LA CIUDAD APROBÓ UNA LEY PARA FRENAR EL ACOSO DE LAS AGENCIAS DE COBRANZA: QUÉ CAMBIA PARA LOS DEUDORES

La Legislatura porteña sancionó una reforma que establece límites a los llamados y mensajes, exige habilitaciones para las empresas de cobranzas y prohíbe las amenazas y las intimidaciones. La iniciativa, impulsada por Leandro Santoro, busca proteger a quienes atraviesan dificultades económicas sin impedir que los acreedores reclamen las deudas pendientes.

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una modificación de la normativa que regula las cobranzas extrajudiciales, con el objetivo de poner un freno a las prácticas abusivas de agencias, bancos y entidades financieras. La iniciativa, impulsada por el legislador de Fuerza por Buenos Aires Leandro Santoro, obtuvo 57 votos afirmativos durante la sesión del jueves 29 de octubre y establece nuevas obligaciones para las empresas que gestionan el cobro de deudas.

La reforma introduce cambios en la Ley 6.171 y apunta a una problemática que afecta a personas endeudadas y a sus entornos familiares: las llamadas reiteradas, los mensajes intimidatorios, las amenazas de embargos inexistentes y las presiones que, en algunos casos, llegan hasta los lugares de trabajo o los teléfonos de familiares.

Uno de los puntos centrales es la limitación de los contactos. Las agencias no podrán comunicarse con una persona más de una vez por día ni superar los dos contactos semanales por una misma deuda. Además, si el deudor atiende o responde, deberán interrumpir los intentos de comunicación durante el resto de esa jornada.

La normativa también establece que las agencias de cobranza deberán contar con una habilitación para operar en la Ciudad. En consecuencia, bancos y entidades financieras no podrán transferir sus carteras de deudores a empresas que no estén autorizadas. El incumplimiento de las disposiciones podrá derivar en sanciones e incluso en la revocación de la habilitación.

Otro cambio apunta a la responsabilidad de quienes conducen estas operaciones. Cada agencia y cada departamento interno de cobranzas de bancos o comercios deberá contar con un abogado matriculado a cargo. De esta manera, ante amenazas o prácticas irregulares, el profesional responsable podrá ser denunciado ante el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal.

La ley también contempla el uso de tecnologías automatizadas. Cuando una empresa se comunique mediante un contestador automático o un sistema de inteligencia artificial, deberá informar desde el comienzo que se trata de una interacción automatizada y ofrecer la posibilidad de hablar con una persona.

Entre las conductas expresamente prohibidas se encuentran las amenazas de prisión por no pagar una deuda, los anuncios falsos de embargos sin una orden judicial y las intimidaciones vinculadas con la supuesta pérdida de jubilaciones, pensiones o programas sociales. También se prevén sanciones más severas cuando las prácticas abusivas tengan como destinatarios a jubilados, pensionados o personas con discapacidad.

La reforma incorpora, además, mecanismos para discutir y renegociar obligaciones. Se prevén canales de mediación y pautas para que los planes de pago sean razonables y sostenibles, sin comprometer los ingresos destinados a necesidades básicas como la alimentación y la salud. También se establece un procedimiento para impugnar deudas que no correspondan o que ya hayan sido canceladas, con la obligación de que las empresas presenten documentación respaldatoria.

La nueva regulación no significa que una persona quede liberada de pagar lo que debe. Los acreedores conservan el derecho de reclamar el cumplimiento de las obligaciones por las vías correspondientes. Lo que cambia es que ese reclamo deberá realizarse dentro de límites legales y sin recurrir al hostigamiento, la intimidación o la difusión de información falsa.

Durante el debate, Santoro sostuvo que muchas personas recurren al crédito porque sus ingresos no alcanzan para cubrir los gastos cotidianos y cuestionó la estigmatización de quienes atraviesan dificultades para pagar. El legislador señaló que una parte de los afectados llega a las instancias de cobranza con la voluntad de saldar sus compromisos, pero sin capacidad económica para hacerlo en los plazos exigidos.

En su exposición también recordó el testimonio de Érica, una mujer que relató ante la Legislatura el caso de su hermana Camila, de 23 años. Según contó, la joven había recibido presiones de una agencia de cobranzas y el hostigamiento también había alcanzado a integrantes de su familia. La hermana relató que Camila se quitó la vida luego de que la agencia se comunicara con su madre para reclamar el pago de la deuda. El caso fue mencionado durante el tratamiento de la iniciativa como uno de los episodios que expusieron la gravedad que pueden alcanzar estas prácticas.

La aprobación fue precedida por una audiencia pública realizada el 7 de septiembre en la Legislatura porteña, donde personas afectadas por el accionar de agencias de cobranza pudieron compartir sus experiencias. También participaron organizaciones y representantes vinculados con la defensa de los consumidores y el ejercicio profesional del derecho. Esos testimonios y aportes formaron parte del proceso de discusión de la reforma.

La votación contó con un respaldo amplio, aunque hubo diferencias durante el tratamiento de algunos artículos. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, La Libertad Avanza acompañó la iniciativa en general, pero votó en contra de tres puntos específicos: la exigencia de habilitación para las agencias, la designación de abogados responsables y las pautas para la refinanciación de las deudas.

El debate se da en un contexto de crecimiento del endeudamiento de los hogares y de dificultades para afrontar compromisos financieros. Un informe publicado por El País en septiembre, basado en datos del Banco Central, señaló que la proporción de personas con deudas impagas pasó del 13,6% en octubre de 2024 al 26,6% en julio de 2026. El mismo relevamiento indicó que la morosidad medida en términos monetarios también había aumentado. Estos indicadores permiten dimensionar el escenario en el que se multiplican los reclamos de pago y las situaciones de vulnerabilidad frente a las empresas de cobranza.

La discusión, de todos modos, no se limita a la Ciudad de Buenos Aires. Las prácticas de hostigamiento en los reclamos extrajudiciales forman parte de un problema más amplio, en el que se cruzan el endeudamiento familiar, la caída de la capacidad de pago y la falta de herramientas para que los consumidores puedan defenderse frente a empresas con mayor capacidad de presión.

Con esta reforma, la Ciudad busca establecer controles sobre un sector que hasta ahora podía operar con mayores márgenes de actuación en sus comunicaciones con los deudores. El desafío será que las nuevas exigencias se apliquen efectivamente, que existan canales accesibles para denunciar los abusos y que las sanciones alcancen a quienes incumplan la normativa.