EL OFICIALISMO BUSCA AVANZAR EN EL SENADO CON EL PROYECTO QUE RESTABLECE LOS LÍMITES A LA VENTA DE TIERRAS RURALES

La Libertad Avanza convocó a un plenario de comisiones para este miércoles con el objetivo de obtener dictamen sobre la iniciativa de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El texto, que ya fue aprobado con modificaciones en Diputados, reincorpora la Ley de Tierras Rurales, derogada por el DNU 70/2023. Si el Senado lo aprueba, la norma restablecerá los topes a la propiedad extranjera de tierras rurales.

El oficialismo buscará avanzar esta semana en el Senado con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que volvió a la Cámara alta después de que Diputados incorporara artículos para restablecer los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. El objetivo de La Libertad Avanza es conseguir dictamen en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, convocado para este miércoles 28 de octubre a las 18.

La iniciativa representa un cambio respecto de la propuesta original del Gobierno de Javier Milei, que contemplaba eliminar las restricciones establecidas por la Ley de Tierras Rurales. Tras las modificaciones introducidas durante el tratamiento parlamentario, el texto ahora propone dejar sin efecto la derogación dispuesta por el DNU 70/2023 y restituir la vigencia de la Ley 26.737, sancionada en 2011.

El proyecto ya obtuvo media sanción en el Senado el 6 de agosto, pero en aquella instancia se habían eliminado los artículos que modificaban el régimen de tierras rurales. El 21 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa con cambios, por 124 votos afirmativos, 119 negativos y seis abstenciones. Por ese motivo, el expediente regresó a la Cámara alta, que deberá decidir si acepta la nueva redacción.

El punto central de la modificación es la restitución del límite del 15% para la propiedad extranjera de tierras rurales, tanto a nivel nacional como provincial y departamental. La legislación también establece que las personas o empresas de una misma nacionalidad no pueden concentrar más del 30% del cupo permitido para propietarios extranjeros.

La Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras, fue aprobada en diciembre de 2011, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Su finalidad fue regular la adquisición, posesión y tenencia de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras, con el argumento de preservar el dominio nacional sobre un recurso estratégico.

Además de los topes generales, la norma contempla restricciones específicas para la adquisición de tierras que contengan cuerpos de agua de envergadura y para determinadas zonas de seguridad de frontera. La legislación también establece límites de superficie por titular extranjero, de acuerdo con los criterios previstos en su reglamentación.

La controversia comenzó con el DNU 70/2023, firmado por Milei en diciembre de 2023. El artículo 154 del decreto dispuso la derogación de la Ley de Tierras y eliminó así las restricciones generales que regulaban la propiedad rural extranjera. La decisión formó parte de un paquete de desregulación económica que modificó normas de distintos sectores.

La derogación fue cuestionada judicialmente por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM). En marzo de 2024, la Cámara Federal de La Plata declaró inconstitucional ese artículo del decreto. Sin embargo, el 29 de septiembre de 2026, la Corte Suprema revocó aquella sentencia al considerar que la organización demandante no tenía legitimación para promover el planteo. El máximo tribunal no resolvió el fondo de la discusión constitucional, pero su decisión dejó sin efecto el principal freno judicial a la derogación.

Ese escenario volvió a poner el tema en el centro de la disputa política y parlamentaria. En octubre, el oficialismo impulsó la incorporación de los límites a la venta de tierras dentro del proyecto de propiedad privada, en medio de las negociaciones con bloques aliados y de los intentos opositores de avanzar con la derogación del DNU 70/2023.

La iniciativa que se debatirá en el Senado contiene otros cambios que van más allá del régimen de tierras. El proyecto modifica aspectos de las leyes de Expropiaciones y de Regularización Dominial, introduce cambios en los procedimientos de desalojo y contempla modificaciones para el funcionamiento del Registro de la Propiedad Inmueble.

En materia de expropiaciones, el texto busca establecer requisitos más estrictos para justificar la declaración de utilidad pública y modificar el cálculo de las indemnizaciones. La propuesta contempla el valor de mercado del bien y el eventual lucro cesante, siempre que este último cumpla con las condiciones previstas y se encuentre debidamente acreditado.

También incluye mecanismos para acelerar la restitución de inmuebles ocupados y cambios en los procedimientos vinculados con los desalojos por falta de pago. Estos puntos formaron parte de la discusión que permitió aprobar una versión más acotada de la iniciativa en el Senado durante agosto.

La restitución de la Ley de Tierras había generado diferencias entre el oficialismo y sus aliados. En el tratamiento inicial, los cuestionamientos a la eliminación de las restricciones llevaron a que el capítulo correspondiente fuera retirado del proyecto. La incorporación posterior de los artículos que restablecen la norma permitió destrabar parte de esa discusión, aunque la aprobación definitiva todavía depende del Senado.

El debate también involucra una discusión más amplia sobre la soberanía territorial, la inversión extranjera y el alcance de las regulaciones estatales sobre los recursos naturales. Quienes defienden las restricciones sostienen que la tierra rural tiene un valor estratégico por su relación con la producción de alimentos, el agua y las zonas de frontera. Desde una perspectiva favorable a la desregulación, en cambio, se argumenta que reducir las limitaciones puede facilitar inversiones y operaciones inmobiliarias.

La decisión que tome el Senado determinará si se restablecen los límites establecidos en 2011 dentro de este nuevo marco legislativo. Por ahora, la convocatoria de comisiones constituye el próximo paso del trámite parlamentario, pero no implica que el proyecto haya sido aprobado de manera definitiva ni que la discusión sobre la Ley de Tierras esté cerrada.