EL SENADO APROBÓ CAMBIOS EN SALUD MENTAL, UN NUEVO RÉGIMEN DE INVERSIONES Y LA REGULACIÓN DEL MERCADO DE CARBONO

En una extensa sesión que se prolongó hasta la madrugada, la Cámara alta dio media sanción a tres iniciativas que ahora deberán ser tratadas por Diputados. La reforma de la Ley de Salud Mental fue el proyecto que generó mayores diferencias y obtuvo 42 votos afirmativos y 21 negativos. También se acordó que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, presente su informe de gestión el próximo 25 de noviembre.

El Senado de la Nación desarrolló el jueves 29 de octubre una jornada legislativa con una agenda que combinó cambios en el sistema de salud mental, beneficios fiscales para inversiones productivas y la creación de un marco regulatorio para el mercado de créditos de carbono. Tras más de diez horas de debate, las tres iniciativas consiguieron media sanción y fueron giradas a la Cámara de Diputados, donde deberán continuar su recorrido parlamentario antes de convertirse en ley.

La reforma de la Ley Nacional de Salud Mental fue el tema que concentró la mayor discusión política y profesional. El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo obtuvo 42 votos a favor y 21 en contra, sin abstenciones. La propuesta modifica aspectos centrales de la normativa vigente desde 2010, especialmente los criterios para disponer internaciones involuntarias, la intervención de los equipos de salud y el seguimiento judicial de los tratamientos.

Uno de los cambios más importantes es la modificación del criterio que habilita una internación involuntaria. La legislación actual contempla el riesgo cierto e inminente para la persona o para terceros. El texto aprobado por el Senado incorpora la posibilidad de considerar un riesgo grave de daño para la vida o la integridad física, teniendo en cuenta no solamente la situación del paciente en el momento de la evaluación, sino también sus antecedentes y la evolución posible del cuadro.

La iniciativa también modifica la integración de los equipos profesionales que intervienen en estas decisiones. La nueva redacción establece la participación de un médico, preferentemente psiquiatra o con formación en salud mental, junto con otro profesional. Los psicólogos tendrán intervención en la evaluación y podrán participar en decisiones vinculadas con la continuidad de los tratamientos y las altas.

Otro punto incorporado es la ampliación de los mecanismos de control sobre las internaciones. Las voluntarias deberán ser comunicadas a la Justicia y los jueces podrán requerir informes, disponer peritajes e incluso revisar la continuidad de una hospitalización. Además, aquellas que superen los 180 días, de manera continua o acumulada dentro de un período de dos años, serán consideradas prolongadas y requerirán un seguimiento específico.

El proyecto incorpora también la ludopatía dentro de las problemáticas vinculadas con las adicciones, habilita las teleconsultas psiquiátricas y reconoce la posibilidad de que las personas establezcan directivas anticipadas sobre los tratamientos que desean aceptar o rechazar. En materia de atención, contempla dispositivos ambulatorios, domiciliarios y comunitarios, además de medidas diferenciadas para niños, niñas y adolescentes.

La discusión no estuvo exenta de cuestionamientos. Desde distintos sectores se plantearon objeciones sobre la disponibilidad de recursos humanos, la distribución de profesionales en el territorio y el financiamiento necesario para implementar los cambios. También hubo diferencias entre organizaciones y especialistas respecto de los criterios de internación y las garantías para evitar vulneraciones de derechos.

La Ley 26.657 fue sancionada en noviembre de 2010 y estableció un cambio de paradigma en la atención de la salud mental en Argentina. Su enfoque priorizó los derechos de las personas, la atención interdisciplinaria y los tratamientos en la comunidad, con la internación como recurso excepcional. La norma también dispuso que las personas con padecimientos mentales debían ser atendidas en hospitales generales y estableció restricciones a las instituciones monovalentes.

Desde el Gobierno sostienen que la reforma busca actualizar herramientas para intervenir ante situaciones de riesgo y responder a dificultades que, según su diagnóstico, la legislación vigente no resuelve adecuadamente. En cambio, especialistas y organizaciones que cuestionan el proyecto advierten que flexibilizar las condiciones de internación puede debilitar garantías construidas durante los últimos años. La discusión de fondo, por lo tanto, no se limita a cuestiones administrativas: enfrenta distintas concepciones sobre cómo debe intervenir el Estado y cuáles son los límites para una internación sin consentimiento.

Mientras la reforma sanitaria concentró las diferencias, los otros dos proyectos consiguieron un respaldo mucho más amplio. El primero fue el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), impulsado por el senador radical correntino Eduardo Vischi. La iniciativa recibió 60 votos afirmativos y dos negativos, correspondientes a los representantes santacruceños Elena Gadano y José María Carambia.

El nuevo régimen apunta a captar inversiones productivas que, por su monto, quedan fuera de otros esquemas de promoción existentes. Establece beneficios fiscales para proyectos que contemplen desembolsos desde los 12 millones de dólares, entre ellos la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada de créditos fiscales de IVA.

Los proyectos alcanzados deberán estar vinculados con actividades productivas en el país, como la fabricación o importación de bienes muebles nuevos, con excepción de automóviles, y la realización de obras destinadas al desarrollo de esas actividades. También se incorporó el requisito de que las empresas comprometan la contratación de proveedores nacionales por un monto equivalente, como mínimo, al 20% de la inversión total.

La propuesta busca cubrir un espacio entre los incentivos destinados a pequeñas y medianas empresas y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que contempla proyectos de mayor escala. Su impulsor sostiene que puede convertirse en una herramienta para atraer capitales hacia sectores productivos y economías regionales que no encuentran condiciones para acceder a los programas existentes.

El segundo proyecto económico aprobado fue el marco regulatorio para el mercado de créditos de carbono, impulsado por la senadora salteña Flavia Royón. La iniciativa obtuvo 60 votos afirmativos y dos negativos y establece reglas para registrar, certificar y comercializar créditos generados por actividades que reduzcan o capturen emisiones de gases de efecto invernadero.

Estos créditos pueden originarse, por ejemplo, en proyectos de reforestación, energías renovables o prácticas agropecuarias que reduzcan emisiones. Su comercialización permite que empresas u organizaciones compensen parte de su impacto ambiental mediante la adquisición de certificados respaldados por proyectos que acrediten esas reducciones.

Uno de los objetivos centrales del proyecto es crear un registro nacional que permita verificar el origen de los créditos y evitar que una misma reducción de emisiones sea contabilizada más de una vez. Sus impulsores consideran que la falta de reglas claras limita la participación argentina en los mercados internacionales y reduce las posibilidades de atraer inversiones vinculadas con iniciativas ambientales.

La sesión también tuvo un capítulo político vinculado con la presencia de Diego Santilli en el Congreso. El bloque Justicialista había impulsado una convocatoria para que el jefe de Gabinete concurriera el 18 de noviembre a presentar su informe de gestión. Sin embargo, tras las conversaciones con la jefa de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se acordó que el funcionario asistirá al Senado el 25 de noviembre. De esa manera, quedó desactivado el intento de imponer una fecha anterior mediante una resolución parlamentaria.

La presentación será una instancia relevante para el Gobierno, ya que el artículo 101 de la Constitución Nacional establece que el jefe de Gabinete debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternando entre ambas cámaras, para informar sobre la marcha de la administración.

Por otra parte, los senadores aprobaron una resolución para invitar al papa León XIV a participar de una Asamblea Legislativa durante su visita a la Argentina. La propuesta fue acompañada por distintos bloques y busca que el pontífice pueda dirigirse a los representantes del Congreso.

La jornada había comenzado con la jura de Claudia Cecilia López, quien asumió la banca por La Rioja en reemplazo del senador Juan Carlos Pagotto, fallecido el 29 de septiembre. También se realizaron homenajes al exlegislador, al dirigente sindical Norberto Di Próspero y al expresidente Néstor Kirchner, al cumplirse un nuevo aniversario de su muerte.

Con el cierre de la sesión, el Senado dejó encaminadas tres iniciativas de distinto alcance: una reforma sanitaria que abrió un debate profundo sobre derechos y atención pública, un régimen de incentivos para atraer inversiones productivas y una regulación para el desarrollo del mercado de carbono. Ninguna de las tres propuestas quedó convertida en ley: todas deberán pasar ahora por Diputados, donde se definirá si avanzan en su redacción actual o reciben modificaciones.