajadores, estudiantes y familias.

Además de cuestionar la distribución de los recursos, Passerini propuso eliminar los impuestos nacionales aplicados a los combustibles para aliviar el costo que enfrentan los usuarios. Según su planteo, esa medida permitiría reducir el valor del boleto de colectivo en un 35%. El dirigente también sostuvo que los municipios están dispuestos a continuar reclamando y no descartó avanzar por la vía judicial.

La posibilidad de acudir a la Corte Suprema aparece como una herramienta para discutir el destino de los fondos del impuesto a los combustibles. Los intendentes plantean que la Nación debe cumplir con la distribución prevista para el financiamiento del transporte del interior. Por ahora, se trata de una alternativa que evalúan y no de una demanda judicial ya presentada.

El transporte no fue el único tema de preocupación. Durante la reunión, los jefes comunales también cuestionaron los cambios en el programa nacional REMEDIAR, destinado a garantizar el acceso gratuito a medicamentos esenciales en los centros de atención primaria de la salud.

Según expusieron los representantes municipales, el listado de medicamentos distribuidos a través del programa pasó de 129 a seis. La reducción, advirtieron, afecta la disponibilidad de tratamientos para enfermedades crónicas y otras patologías frecuentes, entre ellas diabetes, hipertensión, problemas respiratorios e hipotiroidismo.

La médica y exministra de Salud Rossana Chahla advirtió sobre las consecuencias que puede tener la reducción del suministro en los centros de atención primaria. También señaló que la interrupción de determinados medicamentos, como los anticonvulsivos utilizados por pacientes con epilepsia, puede generar dificultades para sostener tratamientos que requieren continuidad.

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, recordó que el programa fue creado después de la crisis económica y social de 2001, con el objetivo de garantizar medicamentos básicos a la población que no cuenta con cobertura suficiente. En ese sentido, cuestionó que una política sanitaria de alcance nacional pierda capacidad de respuesta y termine trasladando la demanda a los gobiernos locales.

A los reclamos por REMEDIAR se sumaron las deudas que, según denunciaron algunos intendentes, mantiene el PAMI con municipios que prestan servicios de salud a sus afiliados. Franco Villar, jefe comunal de La Playosa, Córdoba, sostuvo que existen atrasos en los pagos y reclamó que se regularicen las obligaciones pendientes. Aclaró que el pedido no se limita a obtener nuevas partidas presupuestarias, sino que apunta a cobrar prestaciones que, según afirmó, ya fueron realizadas.

La reunión se desarrolló en un momento clave para la discusión del Presupuesto 2027. Los intendentes buscan que sus reclamos sean incorporados al debate parlamentario y que los legisladores impulsen modificaciones en la distribución de los recursos destinados al transporte, la salud y los municipios. Desde distintos bloques opositores manifestaron su respaldo a los planteos y anticiparon que promoverán iniciativas para discutir el reparto de los fondos.

El Consejo Federal de Intendentes, que reúne a representantes municipales de distintas regiones del país, se convirtió en uno de los espacios desde donde se articula este reclamo. La organización se conformó en febrero de 2024 y busca coordinar posiciones de los gobiernos locales frente a las decisiones del Estado nacional que impactan en sus presupuestos y en la prestación de servicios.

El conflicto por los subsidios tiene como antecedente la decisión del Gobierno de Javier Milei de reducir la asistencia nacional al transporte público del interior, en el marco de su política de ajuste del gasto. Desde entonces, las provincias y los municipios debieron reorganizar sus esquemas de financiamiento, mientras que los usuarios enfrentaron aumentos en las tarifas.

Ahora, con la discusión del Presupuesto 2027 en marcha y un nuevo refuerzo de fondos para el AMBA, los intendentes buscan instalar el tema en el Congreso y obtener una respuesta del Ejecutivo. El reclamo apunta a que el costo del transporte y de los servicios básicos no recaiga exclusivamente sobre los gobiernos locales y los pasajeros del interior, mientras se mantienen mecanismos de asistencia para el área metropolitana.