EL SENADO AVANZÓ CON LA NUEVA LEY DE DISCAPACIDAD Y EL PROYECTO QUEDÓ CERCA DE LLEGAR AL RECINTO

El oficialismo consiguió un dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano. La iniciativa, que ya obtuvo media sanción en Diputados con 237 votos afirmativos, propone establecer un régimen permanente de pensiones y prestaciones. El objetivo es tratarla en el recinto durante noviembre.

El proyecto para establecer un nuevo régimen de discapacidad dio otro paso en el Congreso. Este miércoles, el oficialismo consiguió el dictamen de mayoría en el Senado y dejó la iniciativa en condiciones de ser debatida en el recinto. La propuesta ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y busca reemplazar el esquema de emergencia vigente por un sistema permanente de prestaciones y financiamiento.

El despacho se firmó durante un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano, presididas por Agustín Monteverde y Alicia Kirchner, respectivamente. La reunión reunió a legisladores de distintos espacios políticos y permitió avanzar con un texto que había conseguido un amplio respaldo en la Cámara baja.

Tras la firma del dictamen, Monteverde anticipó que el oficialismo buscará llevar el proyecto al recinto el 19 de noviembre, aunque no descartó que el tratamiento pueda concretarse durante un eventual período de sesiones extraordinarias. Por el momento, esa fecha constituye una previsión y no una convocatoria definitiva.

La iniciativa lleva el nombre de Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. Su objetivo es dar continuidad a las principales herramientas de protección establecidas por la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero bajo un marco permanente que establezca condiciones de acceso, mecanismos de actualización y previsiones presupuestarias.

El antecedente inmediato fue la votación en Diputados del 22 de octubre, cuando el proyecto consiguió 237 votos a favor, nueve en contra y cuatro abstenciones. El resultado superó los dos tercios de los presentes y fue posible después de que La Libertad Avanza aceptara modificaciones reclamadas por bloques opositores y representantes del sector.

Entre los cambios incorporados se encuentra el mantenimiento de las pensiones no contributivas por discapacidad, equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio. El texto también conserva la posibilidad de compatibilizar ese beneficio con un empleo registrado o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.

Otro de los puntos centrales es la continuidad del Certificado Único de Discapacidad (CUD) como herramienta para acreditar la condición y acceder a los beneficios contemplados. La propuesta, además, mantiene un nomenclador común para las prestaciones básicas, con aranceles unificados y mecanismos de actualización.

En materia sanitaria, el proyecto contempla la cobertura de las prestaciones básicas previstas en la Ley 24.901 para los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral y por discapacidad. También establece previsiones para regularizar las deudas con los prestadores: el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma de pagos dentro de los 30 días corridos desde la entrada en vigencia de la norma y completar las cancelaciones dentro de los 90 días corridos, de acuerdo con las condiciones previstas en el texto.

El financiamiento fue uno de los aspectos más discutidos durante las negociaciones parlamentarias. La iniciativa establece partidas específicas dentro del presupuesto del área de Salud y contempla que el Tesoro Nacional deba cubrir eventuales faltantes. Además, fija pautas para evitar que los recursos destinados al sistema pierdan poder adquisitivo en términos reales.

El nuevo régimen también incorpora controles sobre las pensiones. La Secretaría Nacional de Discapacidad podrá realizar auditorías periódicas y cruzar información con organismos como ANSES, ARCA, RENAPER y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS). El texto prevé procedimientos para revisar el cumplimiento de los requisitos, con instancias de notificación y defensa para las personas beneficiarias.

Durante el debate en el Senado hubo respaldos, cuestionamientos y pedidos de modificaciones. El senador por Chubut Carlos Linares anunció que retiraría su iniciativa para prorrogar la emergencia y acompañaría el proyecto que llegó desde Diputados. Aclaró, sin embargo, que no lo consideraba una solución ideal y sostuvo que todavía queda mucho trabajo por hacer en materia de discapacidad.

Desde otro sector, la senadora cordobesa Alejandra Vigo cuestionó el tratamiento de la propuesta y consideró que no se había consultado a todos los actores involucrados en la atención de las personas con discapacidad. También sostuvo que el sector atraviesa una situación de emergencia y planteó la necesidad de introducir cambios.

Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, destacó el entendimiento alcanzado entre los distintos espacios políticos. La legisladora sostuvo que el acuerdo permitió superar diferencias que habían trabado el tratamiento de la iniciativa y avanzar hacia un régimen permanente.

Por su parte, la senadora peronista Juliana Di Tullio expresó críticas al Gobierno por su política hacia el colectivo de personas con discapacidad, aunque anticipó que acompañaría el dictamen. Su postura estuvo vinculada con la necesidad de que el proyecto avance en el Congreso, sin que eso implique considerar resueltos los reclamos del sector.

La discusión actual tiene como antecedente la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, sancionada en 2025. Aquella norma fue aprobada por el Congreso, vetada inicialmente por el presidente Javier Milei y luego ratificada por ambas cámaras con mayorías especiales. El Poder Ejecutivo la promulgó, pero suspendió su aplicación hasta que se establecieran las fuentes de financiamiento. Posteriormente, una decisión judicial cuestionó esa suspensión y el Gobierno avanzó con su reglamentación en febrero de 2026.

La emergencia tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año. Frente a ese vencimiento, distintos sectores de la oposición habían impulsado una prórroga, mientras que el oficialismo promovió un régimen permanente. Las negociaciones se intensificaron después de que el proyecto de Presupuesto 2027 incluyera modificaciones sobre el sistema de pensiones, el acceso a los beneficios y el esquema de prestaciones, que generaron fuertes cuestionamientos.

Finalmente, el acuerdo alcanzado en Diputados permitió avanzar con una propuesta que recupera buena parte de las garantías de la ley de emergencia, aunque deja atrás su carácter transitorio. El debate en el Senado será el próximo paso para definir si ese esquema se convierte en una nueva norma.

Con el dictamen de mayoría ya firmado, el proyecto quedó habilitado para su tratamiento en el recinto, pero todavía no es ley. Para que entre en vigencia deberá obtener la aprobación de la Cámara alta. Si el Senado introduce modificaciones, la iniciativa deberá regresar a Diputados para su consideración.