MILEI PROFUNDIZA SU ALINEAMIENTO CON TRUMP: ARGENTINA VOLVIÓ A VOTAR CONTRA EL LEVANTAMIENTO DEL BLOQUEO A CUBA

La Argentina fue uno de los 17 países que rechazaron en la Asamblea General de las Naciones Unidas una resolución que reclama el fin del embargo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba. La iniciativa obtuvo 130 votos favorables y 25 abstenciones, en una votación atravesada por la presión diplomática de Washington. La decisión del gobierno de Javier Milei refuerza su acercamiento a Donald Trump y marca un nuevo distanciamiento respecto de la posición histórica argentina sobre el tema.

El gobierno de Javier Milei volvió a respaldar la posición de Estados Unidos frente a Cuba y votó en contra de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que reclama el levantamiento del embargo impuesto por Washington a la isla. La votación se realizó el miércoles 28 de octubre y terminó con 130 países a favor de la iniciativa, 17 en contra y 25 abstenciones. Aunque el rechazo internacional al bloqueo volvió a imponerse, el resultado mostró una reducción considerable del respaldo que la resolución había obtenido en años anteriores.

La decisión argentina fue defendida por el canciller Pablo Quirno, quien justificó el voto en función de las críticas del Gobierno al sistema político cubano. “No hay libertad sin democracia, ni desarrollo económico sin respeto por la propiedad privada”, sostuvo el funcionario, al tiempo que cuestionó la situación de los derechos humanos en la isla y acusó a sus autoridades de perseguir opositores y restringir libertades.

Quirno también presentó el resultado como una señal de cambio en el escenario internacional y sostuvo que cada vez más países de América Latina adoptan posiciones cercanas a la del Gobierno argentino. Sin embargo, la votación no significó un rechazo mayoritario al levantamiento del embargo: la resolución consiguió el respaldo de 130 Estados, mientras que 17 votaron en contra y otros 25 se abstuvieron.

La postura de la Casa Rosada se inscribe en el alineamiento internacional que Milei construyó desde su llegada a la Presidencia, con Estados Unidos e Israel como socios prioritarios. El vínculo con Donald Trump ocupa un lugar central en esa estrategia, que combina afinidad ideológica con la intención de profundizar las relaciones económicas, políticas y diplomáticas con Washington.

El voto sobre Cuba constituye una nueva expresión de esa orientación y consolida el cambio de posición que la Argentina viene sosteniendo en las Naciones Unidas. En 2024, durante la gestión de Diana Mondino al frente de la Cancillería, el país había acompañado la resolución favorable al levantamiento del embargo. La decisión provocó una crisis dentro del Gobierno y terminó con la salida de la entonces canciller. Desde 2025, la Argentina pasó a votar en contra de la iniciativa, posición que mantuvo en la sesión de este año.

La modificación resulta significativa porque durante décadas el país había respaldado el reclamo contra las sanciones estadounidenses. La posición argentina tradicionalmente se apoyó en principios como la no intervención, la igualdad soberana de los Estados y la resolución pacífica de las controversias internacionales. El Gobierno de Milei, en cambio, sostiene que la situación política y las restricciones a las libertades en Cuba justifican un cambio de postura.

La resolución debatida en la ONU fue presentada por Cuba y solicita el fin de las medidas económicas, comerciales y financieras impuestas por Estados Unidos. La Asamblea General se pronuncia sobre este asunto desde 1992 y la votación de 2026 representó la trigésima cuarta ocasión en que el organismo reclamó el levantamiento del embargo. Si bien estas resoluciones no son jurídicamente vinculantes, tienen relevancia política porque reflejan la posición de los Estados miembros frente a una de las disputas diplomáticas más prolongadas de la historia contemporánea.

La diferencia con las votaciones anteriores fue notoria. En 2025, la resolución había recibido 165 votos favorables, siete en contra y 12 abstenciones. Este año, el apoyo bajó a 130 países, mientras que el número de votos negativos subió a 17 y las abstenciones llegaron a 25. Entre los países que modificaron su postura o se apartaron del respaldo tradicional se encontraron Alemania, Italia y Letonia, que se abstuvieron.

El resultado estuvo precedido por una intensa campaña diplomática de la administración de Trump para conseguir más apoyos a su posición. Washington sostiene que las sanciones son una herramienta de presión contra el Gobierno cubano y argumenta que la falta de democracia y las restricciones a las libertades justifican mantenerlas. El representante estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, celebró el cambio en los números y señaló que el levantamiento del embargo depende del Congreso de Estados Unidos, no de la Asamblea General.

El conflicto entre ambos países también tuvo un episodio de tensión en la propia sede de Naciones Unidas. Durante los intercambios previos a la votación, el canciller cubano Bruno Rodríguez y el representante estadounidense protagonizaron fuertes cruces. Las discusiones reflejaron el endurecimiento de la relación entre Washington y La Habana, en un contexto de mayor presión económica sobre la isla.

El embargo se remonta a 1960, cuando Estados Unidos comenzó a imponer restricciones comerciales después del triunfo de la Revolución cubana encabezada por Fidel Castro y de las nacionalizaciones de propiedades estadounidenses. En los años siguientes, las sanciones se ampliaron y adquirieron una estructura legal más extensa, que limitó el comercio, las inversiones y las transacciones financieras entre ambos países.

Durante la Guerra Fría, Cuba consolidó su alianza con la Unión Soviética, mientras Washington buscó aislar al gobierno revolucionario. Tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, las restricciones no desaparecieron. Por el contrario, nuevas leyes estadounidenses reforzaron el alcance de las sanciones y establecieron condiciones que dificultan su levantamiento unilateral por parte del Poder Ejecutivo.

Uno de los momentos de mayor acercamiento se produjo durante la presidencia de Barack Obama. En 2014, ambos gobiernos anunciaron el inicio de un proceso de normalización diplomática, que incluyó la reapertura de embajadas y una flexibilización de algunas restricciones. Sin embargo, el embargo no fue eliminado y varias de las medidas adoptadas durante ese período fueron revertidas durante la primera presidencia de Trump.

La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca no derivó en el desmantelamiento del sistema de sanciones. Con el regreso de Trump al poder en 2025, Washington retomó una política de máxima presión y endureció las medidas contra La Habana. En 2026, la situación económica cubana se agravó en medio de la escasez de combustible, los apagones prolongados, las dificultades para abastecer servicios básicos y las restricciones financieras.

El impacto de las sanciones sobre la población cubana es uno de los principales argumentos de quienes reclaman su levantamiento. Las restricciones dificultan las operaciones comerciales y financieras de la isla, encarecen transacciones y limitan el acceso a determinados bienes y servicios. El Gobierno cubano sostiene que el bloqueo constituye una forma de castigo colectivo y responsabiliza a Washington por una parte central de la crisis económica.

Estados Unidos, por su parte, afirma que su política busca presionar por cambios políticos y denunciar las violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades cubanas. Las críticas internacionales al sistema político de la isla incluyen la falta de pluralismo partidario, las restricciones a la libertad de expresión y las detenciones de opositores. Esos cuestionamientos forman parte del debate sobre Cuba, pero no eliminan la discusión acerca de los efectos de las sanciones económicas sobre el conjunto de la sociedad.

La votación en la ONU vuelve a poner en tensión dos cuestiones que no necesariamente se excluyen: la defensa de los derechos políticos y civiles en Cuba y el impacto de las medidas coercitivas sobre su población. Mientras Washington sostiene que el aislamiento económico es una herramienta para forzar cambios, los países que respaldan la resolución consideran que las restricciones deben terminar y que las diferencias políticas no justifican mantener un sistema de sanciones de alcance prolongado.

En ese escenario, el voto argentino tiene un significado que excede la discusión sobre la situación cubana. La decisión muestra que la política exterior de Milei prioriza la coincidencia con Estados Unidos en asuntos que considera centrales para su agenda internacional, incluso cuando esa posición supone apartarse de una tradición diplomática sostenida por gobiernos argentinos de distintos signos políticos.

La resolución de la ONU no puede levantar por sí misma el embargo, porque la decisión depende de las autoridades estadounidenses y, en particular, del Congreso. Sin embargo, el resultado funciona como una señal sobre el grado de respaldo internacional a la política de Washington y sobre la capacidad de la administración Trump para modificar las alianzas diplomáticas alrededor de la cuestión cubana.

Para la Argentina, el cambio de postura plantea interrogantes sobre la continuidad de sus principios históricos de política exterior y sobre el equilibrio entre la afinidad ideológica con sus aliados y la defensa de posiciones multilaterales. El Gobierno presenta su voto como una defensa de la libertad y la democracia; sus críticos consideran que el alineamiento con Washington reduce la autonomía diplomática del país y deja en segundo plano los efectos humanitarios de las sanciones.

El resultado de este año demuestra que el aislamiento diplomático de Estados Unidos en esta cuestión ya no es tan amplio como en períodos anteriores, aunque la mayoría de los países continúa reclamando el fin del embargo. Para Cuba, la votación representa un nuevo respaldo internacional a su reclamo, pero sin consecuencias jurídicas inmediatas. Para Milei, en cambio, confirma una orientación exterior que busca profundizar la alianza con Trump y que vuelve a colocar a la Argentina en el grupo de países que defienden mantener la presión económica sobre la isla.